Hechos clave:
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Corea del Sur propuso gravar las operaciones con BTC desde 2020, pero no lo ha aplicado.
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Otros países del mundo ya pechan las operaciones que se realicen con criptomonedas.
En momentos cuando otros países avanzan en los impuestos a las transacciones y operaciones con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, Corea del Sur los pospone, al menos, por dos años más.
Así lo anunciaron autoridades del gobierno surcoreano dirigidos por el Ministro de Finanzas, Ko Kwang-hyo, en una rueda de prensa este jueves 21 de julio de 2022, donde presentaron el plan de reforma fiscal de este año.
Este sería el segundo retraso para la entrada en vigor de dicho importe en menos de un año. El primero fue en diciembre de 2021, aunque ya antes se había pospuesto.
De hecho, el impuesto, que será de hasta 20% para las ganancias obtenidas por la inversión en criptomonedas, se pensó primeramente en 2020, en pleno año de la pandemia de la COVID-19. Este arancel aplicaría para las ganancias en BTC y otros activos que superen los 2,5 millones de wones coreanos (o USD 1.900) en el transcurso de un año.
Otro impuesto, también del 20% a las ganancias mayores a los 50 millones de wones (o USD 38.000) por la negociación de acciones, será igualmente pospuesto para el año 2025.
Si bien podría leerse positivamente el anuncio del gobierno surcoreano, el hecho de posponer los impuestos a las operaciones con bitcoin y otras criptomonedas puede causar que haya más oportunidades de regular aún más y en mayor medida al ecosistema.
Tal como lo sugirió Harold Kim, activista de la nueva economía en ese país, los impuestos planificados por el Estado podrían apuntalar a los inversionistas de criptomonedas más pequeños y de manera «injustificada», pues el umbral para aplicar impuestos a las ganancias por la inversión en el mercado tradicional local «es considerablemente más alto».
Otros países avanzan en sus impuestos
Como dijimos al inicio, Corea del Sur decidió posponer los gravámenes para las operaciones con BTC y otras criptomonedas, cuando otros países del mundo insisten en imponer un marco que obligue a los inversionistas a pagar.
Un ejemplo reciente está en Latinoamérica, más precisamente en Venezuela, país donde el Ejecutivo de Nicolás Maduro sancionó la llamada Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, con la que pechan a los usuarios con el 3% del total de una compra pagada con divisas y otros criptoactivos distintos al creado por el gobierno: el petro.
Aunque en la práctica la ley se aplica para disminuir el uso del dólar estadounidense, que por varios años tomó el espectro económico de Venezuela por la alta inflación, el documento deja claro que aplica a cualquier activo que no sea nacional. Esto ha permitido que el bolívar local vuelva a tomar espacio en el comercio, pero debido a que las personas se abstienen de pagar el dichoso arancel.
Otro ejemplo reciente de impuesto está en España, país ibérico que está dispuesto a sancionar a quienes operen con criptomonedas si no declaran sus datos al fisco. Como lo reportamos en CriptoNoticias, el Ministerio de Hacienda emitió un proyecto de Real Decreto, que supone todo un marco de obligaciones que derivarán en penitencias si no se cumplen.
Chile es otro país que decidió aplicar impuestos a las operaciones con bitcoin y criptomoneda, aunque lo hacen desde 2018. Aquí no se paga impuestos por tener o almacenar criptomonedas, sino cuando se obtiene una utilidad, es decir, la diferencia entre el valor en que se compró la criptomoneda y se vendió.
Y en Argentina, la venta de criptomonedas demanda un impuesto, que se calcula a partir de la diferencia entre el valor de venta y los costos y gastos de la operación, tal como lo explicó el abogado tributarista argentino Marcos Zocaro, según quedó reseñado por este periódico.