Hechos clave:
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De acuerdo al Departamento de Justicia de EE. UU. la tecnología de Bitcoin es difícil de regular.
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Se destacan las ventajas de las transacciones en blockchains.
Trabajar con una fuerte cooperación internacional para regular a bitcoin (BTC) y al sector de las criptomonedas es la principal recomendación que ofrece el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, al presidente Joe Biden.
El mensaje de Garland forma parte del informe elaborado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicado este 6 de junio en respuesta a la Orden Ejecutiva emitida por el mandatario.
En su mensaje, el organismo plantea la necesidad de que tanto las organizaciones internas de EE. UU., como los entes extranjeros que se encargan de prevenir delitos, trabajen de forma coordinada para ejercer una adecuada regulación del ecosistema.
El documento también pone énfasis en el tema de la comisión de delitos con criptomonedas, a partir de su mayor nivel de adopción.
Es por ello, que el Fiscal General considera indispensable que se comparta más información con las agencias de aplicación de la ley extranjeras. Una mejor colaboración ayudará a «evitar la duplicación de esfuerzos que desperdician recursos de investigación», según aconseja al presidente Biden.
Como señala su Orden Ejecutiva, el creciente uso de activos digitales en el sector financiero global tiene profundas implicaciones para los inversionistas, los consumidores y las empresas y aumenta el riesgo de delitos como blanqueo de capitales, ransomware, financiación del terrorismo, fraude y robo, y evasión de sanciones.
Merrick Garland, fiscal general EE. UU.
Añade el escrito que ya el Departamento de Justicia comenzó a trabajar de forma cooperativa con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Aseguran que ahora los esfuerzos se dirigen a determinar la mejor manera de fortalecer la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley. La idea es ampliar la capacidad operativa y cerrar las brechas regulatorias entre jurisdicciones.
Cooperación internacional: estrategia para combatir delitos con criptomonedas
De acuerdo al informe, la cooperación internacional es una estrategia importante para poder «superar los obstáculos que plantean las características de bitcoin y demás criptomonedas a los esfuerzos de aplicación de la ley y de combatir su uso indebido».
Para el Fiscal y el Departamento de Justicia una estrategia internacional es esencial para «detectar, investigar, enjuiciar y de alguna manera interrumpir la actividad delictiva relacionada con los activos digitales».
Se explica, en ese sentido, que los delitos facilitados mediante el uso de criptoactivos son mucho más difíciles de procesar que aquellos envueltos en papel moneda.
«Los actores criminales aprovechan la innovación, las afirmaciones de descentralización y las características de anonimato de las criptomonedas para facilitar la conducta delictiva en todos los rincones del mundo», acotan.
Muchos delitos (blanqueo de dinero, uso de ransomware, financiación del terrorismo y evasión de sanciones entre ellos) pueden cometerse mucho más rápido porque no pasan por los intermediarios financieros tradicionales, que cuentan con normas para señalar transacciones sospechosas.
Informe Departamento de Justicia.
No obstante lo anterior, se destacan las ventajas de las plataformas blockchain. Esto, porque las transacciones están «permanentemente registradas en libros distribuidos disponibles públicamente en Internet».
Tal hecho crea más oportunidades para que los agentes del orden público «sigan el dinero de maneras que no son posibles con los sistemas financieros tradicionales», indica el informe.
El reporte del Departamento de Justicia representa una de las primeras respuestas de los organismos estadounidenses a la solicitud presidencial.
Mediante el decreto, Biden pidió en marzo pasado, a las agencias federales del país, que evaluaran los riesgos y oportunidades que representan las criptomonedas para la seguridad nacional de Estados Unidos y su impacto en la economía de la nación.
