¿Quién se beneficia y quién no con una reserva de criptomonedas en EE. UU?

Cumpliendo con lo prometido durante su campaña presidencial, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza al Secretario del Tesoro a crear y administrar una reserva de bitcoins confiscados por el gobierno de Estados Unidos. El decreto establece que las agencias gubernamentales deben transferir cualquier BTC incautado a esta reserva en un lapso de 30 días, y que dichos activos no serán vendidos sino preservados con fines estratégicos. Además, se aclara que bitcoin no será la única criptomoneda en esta reserva, validando así lo dicho por Trump el pasado domingo, cuando destacó que cardano (ADA), XRP y solana (SOL) también formarán parte de ella.

Esta era, sin duda, la promesa más esperada por los bitcoiners. Con la implementación de la orden ejecutiva, el mandatario estadounidense puede alardear de cumplir con sus compromisos, ya que, desde su llegada, indultó a Ross Ulbricht, derogó normas polémicas como el SAB 121 e impulsó nombramientos clave en diversas agencias, las cuales han tomado un rumbo radicalmente distinto al de la administración Biden.

Un ejemplo claro es la nueva Comisión de Bolsa y Valores (SEC), actualmente bajo la dirección del interino Mark Uyeda. La entidad formó un Grupo de Trabajo liderado por Hester Peirce, que se ha dedicado a promover un enfoque mucho más abierto y proactivo. De hecho, en las últimas semanas, la SEC ha abandonado los litigios que mantenía contra importantes empresas del sector, como Coinbase, Kraken y Uniswap. Sin duda, se está gestando un cambio de perspectiva.

No se trata de rendir pleitesía a nadie —mucho menos a un político— por cumplir con lo prometido, pero los hechos deben informarse tal y como son, especialmente con la implementación de la reciente orden ejecutiva.

Es cierto que, aunque esta firma ha sido celebrada por muchos usuarios y especialistas en la industria, también ha generado cierto escepticismo entre algunos, quienes esperaban garantías de que el país se comprometería a realizar compras periódicas de BTC. La orden, sin embargo, solo aclara que se utilizarán fondos incautados, en lugar de seguir el ejemplo de El Salvador.

Aunque se comprende el origen de las quejas, es importante resaltar que el decreto abre la puerta a la implementación de estrategias neutrales para adquirir bitcoins adicionales. Esto significa que el gobierno podría establecer acuerdos con empresas privadas, fondos de inversión y otros actores del sector para facilitar la compra de más BTC, emitir bonos específicos o crear instrumentos financieros para enriquecer su reserva.

Sinceramente, creo que los aspectos positivos superan a los negativos y que esto podría ser el inicio de algo prometedor. No obstante, será necesario tener paciencia. Era un secreto a voces que anunciarían que mantendrían el BTC que ya tenían, pero el tema de utilizar fondos públicos para inversiones constantes es mucho más difícil.

Consciente de que algunos opinan radicalmente lo contrario —como los bitcoiners maximalistas, que no apoyan la inclusión de otros criptoactivos en la reserva—, creo que tanto bitcoin como el mercado de criptoactivos en general se verán beneficiados por esta medida.

El reto, claro, son las expectativas desmedidas que a veces tiene el mercado, pero en el mediano plazo esto podría añadir otra capa de legitimidad y estabilidad a la industria. Al ver que la creación de Satoshi Nakamoto cuenta con el respaldo del gobierno de EE. UU., habrá nuevos inversores dispuestos a comprar BTC, lo que, como es evidente, se traducirá en mayor estabilidad para el mercado. Los usuarios que ya recurren a bitcoin para transacciones cotidianas o como refugio de valor probablemente disfrutarán de un entorno regulado más transparente.

De hecho, la misma administración de Donald Trump podría sacar un gran provecho de la creación de esta reserva. Primero, porque el gobierno de EE. UU. se aseguraría una influencia aún mayor en el ecosistema de criptomonedas, y segundo, porque abriría la puerta al uso de esa posición para fortalecer su poder en negociaciones internacionales. En un escenario geopolítico donde las criptomonedas juegan un papel relevante en acuerdos comerciales o incluso de deuda, el gobierno de EE. UU. tendría la capacidad de emplear determinados holdings en BTC u otros activos como una herramienta clave.

Cabe reiterar que, aunque muchos consideren que la inclusión de altcoins no es más que un intento de saldar favores políticos —y probablemente tengan razón—, es poco probable que estos proyectos amenacen la esencia de la iniciativa.

Una gestión ordenada y transparente de los activos digitales por parte del gobierno de EE. UU. podría motivar a nuevas corporaciones a ver las criptomonedas, especialmente bitcoin, como una inversión más segura. Además, las empresas que ya han adoptado BTC podrían obtener beneficios adicionales, siempre que no se interrumpa el flujo de políticas gubernamentales que promuevan una mayor estabilidad. En definitiva, muchas compañías, independientemente de que operen en el sector tecnológico o no, tendrían motivos para aplaudir.

Los no beneficiados…

Es importante tener en cuenta que, aunque el gobierno insista en que los contribuyentes no se verán afectados, en la práctica podrían terminar asumiendo indirectamente el costo de nuevas infraestructuras, organismos o sistemas especializados en la gestión de criptoactivos.

Y eso no es todo. Si miramos hacia el futuro, por más que la administración de Trump prometa no vender las criptomonedas, incluso si la volatilidad del mercado juega en su contra, un nuevo gobierno podría llegar y encontrarse con un tesoro lleno de bitcoins listo para vender. Al fin y al cabo, los políticos son mezquinos por naturaleza y, a diferencia de lo que muchos creen, lo último que les quita el sueño es el bienestar de la gente.

Por otro lado, no se puede ignorar el escepticismo de los más adeptos a la descentralización, ante la idea de que un gobierno tan poderoso gestione directamente fondos con bitcoin. Para ellos, BTC no está hecho para los Estados, ya que su esencia es precisamente eliminar cualquier tipo de intermediario, incluidos los bancos tradicionales y los propios gobiernos. En ciertos círculos de la comunidad, esto se vería como un ataque directo a la visión original de Satoshi.

Si bien la creación de la reserva estadounidense sienta un precedente para que otros países sigan el mismo camino, como han señalado el CEO de Coinbase y Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance, también es probable que muchos gobiernos e instituciones vean esto como una amenaza a sus propios intereses.

En respuesta, los burócratas podrían intentar convencer a la gente de que, si bien reconocen el potencial de las monedas digitales, estas están son «perfectas para realizar actividades ilícitas». Así, presentarían las invasivas Monedas Digitales de Banco Central (CBDC) como la «mejor solución» para eliminar los riesgos —curiosamente, estas ya fueron prohibidas por el actual gobierno de Estados Unidos—.

Por ahora, lo más sensato es mantener la calma y evitar tanto el entusiasmo desmedido como el pesimismo absoluto. La creación de esta reserva es un paso significativo, pero aún quedan muchas incógnitas sobre su implementación y sus efectos a largo plazo. No todos los temas son blanco o negro, y es crucial analizar esta medida con equilibrio, sin perder de vista los principios que han llevado a bitcoin hasta aquí: la descentralización y la resistencia a la manipulación estatal.

Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista y opiniones expresadas en este artículo pertenecen a su autor y no necesariamente reflejan aquellas de CriptoNoticias. La opinión del autor es a título informativo y en ninguna circunstancia constituye una recomendación de inversión ni asesoría financiera.