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Ricardo Mihura, de ONG Bitcoin Argentina, dice que los montos no son representativos.
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Los montos van desde 35.000 dólares a 150.000 dólares, dependiendo del PSAV.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina implementó una nueva normativa que exige patrimonios netos mínimos a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) para operar en el país, un requisito que está generando debate entre los actores del ecosistema.
La regulación, destinada a plataformas como exchanges de bitcoin y otras empresas del sector, establece montos que oscilan entre 35.000 y 150.000 dólares, según la categoría del proveedor.
Ricardo Mihura, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, considera que estos valores no reflejan la realidad del mercado, resultando excesivos para pequeños operadores e insuficientes para grandes plataformas.
La normativa, publicada recientemente por la CNV, busca garantizar la solvencia de las empresas que operan con criptoactivos y filtrar a aquellas sin estabilidad financiera. En su artículo 9°, se detalla la obligación de mantener un capital mínimo, clasificando a los PSAV en cinco categorías distintas.
La primera incluye a los exchanges que manejan criptomonedas y dinero fíat, con un patrimonio neto mínimo de 150.000 dólares. La segunda abarca plataformas de intercambio exclusivo entre criptoactivos, con el mismo monto requerido.
La tercera categoría, enfocada en servicios de transferencia de activos virtuales, exige 75.000 dólares. Mientras que la cuarta, destinada a empresas de custodia, también fija 150.000 dólares. Finalmente, la quinta categoría, que agrupa a plataformas de servicios financieros ligados a la oferta o venta de activos digitales, establece un mínimo de 35.000 dólares.
Este esquema tiene un propósito claro: proteger a los usuarios asegurando que las plataformas puedan responder ante problemas operativos o financieros. Sin embargo, la aplicación de estos montos abrió un debate sobre su efectividad.
“No son representativos”
Mihura señaló a CriptoNoticias que los patrimonios exigidos carecen de proporcionalidad. “El problema que tienen estos montos es que no son representativos”, afirmó.
Para un pequeño operador, 150.000 dólares puede ser una barrera inalcanzable y “muy exigente”, mientras que para un exchange que custodia millones de dólares en criptoactivos, la cifra resulta irrisoria, en su opinión.
Además, critica que la norma no distingue adecuadamente entre quienes ofrecen servicios de custodia y quienes solo facilitan intercambios, lo que genera exigencias innecesarias en algunos casos. Sobre este particular, Mihura afirma que los montos para el patrimonio son innecesarios.
La CNV también especifica que las personas naturales solo pueden operar en las categorías 1 y 2, limitando su participación en el ecosistema. Para los PSAV que operen en más de una categoría, el patrimonio neto mínimo será el de la categoría más exigente, una medida que busca uniformidad, pero que podría complicar la inscripción de empresas con modelos híbridos.
La resolución excluye de estas exigencias la mera emisión de criptomonedas, enfocándose en quienes ofrecen servicios asociados a su comercialización o custodia.
El tema de los patrimonios netos mínimos no es un detalle menor. En el contexto de los criptoactivos, donde la volatilidad y los riesgos son inherentes, contar con un respaldo financiero puede marcar la diferencia entre la continuidad de una plataforma y su colapso.
La CNV argumenta que este requisito fortalece la confianza en el mercado, al tiempo que reduce la presencia de actores poco serios. Sin embargo, la falta de flexibilidad en los montos podría dejar fuera a emprendimientos incipientes, limitando la innovación en un sector que crece rápidamente en Argentina.
La CNV viene ajustando su marco normativo desde 2023 para incluir a los PSAV en su órbita, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como lo ha reportado CriptoNoticias.
Estas medidas responden al aumento en el uso de criptomonedas en el país, impulsado por la inflación y las restricciones cambiarias. Sin embargo, hay quienes ven en estas regulaciones un intento de control excesivo, en lugar de un fomento al desarrollo del sector.
Mihura, abogado de formación, subraya otro punto: la normativa no considera las particularidades de cada tipo de PSAV. Para quienes no custodian fondos, como plataformas que solo conectan compradores y vendedores, el requisito de 150.000 dólares parece desproporcionado.
En contraste, para los grandes exchanges que manejan carteras millonarias, el monto no representa un desafío significativo ni garantiza una protección real para los usuarios. Esta disparidad pone en duda la capacidad de la CNV para equilibrar supervisión y crecimiento del mercado.
Las empresas muestran conformidad con la norma
El impacto de la normativa ya se siente. Algunos operadores pequeños evalúan si podrán cumplir con los requisitos, mientras que las plataformas más consolidadas ajustan sus estrategias.
En todo caso, el ambiente entre los PSAV es positivo, ya que consideran que esta nueva normativa trae claridad regulatoria al sector y, al mismo tiempo, protección para los usuarios y la propia innovación, como lo ha informado este medio.
La CNV, por su parte, defiende la medida como un paso necesario para ordenar un sector que opera en un área gris desde hace años. En un país donde las criptomonedas son vistas como refugio frente a la crisis económica, el desafío es encontrar un punto medio que no ahogue la innovación ni deje desprotegidos a los inversores.
A medida que el plazo para adaptarse a la normativa se acerca, el debate sigue abierto. La comunidad de bitcoin y las criptomonedas en Argentina, representada por voces como la de Mihura, mantiene sus reservas sobre los montos de patrimonio neto mínimo exigidos para que las empresas puedan operar.
Mientras tanto, la CNV mantiene su postura, priorizando la estabilidad sobre la flexibilidad. El resultado de esta tensión definirá el futuro de los exchanges y otros PSAV en el país, en un momento clave para la adopción de los activos digitales.
