“Venezuela recurrirá a las criptomonedas si regresan las sanciones” 

La mediana estabilidad que ha vivido la economía venezolana en los últimos meses pudiera claudicar con el posible regreso de las sanciones estadounidenses. Un escenario en donde el gobierno de Nicolás Maduro podría echar mano nuevamente a las criptomonedas para poder subsistir.  

En octubre de 2023, la administración de Joe Biden emitió licencias que levantaron parcialmente las sanciones económicas que pesan sobre distintos rubros venezolanos, como el petróleo y el oro. Esto, siguiendo la firma de acuerdos políticos entre el gobierno venezolano y la oposición del país, en búsqueda de elecciones transparentes este 2024. 

La licencia general 44 facilita las operaciones de venta de petróleo y gas venezolano, mientras que la licencia 43 permite las transacciones vinculadas al sector del oro. Sin duda, dos alicientes para una economía golpeada incontables veces por la inflación. 

Como lo dijo el economista senior de la firma de análisis Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, en octubre de 2023, el levantamiento parcial de sanciones trajo consigo la expectativa de un 2024 con un panorama distinto en la economía venezolana. Con crecimiento, aunque limitado y desigual, de acuerdo con el especialista. 

Debido a las licencias, socios extranjeros del sector petrolero aprobaron presupuestos e iniciaron procesos de licitación para contratos de suministros y servicios. También, se generó un leve incremento en la producción petrolera, que cerró el 2023 con un promedio de 800.000 barriles diarios (bpd). 

De acuerdo con organizaciones locales como Cedice Libertad, el incremento de la producción petrolera a finales del año pasado estuvo fundamentalmente impulsado por las operaciones de la empresa estadounidense Chevron, que amplió su trabajo en Venezuela desde octubre de 2023, cuando se emitieron las licencias. 

En cifras, hubo un crecimiento de 20% en la producción petrolera venezolana entre finales de 2023 y de 2022. Un incremento nominal de 132.000 barriles adicionales, según los datos de Cedice Libertad. 

El levantamiento parcial de sanciones también mejoró las expectativas por ingresos petroleros, con estimaciones de hasta 720 millones de dólares mensuales adicionales entrando al erario nacional producto de las licencias.  

Todo esto se resume en proyecciones de crecimiento económico de hasta 6% para Venezuela, siendo un impacto importante para la economía del país caribeño, que en la última década ha estado inmersa en una profunda crisis. 

Economistas locales como Daniel Cadenas vaticinan que el crecimiento de la economía para Venezuela supera el 5% debido al levantamiento parcial de las sanciones. Una cifra importante pero insuficiente, en su opinión.  

Las sanciones se asoman otra vez

Ahora bien, el regreso de las sanciones económicas a Venezuela podría estar a la vuelta de la esquina, o así parece ser.  

A finales de enero se conoció que Estados Unidos reinstauró algunas restricciones. Decidió revocar la licencia 43, que permite las operaciones con oro venezolano, y amenazó con no renovar la licencia 44 en abril de este año si no se cumplían los acuerdos políticos alcanzados. 

La acción de EE. UU. respondió a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que ratificó la inhabilitación política de la principal contrincante de Maduro en las elecciones presidenciales de este 2024, la dirigente María Corina Machado. Según Estados Unidos, tal acción fue una violación de los Acuerdos de Barbados entre el gobierno venezolano y la oposición.  

Estados Unidos puso un coto al gobierno venezolano. Prácticamente, los exhortan a permitir que Machado y cualquier otro político inhabilitado, se mida en las presidenciales con Maduro. De otra forma, no se extenderá la licencia 44 y regresarán las sanciones contra el petróleo venezolano. La habilitación debe hacerse antes del próximo 18 de abril. 

En un escenario en el que el gobierno Venezuela tenga que volver a lidiar contra las sanciones económicas y las dificultades que estas suponen para la economía del país caribeño, es casi seguro que la administración de Maduro apelará al conocimiento aprendido en el pasado para poder sortearlas. Entre esos aprendizajes, las criptomonedas tienen un peso especial, de acuerdo con un par de analistas.  

En el pasado, supuestamente el exjefe de la Sunacrip, Joselit Ramírez, burló las sanciones impuestas por Estados Unidos, usando criptomonedas para la compra de unos 120 millones de barriles de petróleo, valorados entre USD 3.000 y 5.000 millones.

Una herramienta clave para el gobierno venezolano

El economista y profesor universitario Francisco Rodríguez y el ingeniero y consultor empresarial Jesús Armando Leonett, conversaron con CriptoNoticias sobre este particular.  

Ambos coinciden en la idea de que las criptomonedas serán parte del arsenal de herramientas que usará el gobierno de Venezuela para enfrentarse a las sanciones económicas, en caso de que regresen. 

Para Leonett, “es evidente” que el gobierno venezolano se apoyará en las criptomonedas si regresan las sanciones después de abril, pues servirán para poder resistir ante la presión de las restricciones a la venta de petróleo y el oro venezolano.  

