Hechos clave:
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La minerĆa comenzaba su proceso de regularizaciĆ³n en Venezuela.
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La regularizaciĆ³n no ha evitado nuevos casos de incautaciones y extorsiones a mineros.
Barquisimeto, capital del estado Lara, al noroeste de Venezuela. Corre el dĆa 9 de diciembre de 2017. Hace apenas seis dĆas que NicolĆ”s Maduro anunciĆ³ por primera vez la futura creaciĆ³n de una criptomoneda estatal, respaldada por reservas de oro, gas, petrĆ³leo, diamantes y demĆ”s riquezas naturales con que el azar condenĆ³ esta tierra (a veces, la fortuna es tragedia), y cuyo objetivo serĆa āburlar el bloqueo financiero impuesto desde Estados Unidosā y obtener ānuevas formas de financiamiento internacionalā.
Hace apenas seis dĆas habĆa sido bautizado, sin estar cerca de haber nacido, el petro, iniciando una nueva polĆtica de gobierno sobre un Ć”rea hasta entonces gris.
En Barquisimeto, a pesar de haber entrado diciembre, hace calor. Es mediodĆa y el sol, en el punto mĆ”s cenital del cielo, dora el asfalto como si quisiera freĆr la capa de mugre sobre la que giran las llantas de los autos. AndrĆ©s (31) conduce su auto. Se dirige a instalar en su local alquilado un par de AntMiners S9 reciĆ©n adquiridos. En la Calle 35 hay una muchedumbre. La zona suele ser transitada debido a su cercanĆa al terminal de autobuses, pero ese dĆa se agolpaban los fisgones para presenciar una incautaciĆ³n.
Tres toneladas de jabĆ³n en polvo salĆan en manos de funcionarios de la Guardia del Pueblo de la planta baja de un edificio. La escasez de productos en Venezuela causada por los estrictos controles de precios habĆa conllevado una polĆtica persecutoria a cualquiera que acaparara o comerciara a sobreprecio productos de primera necesidad.
AndrĆ©s ya habĆa visto anteriormente policĆas custodiando la entrada del local de su vecino en la planta baja del edificio pero, las veces anteriores, velaban por que la mercancĆa llegara sana y salva al interior. Si no hubiera sido porque una protesta ciudadana por falta de gas lo habĆa retrasado, nuestro minero venezolano hubiera estado en su local para el momento del allanamiento. Pero, viendo la anomalĆa desde su carro, decide postergar la instalaciĆ³n.
MĆ”s tarde ese mismo dĆa, AndrĆ©s recibe una llamada de la secretaria del dueƱo del local por Ć©l alquilado para decirle que Ā«estaban unos funcionarios allĆ”, que habĆan derribado la puertaĀ y habĆan conseguido unas mĆ”quinasĀ», segĆŗn nos cuenta. Efectivos de la Guardia Nacional habĆan escuchado el ruido producido por los veintiĆŗn AntMiners que operaban en la mezzanina del edificio y habĆan procedido a rellenar con su propio arbitrio el vacĆo legal existente en la materia.
Resulta curioso pensar que tan solo tres dĆas despuĆ©s, en Caracas, a doscientos setenta kilĆ³metros de distancia, en la sede del Ministerio para la EducaciĆ³n Superior, Ciencia y TecnologĆa, el entonces Superintendente de Criptoactivos de Venezuela, Carlos Vargas, anunciaba la primera regularizaciĆ³n de la actividad en el paĆs: el registro Ćŗnico de mineros.
Si bien pudiera parecer que los funcionarios se habĆan adelantado a parte de los objetivos de Vargas (Ā«nosotros queremos saber quiĆ©nes son, queremos saber dĆ³nde estĆ”n, queremos saber quĆ© equipos estĆ”n utilizandoĀ», dijo en aquel entonces el superintendente), la incautaciĆ³n de equipos ya era polĆtica pasada, aunque de hecho y no de derecho.
Cabe recordar que esta no era la primera vez que cuerpos policiales o militares venezolanos allanaban a mineros venezolanos, y que durante varios aƱos, el ejercicio de la minerĆa de criptomonedas en el paĆs fue una actividad clandestina y turbia, repleta de extorsiones, secuestros y encarcelamientos acompaƱados por el silencio indiferente de los altos funcionarios del Estado. El mismo Vargas, poco despuĆ©s del caso que hoy narramos, reconocerĆa la ilegalidad inescrupulosa en que actuaban los cuerpos de inseguridad.
AndrĆ©s no fue la excepciĆ³n. Al recibir la llamada, dice que se encuentra lejos, en la ciudad de Acarigua (en el vecino estado Portuguesa), buscando ganar tiempo ante la situaciĆ³n. Frente a su ausencia, los oficiales procedieron a tomarse fotos, fusiles en mano, como si de panelas de cocaĆna se tratara, con el material incautado: veintiĆŗn AntMiners entre S9 y L3+; dieciocho fuentes de poder marca Bitmain; un TP-LINK; y una mini laptop.
Los diarios locales tergiversaron la informaciĆ³n. Dijeron que AndrĆ©s habĆa sido detenido bajo cargos de Ā«legitimaciĆ³n de capitales, enriquecimiento ilĆcito, delitos informĆ”ticos, financiamiento al terrorismo, fraude cambiario y daƱos al sistema elĆ©ctrico nacionalĀ», cuando Ć©l realmente se encontraba en su casa, pensando quĆ© hacer.
MĆ”s tarde, recibirĆa la llamada de rutina. Ā«Me pidieron quince mil dĆ³lares en efectivo para no pasar el caso a FiscalĆa, pero yo contactĆ© a un militar amigo mĆo que llamĆ³ al jefe de seguridad que estaba dirigiendo el operativo; ya el caso estaba en FiscalĆa para cuando me estaban pidiendo el dineroĀ».
Probablemente si Vargas no hubiera reconocido pĆŗblicamente la ilegalidad de estas acciones, y si el gobierno no hubiera pensado en ese preciso momento que las criptomonedas podĆan ser una vĆ”lvula de escape para la asfixiada economĆa nacional, AndrĆ©s no hubiera corrido con la misma suerte. Pero tampoco puede decirse que fue demasiado afortunado.
El proceso con FiscalĆa fue manejado a distancia, mediante la intermediaciĆ³n de abogados. A decir verdad, no se tuvo que hacer demasiado: al recibir el caso, FiscalĆa lo olvidĆ³ en una gaveta; no se le acusĆ³ ni se hizo investigaciĆ³n.
El caso fue resuelto por sobreseimiento, es decir, se suspendiĆ³ por falta de causas que justificasen la acciĆ³n judicial. Un aƱo y medio demoraron en devolverle todos sus equipos. Sin embargo, al obtenerlos, se dio cuenta de que habĆan cambiado las tarjetas de las S9 y L3+ por tarjetas quemadas de equipos E3. Tras este episodio, AndrĆ©s emigrĆ³ de Venezuela.
Es difĆcil saber quĆ© tan vinculado estĆ” este desenlace al proceso de regularizaciĆ³n iniciado por el Observatorio Blockchain de Venezuela con el registro de mineros. En la actualidad, es la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela, ahora dirigida por Joselit RamĆrez (hombre de confianza de Tareck El Aissami), la encargada de regular cualquier tipo de actividad comercial vinculada a criptomonedas en el paĆs.
Con todo, a pesar de los esfuerzos por imponer el uso del petro y de dar a las criptomonedas estatus legal en el paĆs, la existencia de procesos como el registro de mineros no ha evitado nuevos casos de confiscaciones ilegales y de extorsiones, aĆŗn con los papeles en regla.