Hechos clave:
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Los equipos incautados podrían valorarse en casi 79.000 dólares.
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La multa por no contar con permisos de registro puede alcanzar los 18.000 dólares.
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), tercer mayor cuerpo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incautó durante la tarde del lunes 6 de julio 315 equipos de minería de Bitcoin, modelo Antminer S9, al sur de Venezuela.
La información fue dada a conocer a través de Twitter mediante la Cuenta oficial del Comando de Zona N° 62 de la GNB del estado Bolívar. Según informó a un diario local el comandante de la Zona 62, Adolfo Rodríguez Cepeda, los equipos eran trasladados por Jorge Abreu Martínez, de 35 años, en un camión Chevrolet 350 cuando fueron interceptadas en el Punto de Atención Ciudadana Peaje Guayana.
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En el PAC “Peaje Guayana” del @GNB_BolivarD625, se retuvieron 315 máquinas Bitcoin que eran transportadas en un camión 350, por no poseer la permisología emitida por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. #6Jul #FANB GNBCuidandoDelPueblo #CuarentenaRadicalPreventiva pic.twitter.com/d9dJGgThLw
— GNB BOLÍVAR 😷👍 (@GNB_CZBolivar) July 6, 2020
Debido a la llamada cuarentena radical por Covid19, reestablecida por Nicolás Maduro desde este lunes, la libertad de tránsito se encuentra restringida en todo el territorio nacional, siendo indispensable contar con autorización gubernamental para la movilización interestatal.
Además de este salvoconducto, se le solicitó a Abreu los papeles de propiedad y registro necesarios para la actividad de minería de bitcoin en Venezuela. Al no contar con los papeles, la GNB decidió incautar los equipos. Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), máxima autoridad en materia de criptomonedas en el país.
Los Antminers S9 pueden conseguirse en la actualidad desde los 100 hasta los 250 dólares. En su mayor precio, los equipos incautados podrían valorarse en casi 79.000 dólares. El precio de estos equipos ha menguado considerablemente desde que salieron al mercado debido al decreciente rendimiento que ofrecen, producto del aumento de la dificultad de minado en la red bitcoin.
Incautación de mineros de Bitcoin en Venezuela
Esta es la primera incautación de equipos de minería en Venezuela que se tiene noticia en 2020, la última habiendo ocurrido en septiembre de 2019 en el estado Aragua, también por no con contar con la debida información de registro.
Cabe destacar que en Venezuela la minería de criptomonedas es una actividad legal. A finales de 2017 las autoridades abrieron un registro de mineros de criptomonedas y otorgaron certificados de “minería digital” un par de meses después.
De igual manera, en el Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos, vigente desde enero de 2019, se estipula que quienes incumplan las medidas de registro, pueden sufrir penas que comprenden multas de hasta dieciocho mil dólares en petros.
Además, en relación a la minería, el artículo 37 de dicho Decreto estipula que “Cuando se ordene la medida de comiso sobre los equipos de minería, la Superintendencia custodiará los respectivos bienes, los cuales en caso de quedar firme la medida, podrán ser dispuestos con fines sociales”. No queda claro cuáles puedan ser estos fines sociales.
A pesar de las regulaciones, se han presentado múltiples casos de incautación ilegal de equipos o extorsión por parte de autoridades policiales, contra quienes se dedican a esta actividad. Incluso, en el pasado autoridades del sector criptomonedas llegaron a reconocer la existencia de abuso policial contra mineros.
CriptoNoticias ha logrado recoger varios testimonios de mineros que aseguran que minar criptomonedas en Venezuela se ha convertido en una actividad riesgosa. Algunos han denunciado que funcionarios policiales les han exigido pagos en efectivo «para no incautar los equipos».
De hecho, el experimentado minero de criptomonedas venezolano, Joan Telo, dijo a CriptoNoticias que los cálculos de la rentabilidad de la minería en Venezuela incluyen costos por pérdida de equipos “decomisados” y pago de extorsiones. Además, señaló que en el país la actividad, a pesar de ser legal, se ejerce clandestinamente y que se deben considerar gastos inherentes a migrar la operación completa a otra ubicación, una vez que es detectada por las autoridades.