El analista asegura que la administración de Maduro podría usar los métodos ya aprendidos del pasado y así gestionarse con las criptomonedas y limitar el alcance e incidencia de las sanciones. Pero vaticina que esto podrían llevarlo a cabo nuevos actores. Lo anterior, tras recordar el caso de corrupción Pdvsa-Cripto de marzo de 2023.  

En esa trama de corrupción destacó la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), principal organismo gubernamental que regula el ecosistema de bitcoin y las criptomonedas en Venezuela. Esta entidad implosionó a inicios de 2023 luego de que se viera envuelto en el escándalo, en el que participaron varias figuras importantes del chavismo gobernante. 

A pesar de la mancha de la corrupción, Sunacrip nació con otro motivo, y fue el de regular y promover el ecosistema de criptomonedas en Venezuela. Cerrando el año 2017, Maduro hablaba de estos activos y del petro (PTR), el criptoactivo de Venezuela, como formas de evadir las sanciones estadounidenses, por ese entonces, recién impuestas.  

Ahora, en el contexto actual, donde las sanciones podrían reanudarse, no queda otra para el gobierno de Venezuela que retomar lo aprendido, según lo sugerido por Leonett. 

“En un escenario donde regresen las sanciones, las criptomonedas, especialmente las stablecoins, serían una alternativa interesante para los operadores. No solo para evitarse inconvenientes con temas de cumplimiento bancario, sino por razones de confidencialidad, que es un tema clave para Pdvsa hoy en día”, indicó. 

Leonett recordó una de las características intrínsecas de bitcoin (BTC) y otros criptoactivos, que es la confidencialidad de las transacciones. Por eso su uso genera un atractivo adicional para entes o instituciones que no tienen acceso o no forman parte de los esquemas formales del sistema financiero internacional, según el analista. 

El gobierno de Venezuela, al estar sancionado por los Estados Unidos, halló en las criptomonedas una manera de evadir las amarras y restricciones económicas. Y esto es debido a que estos activos, como bitcoin, enaltecen la privacidad y la negociación sin necesidad de un tercero de confianza.

Esto permite que, de quererlo, el gobierno venezolano pueda hacer transacciones con prácticamente cualquier entidad que desee (siempre que acepte criptomonedas), sin el riesgo de que el sistema bancario estadounidense esté involucrado, evitando así una posible censura

Siguiendo ese orden de ideas, las transacciones con criptomonedas, en un escenario de sanciones, se ejecutarán con “actores menores y no tan relevantes, que no quieren entrar en el radar”. Esto de acuerdo con el economista Francisco Rodríguez, quien da a entender que el uso de estos activos no escalaría a las grandes comercializaciones del Estado venezolano, como el mercado petrolero, en un contexto de sanciones reimpuestas.  

No en el mercado petrolero venezolano

De hecho, ninguno de los analistas ve que las operaciones de comercialización de petróleo venezolano se vayan a realizar en criptomonedas en un escenario de sanciones.  

Y eso es notable, considerando que el negocio petrolero es la principal fuente de ingresos del Estado venezolano. Según las cifras oficiales, la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) aportó USD 6.000 millones a la economía nacional en 2023 producto de la comercialización de crudo.  

En opinión de Francisco Rodríguez, los actores del mercado petrolero internacional preferirán mantener sus operaciones con Venezuela de manera tradicional antes que optar por activos alternativos.  

Señala lo mismo Jesús Armando Leonett, para quien el gobierno de Maduro “siempre buscará operar en el mercado petrolero tradicional, en la medida de lo posible”. 

Esta narrativa gana fuerza considerando que la amenaza de sanciones secundarias de Estados Unidos no es tan latente, como lo sugiere Francisco Rodríguez. Una sanción secundaria es cuando el gobierno de Estados Unidos castiga a una entidad o persona por colaborar con un sujeto sancionado.  

En el contexto actual, los analistas sugieren que no habrá una negociación petrolera usando criptomonedas porque, hasta la fecha, pocas sanciones secundarias ha emitido EE. UU. contra empresas petroleras internacionales relacionadas con Venezuela.  

Una de las empresas petroleras internacionales sancionadas por su vinculación con Venezuela es la rusa Rosneft. Esta empresa recibió una sanción por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en febrero de 2020.  

Según Leonett, si se diera el caso de que Estados Unidos sancione a empresas que comercien petróleo directamente con Venezuela, las criptomonedas “probablemente pasarían a desempeñar un rol preponderante en las operaciones de comercialización con los socios extranjeros”. 

De acuerdo con Leonett, los criptoactivos son una alternativa “bastante confiable y manejable, que ya se ha utilizado”. Esto último, recordando que a través de estos activos también es posible ejecutar grandes transacciones comerciales, incluso, con alto nivel de privacidad. 

“El ecosistema de bitcoin y las criptomonedas ofrece una alternativa lo suficientemente confiable para el gobierno y es expedito en términos de movilización de fondos (en caso de que así se requiera)”, cierra el consultor Jesús Armando Leonett.