«Blockchain tiene que adaptarse a los abogados y no al revés», señala fiscal español

Aunque la adopción gubernamental de blockchain en España ha aumentado, a los abogados nacionales les preocupa que dichas plataformas no se adapten a su forma de trabajo. Los juristas españoles han discutido sobre esta inquietud y unas posibles regulaciones a blockchain en el V Congreso Nacional de Registradores.

Hace una semana en la ciudad de Sevilla se reunieron unas 300 personas pertenecientes al sector jurídico, fiscal y político de España. El fiscal Rafael Fernández afirmó que las tecnologías blockchains «tienen que adaptarse a los juristas y no al revés». Según la visión de Fernández, las plataformas basadas en blockchain no sustituirán nunca a un registrador, ya que el criterio de un profesional es imprescindible.

El fiscal no se encuentra en contra de la utilización de nuevas tecnologías en el registro público. Sin embargo considera que sin la intermediación de un experto se podría poner en peligro la seguridad jurídica. Fernández señala que aún existen detalles en el funcionamiento de blockchain que impiden utilizar sus registros como prueba de un juicio, tales como la incapacidad de comprobar de forma inmediata quién sube información a esta red.

No obstante, varios especialistas consideran que aunque las tecnologías blockchains no sustituirán el trabajo de los abogados, ofrecerán un servicio público más eficiente. Sebastián del Rey, vocero de Responsabilidad Social Corporativa, apuntó que blockchain puede ser una valiosa herramienta para el sector, con proyectos como REGTURI. Se trata de una plataforma desarrollada por el Colegio de Registradores de España, que fue presentada en el evento como el último avance para la certificación de propiedades de uso turístico.

¿Más regulación?

Carmen Pastor, directora de Baes Blockchain Labs y profesora de Derecho Mercantil, cree que la estandarización de las criptomonedas y blockchain potenciará la adopción. Pastor considera necesario que se genere un marco regulatorio para este ecosistema, el cual tome en cuenta la protección de los datos, las leyes antilavado de dinero y el reglamento eIDAS (sistema europeo de reconocimiento de identidades electrónicas) para transacciones seguras.

No todos los abogados sopesan que una mayor cantidad de regulaciones fomentará el desarrollo de nuevos proyectos. Por ejemplo, la jurista Cristina Carrascosa apunta que la legislación actual es suficiente para el buen funcionamiento de las criptomonedas y blockchain. Asimismo, Pablo Fernández Burgueño, director del bufete SmartHC, insistió en que la atención debería estar enfocada en bitcoin y en las nuevas oportunidades que ofrece.

Por los momentos, el gobierno español sigue en espera de una postura regulatoria unitaria representada por la Unión Europea. La organización europea ha señalado su interés en reglamentar aspectos específicos sobre las criptomonedas para su uso en el continente; teniendo incluso planes para lanzar su propia criptomoneda. En este sentido, la última palabra en la legalidad del ecosistema no provendrá de una discusión netamente interna, sino también internacional.