¿Qué significa que EE.UU. le otorgue prioridad nacional a Bitcoin?

Un informe reciente revela que Donald Trump estaría planeando emitir una orden ejecutiva que declare al sector de las criptomonedas, liderado por bitcoin (BTC) como una prioridad nacional desde el primer día de su mandato.

Cabe destacar que el presidente tomará posesión el próximo 20 de enero, y su regreso a la Casa Blanca ha generado altas expectativas en el sector de las criptomonedas.

Esta creciente anticipación no surgió de la nada, pues la industria mantenía un profundo malestar con la administración de Joe Biden, especialmente debido al enfoque agresivo de Gary Gensler al frente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

En julio de 2024, la senadora por Wyoming Cynthia Lummis presentó un proyecto para establecer una reserva nacional respaldada por BTC, iniciativa que Trump apoyó. Este respaldo alimentó la esperanza de que su regreso al gobierno marcara el inicio de un cambio significativo para el sector.

Al final, el republicano superó a los demócratas en la contienda electoral y, en breve, volverá a tomar las riendas del país. Por ende, han surgido diversos testimonios ante lo que podría ser el inicio de una nueva era regulatoria. Por ejemplo, se dice que Trump incluiría los criptoactivos en las órdenes ejecutivas que firmará desde el primer día de su mandato, e incluso se ha planteado que el presidente podría añadir otras monedas digitales a la tesorería nacional.

Una prioridad nacional

Tomando como referencia una publicación de Bloomberg, conviene preguntarse, ¿qué significa exactamente que las criptomonedas tengan el estatus de prioridad nacional? Esto implica que la nueva administración no solo les otorgaría una importancia estratégica dentro de su agenda económica, sino también en temas como la seguridad nacional.  

Bajo la nueva administración de Donald Trump, se espera que las agencias gubernamentales diseñen marcos regulatorios claros y específicos para los activos digitales, que proporcionen previsibilidad tanto a los usuarios comunes como a los inversionistas, y que, por supuesto, fomenten la adopción del sector. Esto implica que los organismos retomen su papel de emitir medidas dentro de su ámbito de competencias y que sus líderes, más allá de expresar buenas intenciones, adopten enfoques abiertos y consideren realizar autocrítica, algo que brilló por su ausencia durante la gestión de Gary Gensler al frente de la SEC.

Bitcoin, como sistema descentralizado y digital, ofrece grandes oportunidades, pero como cualquier otra tecnología, su uso implica ciertos riesgos, especialmente cuando las personas no están bien informadas. Este es un campo que requiere de mucha responsabilidad individual y, aunque la posibilidad de ciberataques está presente, lo cierto es que las estadísticas actuales son bajas. Con un esquema legal claro y equilibrado, el gobierno podría abordar las actividades ilícitas con mayor eficiencia, sin frenar la innovación ni crear un ambiente de alarma innecesario.

Al considerarse una prioridad nacional, el Estado podría incentivar tanto a las empresas consolidadas como a las startups de criptomonedas, ya sea mediante beneficios fiscales o financiamiento para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, lo que se traduce en mayores inversiones extranjeras y la creación de nuevas fuentes de empleo. Este último aspecto es particularmente relevante, ya que la controvertida gestión de la SEC bajo el liderazgo de Gensler provocó que numerosas startups y desarrolladores de Bitcoin, así como de otros ecosistemas, buscaran refugio en países con marcos regulatorios más abiertos, como Dubái o Singapur.

De este modo, el país no solo podría recuperar el terreno perdido en la carrera por liderar el sector de las criptomonedas, sino que incluso tendría la oportunidad de colocarse a la vanguardia en la competencia global. En este contexto entra en juego la reserva estratégica de BTC que tanta expectativa ha generado en los últimos meses. Según un borrador divulgado en diciembre, la orden ejecutiva plantea incluir a bitcoin en el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) del Departamento del Tesoro, reconociéndolo como un «activo de reserva de valor descentralizado y finito». Este documento se dio a conocer después de que Dennis Porter, especialista en políticas de bitcoin, afirmara que una orden ejecutiva sería la «vía exprés» para establecer una reserva de BTC en Estados Unidos.

Históricamente, las prioridades nacionales de Estados Unidos se han centrado en temas como la seguridad nacional, la estabilidad económica y el liderazgo tecnológico. Si las criptomonedas son reconocidas como una «prioridad nacional», marcaría el comienzo de una nueva era en la que el gobierno de EE. UU. empezaría a comprender de manera más profunda los beneficios de la economía descentralizada y su rol de cara al futuro. De llegar la prometida tesorería nacional de BTC, el gigante norteamericano no solo diversificaría sus activos de reserva, sino que también podría protegerse contra la inflación y marcaría el camino a seguir a otros países.

Asimismo, es importante destacar que la creación de reservas estratégicas de bitcoin no es solo un proyecto a nivel nacional. Hasta la fecha, ocho estados de EE. UU. han mostrado interés en establecer sus propias tesorerías de BTC, y seis de ellos ya han presentado propuestas de ley. Entre los estados más activos se encuentran Pensilvania, Texas, Ohio, Nuevo Hampshire, Dakota del Norte y Oklahoma.

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