Binance - El ecosistema cripto.
Hechos clave:
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Al usarse para pagos o intercambios, bitcoin y ether quedarían fuera de la regulación.
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El BCU apunta principalmente a los activos que se usen para inversiones y captación de capital.
La máxima entidad monetaria de la República Oriental del Uruguay emitió un comunicado en el que brinda definiciones y establece nociones básicas para la regulación de bitcoin y demás criptoactivos. En líneas generales, no se plantea una legislación estricta para su uso como método de pago o intercambio, pero sí como activo de inversión.
El documento, cuyo título es Marco conceptual para el tratamiento regulatorio de los Activos Virtuales en Uruguay, tiene como finalidad compartir los resultados de la investigación del Grupo de Trabajo interno sobre Activos Virtuales. Se trata de un equipo conformado por la entidad especialmente para analizar la regulación de estos activos.
De acuerdo con lo publicado por el periódico uruguayo El País, se prevé que el siguiente paso del BCU sea trabajar en un proyecto de ley para legislar sobre este tema. En octubre, CriptoNoticias había informado que el Banco Central analizaba la regulación de los criptoactivos y que estaba elaborando un marco conceptual que, finalmente, se ha dado a conocer en los últimos días del año.
Diego Labat, el presidente del organismo que regula el sistema monetario en Uruguay, expresó que el documento «pretende decir lo que el banco quiere y no quiere hacer» con las criptomonedas.
Qué son los activos virtuales para el Banco Central de Uruguay
Ante un tipo de activos que resulta novedoso y que difiere de aquellos del sistema financiero tradicional, una de las primeras necesidades de un documento de este tipo es establecer de qué se habla al mencionar cada elemento o actor del ecosistema.
Así, para el término «activo virtual» se explica que se trata de una «representación digital de valor o derechos contractuales que puede ser almacenada, transferida y negociada electrónicamente mediante tecnologías de registro distribuido (distributed ledger technologies, DLT) o tecnologías similares».
Las criptomonedas como bitcoin (BTC) y ether (ETH) entrarían en la categoría de activos virtuales de intercambio. Estos, explica el BCU, «se utilizan como medio de intercambio o para inversión».
Además, se distinguen otros tres tipos de activos virtuales: activos virtuales valores, que «pueden otorgar derechos como la propiedad, el reembolso de una suma específica de dinero o derecho a una participación en beneficios económicos futuros»; los activos virtuales de utilidad, que permiten acceder a un producto o servicio (un ejemplo serían los fan tokens); y los activos virtuales estables, que reducen la volatilidad y pueden estar respaldadas por activos de reserva.
Finalmente, la sección de definiciones del documento también brinda detalles sobre lo que se considera un desarrollador, un minero, un proveedor de servicios de custodia y un usuario. También se explica qué es un exchange y qué hacen los intermediarios o asesores, los emisores de activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.
Marco regulatorio para bitcoin en Uruguay
Con base en las definiciones anteriores, el BCU delimita qué actividades del ecosistema de las criptomonedas son plausibles de ser reguladas bajo su órbita. Esto aplica, por ejemplo, a los proveedores de servicios de activos virtuales relacionados con la “inversión y la captación de capital”.
Por su parte, los activos virtuales de utilidad y los de intercambio son considerados como intercambiables o utilizables para el pago en especies, y por eso quedarían excluidos del marco regulatorio, salvo cuando se trate de inversiones indirectas, como los futuros en el mercado bursátil.
Finalmente, el marco conceptual del BCU establece que los activos virtuales estables presentan «las mayores oportunidades en términos de mejoras en la eficiencia de los sistemas de pagos» y, dada su adopción creciente, tienen «mayor potencial de adquirir importancia sistémica». Esto se debe, según el texto, a que estos reducen los costos y mejoran la interoperabilidad. Además, mediante su regulación se pueden disminuir los riesgos asociados.
