¿Por qué es más importante que los estados adopten bitcoin antes que el gobierno federal?

En este momento, Donald Trump es una de las figuras que más atención acapara en el mundo de las criptomonedas. La llegada a la Casa Blanca de un mandatario que promete mayor flexibilidad para este sector –al margen de sus verdaderas intenciones políticas- ha despertado grandes expectativas entre profesionales y simples entusiastas. Todos tienen en mente su promesa de crear una reserva estratégica basada en bitcoin.

No es para menos. Este último compromiso ha ganado tanta fuerza con el tiempo que, en unos años, incluso los propios bitcoiners podrían tener dificultades para recordar exactamente cómo comenzó. Mientras algunos se han mostrado cautelosos o se niegan a considerar la posibilidad de que la promesa no se cumpla, otros afirman que no es más que un discurso de un político que no comprende las implicaciones de lo que está proponiendo.

Pero, ¿y si lo verdaderamente positivo de esta medida pudiera venir desde otro camino? Es una idea que vale la pena destacar, puesto que, dado el clima actual, a veces pareciera que, si el presidente de los Estados Unidos decide olvidar su compromiso o si el mismo no obtiene el respaldo necesario en el Congreso, entonces bitcoin tendría los días contados. Nada más lejos de la realidad.

A medida que se acercaban las elecciones en el país de Norteamérica, comenzaba a cocinarse algo a fuego lento. Poco a poco, varios estados empezaron a manifestar su simpatía por la idea que la senadora republicana Cynthia Lummis presentó en julio de 2024, y que luego fue respaldada por el mismo Trump. El planteamiento, claro está, resulta sumamente atractivo: diversificar reservas, protegerse contra la inflación y, en definitiva, contar con un margen de maniobra financiera mucho más efectivo.

En este punto, es importante recordar que la estructura legal de EE. UU. permite a los estados actuar de manera independiente en diversos temas, gracias a la 10ª Enmienda de la Constitución, la cual les otorga autonomía para legislar sobre asuntos no prohibidos explícitamente por la carta magna. Por lo tanto, las leyes relacionadas con bitcoin encajan dentro de este principio.

Utah, Ohio, Texas, Pensilvania, Nuevo Hampshire y Oklahoma son solo algunos de los territorios que ya han presentado propuestas legislativas para crear tesorerías en bitcoin –varias jurisdicciones han ajustado sus trabajos para dejar abierta la posibilidad de incluir otros criptoactivos en el futuro-. En términos concretos, ya se han presentado más de 30 proyectos de ley en 20 localidades. Según Dennis Porter, CEO de la Satoshi Action Fund (SAF), Utah podría ser el primero en liderar el camino.

Esto es algo muy valioso que, paradójicamente, muchos están subestimando. El gobierno federal de EE. UU. se caracteriza por un proceso legislativo largo, con múltiples pasos, debates y resistencias, pero los estados tienen una mayor capacidad para actuar con rapidez y autonomía. Si una jurisdicción logra aprobar una propuesta para invertir fondos públicos en una reserva de BTC, podría acumular una cantidad considerable que, al apreciarse con el tiempo, liberaría recursos que podrían destinarse a programas locales, infraestructura o incluso créditos fiscales.

Al contar con la capacidad de aprobar leyes y políticas propias sin la interferencia del gobierno federal, los estados podrían experimentar con bitcoin en sus reservas sin preocuparse demasiado por las restricciones políticas a nivel nacional o las presiones de los lobbies financieros. En este contexto, las jurisdicciones tendrían mayor libertad para proponer innovaciones.

Asimismo, múltiples localidades podrían dinamizar sus economías sin esperar a que el gobierno nacional impulse cambios a través de complejos procesos políticos o nuevas regulaciones, lo que generaría nuevos empleos y atraería a individuos interesados en prestar su apoyo a estas poblaciones.

En un país como Estados Unidos, donde la competencia entre jurisdicciones locales es feroz, basta con imaginar lo que sucedería si un territorio como Texas o Florida adoptara bitcoin como parte de su tesorería. Otros gobiernos estatales, al ver los beneficios, no querrían quedarse atrás y buscarían maneras de aprovechar una economía más sólida y moderna. Esto no solo aceleraría aún más la adopción de BTC, sino que pondría en evidencia cómo las decisiones de los burócratas pueden llegar a ser muy excluyentes y limitantes.

El potencial es tan vasto que los estados que adopten bitcoin podrían descubrir nuevas oportunidades para fortalecer sus lazos con países que también estén impulsando las criptomonedas. Esto inspiraría a naciones con economías más frágiles y problemáticas a seguir el ejemplo, dando lugar a alianzas estratégicas que favorezcan el crecimiento del ecosistema a nivel global.

Aunque la promesa de un presidente como Donald Trump de incorporar bitcoin en la reserva estratégica de EE. UU. genera altas expectativas, la verdadera clave para el avance de la adopción de bitcoin no depende de las decisiones del gobierno federal, sino de los estados. La autonomía de estos territorios para legislar sobre cuestiones no explícitamente prohibidas, junto con su capacidad para actuar con mayor rapidez y flexibilidad, les otorga una ventaja crucial en promover la mítica invención de Satoshi Nakamoto.

Entonces, más allá de centrar nuestra atención en las decisiones del gobierno nacional, debemos considerar lo que está sucediendo a nivel estatal en EE. UU. Al hacerlo, nos daremos cuenta de que Trump estaría lejos de frenar un cambio de proporciones épicas. Si quiere ayudar, bienvenido sea, pero si no, la acción humana, motor del progreso, encontrará la manera de que las innovaciones prevalezcan. Así ha sido siempre.

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