Gobierno de España intensificará regulación sobre las criptomonedas este 2019

La Agencia Estatal de Administración Tributaria de España tiene planes de explotar y utilizar, durante el año 2019, toda la información recabada sobre las actividades que se desarrollaron en el país ibérico dentro del sector de las criptomonedas en 2018.

De acuerdo a la información publicada este 17 de enero en el sitio web del ente gubernamental, como parte del “Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019” la Agencia continuará desplegando las acciones iniciadas el año pasado, que incluyeron la obtención de datos sobre los intermediarios de operaciones llevadas a cabo con criptomonedas.

En ese sentido, tal como se indicó en noviembre de 2018, la Agencia logró identificar a unos 15.000 contribuyentes que operan con criptomonedas en España, luego de obtener información de los clientes de bancos, casas de cambio, intermediarios y empresas que permiten facturar con criptoactivos.

Al respecto, las directrices del Plan de este año contemplan solicitar información adicional a los usuarios de criptoactivos, en caso de ser necesario. Asimismo, tiene previsto analizar la información suministrada por terceros  en torno a las tenencias y a las operaciones realizadas por contribuyentes españoles, tanto en España como en el extranjero. Todo ello se hará en función de las normativas cuya aplicación sea aprobada en el transcurso de este año, según acota la directriz gubernamental.

El Plan Anual publicado por la Agencia Tributaria también anuncia las directrices que se seguirán para el control de otros sectores, además del de las criptomonedas. Estas áreas incluyen el comercio electrónico y el sector FinTech, incluyendo acciones a seguir para el control fiscal de quienes poseen grandes capitales.

Podría avanzarse hacia una fase más inquisitiva

Sobre este tema del control gubernamental del ecosistema español se pronunció en noviembre pasado el economista y asesor tributario, José Antonio Bravo, quien declaró a CriptoNoticias que la Agencia no puede detectar directamente los intercambios de criptomonedas dentro de plataformas que no están domiciliadas en territorio español. Sin embargo, sí puede rastrear, mediante requerimientos, el origen de un ingreso que proviene de una casa de cambio.

A juicio de Bravo, aunque en la primera fase iniciada en 2018 solo se procedió a recabar información, obteniendo con ello una base de datos, las acciones iniciadas para ejercer un mayor control sobre el sector de los criptoactivos podrían intensificarse en corto plazo. De esta forma, al momento de ser consultado infirió que  el gobierno español  avanzaría hacia una fase más inquisitiva, tal como se puede deducir de los anuncios incluidos en el Plan que presenta para este 2019.

En materia de impuestos, el Plan pone mucho énfasis en evitar la evasión fiscal en todos los sectores económicos del país, por ello contempla realizar mayores acciones de control a fin de garantizar la adecuada tributación derivada, tanto de la titularidad y transmisión de los activos digitales como del origen de los fondos utilizados para la adquisición de criptomonedas.

Cabe recordar que la ley española obliga a declarar las tenencias en criptomonedas, imponiendo un gravamen que va desde el 19% al 23% en función de las ganancias. En ese sentido, la Agencia Tributaria ha dicho que, aunque el monto de dinero que el fisco podría obtener por esta vía no es significativo, aspira marcar un precedente a la par de comenzar a controlar este tipo de operaciones que, hasta ahora, no están reguladas en España.

Todas estas acciones de la institución fiscal española se enmarcan en el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, aprobado por el gobierno en octubre de 2018. Allí se establece que las personas y entidades que proporcionen servicios de salvaguarda de claves privadas tienen la obligación de informar sobre los titulares, los saldos, movimientos y las transacciones que se realicen con las criptomonedas que custodien, incluyendo las operaciones en el extranjero. En caso de omitir información, las personas y las instituciones se exponen al pago de una multa que podría superar los 10.000 euros.

Este anteproyecto todavía está en el proceso previo a su conversión en proyecto de ley. falta todavía su aprobación por parte del Congreso y el Senado, para que el Ministerio de Hacienda proceda a desarrollar el reglamento que hará efectiva la normativa.

Imagen destacada de Алексей Струйский / stock.adobe.com