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Se espera una transformación del panorama financiero del país.
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La regulación también implica desafíos para los organismos supervisores.
La promulgación del proyecto de Ley 20.345 para regular el sector de bitcoin (BTC) y demás criptomonedas en Uruguay, es una de las noticias más llamativas de Latinoamérica ocurrida en estas últimas semanas.
El país suramericano dio un paso adelante en materia de regulación, estando ahora entre los pioneros no solo de la región sino del mundo, Un punto que favorece el crecimiento del ecosistema del país, tomando en cuenta que, hasta ahora, son pocas las jurisdicciones que han definido un marco legal específico para el sector.
Como informó CriptoNoticias, la nueva ley coloca a Uruguay a la cabeza de los países latinoamericanos, junto a El Salvador, Brasil, Argentina y Venezuela, que son los que tienen las regulaciones más avanzadas. Este hecho no solo tiene implicaciones globales, sino también a lo interno del país, donde se ha abierto un debate en torno a las repercusiones de la legislación.
Sobre este tema se han pronunciado algunos juristas uruguayos y miembros del ecosistema Fintech del país. Sus impresiones sobre la ley pueden resumirse en tres claves, que ponen de relieve la trascendencia de la regulación. Vamos a repasarlas a continuación.
Un antes y un después para el ecosistema uruguayo
Una de las primeras entidades en pronunciarse sobre la ley, fue la Cámara Uruguaya de Fintech (CUF), que felicitó la medida tomada por las autoridades del país.
Destacó, en ese sentido, que se trata del primer paso para comenzar a abordar las operaciones con criptomonedas, dando reconocimiento a un área que capta, cada vez más, el interés de los usuarios de esa nación.
«Por primera vez en Uruguay se establece un marco básico que reconoce y legisla sobre la existencia de las criptomonedas, una realidad que ya está firmemente establecida en el ámbito global», dijo la CUF, resaltando el hecho de que el gobierno las asuma como activos y no como moneda fíat.
Con esto se establecen principios y lineamientos para el comercio de activos dando pautas para que los exchanges y demás empresas del sector puedan ofrecer servicios de conformidad con disposiciones jurídicas claras y establecidas, según acota la CUF.
Es por ello que para la Cámara Uruguaya de Fintech la ley representa «un hito importante», pues proporciona las garantías necesarias para un crecimiento sostenible de las empresas que operan con estos activos.
A largo plazo, esta ley tiene el potencial de transformar el panorama financiero en Uruguay, atrayendo a nuevos inversores y empresas del sector fintech. Además, proporciona una base sólida para el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios financieros basados en activos virtuales, lo que podría posicionar a Uruguay como un referente en la región.
Cámara Uruguaya de Fintech.
Se trata de una postura que comparte el abogado uruguayo Juan Echeverría, quien en declaraciones a los medios y en sus redes sociales viene resaltando la importancia de la clasificación de las criptomonedas que plantea la ley.
Se refiere con ello a las cuatro categorías distintas establecidas por el Banco Central de Uruguay en el proyecto. A saber: «monedas de valor», de «utilidad», «estables» (stablecoins) y «otras». Algo que Echeverría interpreta como «un paso crucial hacia un entorno regulatorio más transparente».
Echeverría llama la atención sobre las exigencias que se harán a las plataformas de criptomonedas, identificadas ahora como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Estas empresas deberán registrarse y cumplir normas KYC (conoce a tu cliente).
«Uruguay se dirige hacia una forma de regulación estructurada, que marca un nuevo tiempo para el sector y se enfoca en clasificar los diferentes tipos de monedas digitales, implementando medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como protegiendo a los inversores», concluye el experto.
Un desafío de cara a su implementación
Sin embargo, con la ley también se activa una serie de desafíos. El primero de ellos tiene que ver con la implementación efectiva de la ley por parte del Banco Central del Uruguay.
Se espera que los próximos meses el organismo determine el reglamento que dará piso a la regulación. Esto, a través de una serie de normativas donde se incluirán los pasos para el registro de plataformas, y las reglas y requisitos que deberán cumplir los miembros del ecosistema para seguir operando.
Para la Cámara Fintech, es crucial comprender cómo se llevará a cabo esta regulación y cuáles serán los plazos estimados para su ejecución. Asimismo, será importante que las empresas tengan la capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias legales y operativas. Es la única forma en que se podrá garantizar «que el sector siga creciendo de manera sostenible».
«Apenas se está dando el primer gran paso para el sector en nuestro país, que desde hace varios años tiene un papel protagónico en el ecosistema Fintech regional y en el de los activos virtuales», comenta la CUF.
En ese sentido, todavía hay que esperar para ver cómo se aplica la ley en las primeras etapas, y cómo se superan los retos de esta iniciativa. Algo que comenzará a configurarse en los próximos meses. La aspiración del sector, a largo plazo, es que el país se encamine hacia una regulación más completa del ecosistema.
Uruguay, a la par de otras jurisdicciones a nivel global
Tal como se detalla en la Criptopedia, la academia de educación sobre Bitcoin de CriptoNoticias, la legalidad de BTC y las criptomonedas todavía es un área en exploración. Las normas varían de país en país, abarcando un espectro que va desde lo permisivo hasta lo restrictivo e incluso hostil.
Una gran mayoría de las jurisdicciones del mundo aún no establecen leyes para este ecosistema, algunas otras utilizan normas ya vigentes y trata de adaptarlas a las criptomonedas. Una gran mayoría todavía carece de regulación para bitcoin.
Entre las jurisdicciones que resaltan en el mapa por contar con regulaciones destaca la Unión Europea, Suiza, Ucrania, Gilbratar y Malta, junto a varios países de Asia. Latinoamérica se está quedando rezagada en este movimiento, a pesar de que se han dado a conocer muchos proyectos de ley que aún están sin aprobación. Una situación que fue recalcada por los panelistas que participaron recientemente en el la Blockchain Summit Latam.
No obstante, los panelistas observan que en América Latina los reguladores están mostrando una nueva actitud, un deseo de querer hacer las cosas bien. Se observa así que todo apunta a que los niveles crecientes de adopción están obligando a los gobiernos a promulgar regulaciones, tal como ocurrió en Uruguay. Es por ello que la nueva ley del país suramericano puede marcar una pauta significativa para el avance regulatorio de la región.