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Se canceló la ponencia en el Senado, esperan que la Superintendencia de Finanza aclare conceptos.
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La iniciativa requiere que avancen los debates para convertirse en Ley.
La discusión del proyecto de Ley que busca regular las criptomonedas en Colombia quedó pospuesta. Este lunes 8 de junio, el senador Horacio Serpa Moncada canceló la ponencia manifestando que está a la espera de un concepto que será emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia. La iniciativa estaba agendada como uno de los puntos clave que la Comisión Sexta del Congreso de la República, sometería a debate esta semana.
El documento plantea la necesidad de regular al sector de las criptomonedas con el objetivo de brindar derechos y obligaciones a todos los agentes involucrados en las transacciones, con prevención en el lavado de activos. Además, plantea la obligación de ocupar el vacío normativo que, en parte, se solucionará con la aprobación del Proyecto de Ley. Uno de los puntos que más genera preocupación ante la ausencia de un marco regulatorio, es lo desprotegido que se encuentran los usuarios ante el surgimiento de esquemas fraudulentos y otro tipo de riesgos.
Es la segunda ocasión que la ponencia queda pospuesta, toda vez que el sábado 6 de junio, también estaba agendada para su discusión durante la sesión virtual del Senado. La iniciativa requiere al menos dos de cuatro debates para convertirse en ley, pero estas discusiones deben darse antes del 20 de junio que es cuando finalizan las sesiones del Congreso, lo cual se presenta cuesta arriba.
La intervención de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) plantea posibilidad de alterar la versión actual del proyecto, pues la autoridad regulatoria ha dejado claro, en el pasado, que este tipo de inversiones no son válidas y que tampoco se reconoce a los operadores que las gestionan.
En el pasado las autoridades de Colombia han restringido las operaciones de startups relacionadas con las criptomonedas. De hecho, en 2016 surgió la primera casa de cambio de origen colombiano, Colbitex, la cual apenas estuvo activa por una semana, después de ello cerró sus operaciones alegando que las autoridades locales estaban realizando una revisión regulatoria.
Hasta ese momento, en el país solo se habían emitido dos alertas públicas oficiales sobre potenciales riesgos relacionados con las criptomonedas. Una de ellas fue la Carta Circular 29 de 2014 en la que la SFC estableció que “las entidades vigiladas no se encuentran autorizadas para custodiar, invertir, ni intermediar con estos instrumentos [los criptoactivos]”.
La otra alerta fue del Banco de la República de Colombia que emitió el llamado Comunicado Bitcoin que señala: “el bitcoin no es una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituye un medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado. No existe entonces obligatoriedad de recibirlo como medio de cumplimiento de las obligaciones”.
La SFC también emitió circulares que obstaculizaron la operatividad de la casa de cambio Buda que detuvo sus operaciones en 2018, a pesar de no existir soporte legal ni constitucional alguno sobre las prohibiciones impuestas por el organismo. Incluso, las cartas emitidas por la Superintendencia Financiera se encuentran demandadas ante el Consejo de Estado por acción de nulidad, tal como relata Typson Sánchez en su artículo “Ley de Exchanges en Colombia: una breve historia”.
Todo lo sucedido provocó que los afectados se unieran y acudieran a plantear su realidad al congresista Mauricio Toro quien desde su iniciativa convocó a instituciones y expertos para trabajar en una solución que dio como resultado el Proyecto de Ley número 97 del 2019, que ahora espera ser discutido en el Senado.
En marzo pasado, como reportó CriptoNoticias, se creó un movimiento en el país con el objetivo de promover que se establezcan nuevas regulaciones y garantías desde la SFC para una mayor adopción de bitcoin y las criptomonedas en general. La iniciativa pidió adoptar tres lineamientos para que las empresas que hacen vida en el ecosistema local de criptomonedas puedan desarrollarse sin contratiempos.
El primero es que se elimine la circular de la SFC que le impide a los bancos de Colombia abrir cuentas a las empresas que operan con criptomonedas, el segundo es permitir que la innovación en este campo se realice libremente para promover una nueva actividad económica y el tercero es permitirles a los usuarios transar de forma cotidiana sin que esto represente una actividad clandestina o alejada de las leyes.
