Si regresan las sanciones a Venezuela ¿cuál será el rol de las criptomonedas?

Existe la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos decida no renovar la licencia temporal que ha aliviado significativamente las sanciones impuestas al sector petrolero y gasístico de Venezuela. Ante esta incertidumbre, surge la pregunta sobre si el país suramericano recurrirá al uso de bitcoin (BTC) u otras criptomonedas como alternativa para evadir las sanciones.

De acuerdo con un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, está previsto que el próximo jueves 18 de abril no se renueve la licencia 44 que daba alivio a la presión sobre el sector más importantes del país en términos de ingresos de divisas internacionales.

“Ante la falta de avances por parte de (Nicolás) Maduro y sus representantes en términos de implementación de las disposiciones de la hoja de ruta (del acuerdo de Barbados), Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024”, señaló el portavoz a la agencia Reuters. Esto a menos que el gobierno venezolano cumpla con los compromisos de realizar elecciones libres y justas este año.

En octubre de 2023, el gobierno de Joe Biden levantó parcialmente una serie de sanciones contra Venezuela, emitiendo las licencias 43 y 44. Esto, como un incentivo para que Maduro, el presidente del país caribeño, cumpliera lo establecido en el acuerdo de Barbados. Este documento fue firmado por el partido de gobierno y la oposición, y se basa, entre otras cosas, en permitir la realización de comicios presidenciales democráticos.

Según lo establecido, el periodo de flexibilización de sanciones llega hasta el próximo 18 de abril. Es decir, todavía faltan dos días para que el gobierno venezolano cumpla con los requisitos de Estados Unidos para no volver a instaurar el régimen sancionatorio sobre la economía del país caribeño.

Sin embargo, ya desde enero de 2024, Estados Unidos amenazaba con reinstaurar las sanciones petroleras contra Venezuela porque, desde entonces, ya notaban que la voluntad política del gobierno del país suramericano no tendría un cambio importante. En ese momento, se levantó la licencia 43, que alivianaba al sector del oro en Venezuela.

Ahora, con lo dicho por el portavoz del Departamento de Estado, parece que es un hecho que las sanciones estadounidenses al petróleo y el gas venezolano regresarán, pues no se renovará la licencia 44. De hecho, no está excluida la posibilidad de que los Estados Unidos emita una licencia nueva y más restrictiva para reemplazar la que expira este jueves.

Con ello, se pondría fin a los meses en los que ese país gozó de un aumento en sus ingresos petroleros, con estimaciones de hasta 720 millones de dólares mensuales adicionales entrando al erario nacional, algo que se expresó en una relativa estabilidad económica que se extendió por unos seis meses.

¿Criptomonedas como alternativas a las sanciones?

Con el retorno de las sanciones, también se regresa a una etapa en la que el gobierno venezolano debe recurrir a alternativas para hacerle frente a las penitencias estadounidenses.

En enero, se habló de las criptomonedas como una opción para sortear las sanciones estadounidenses. Una vía de escape para que el gobierno venezolano pueda hacerle frente a la presión de EE. UU., tal como lo hicieron en el pasado.

Como lo dijo a CriptoNoticias en febrero el ingeniero y consultor empresarial Jesús Armando Leonett, es evidente que Venezuela, ante el regreso de las sanciones, se apoyará en las criptomonedas, ya que les permitirán resistir la presión ante las restricciones a la venta de petróleo y oro.

Leonett considera que la administración de Maduro podría usar “métodos ya aprendidos del pasado” y gestionarse con los criptoactivos, a cuenta de limitar el alcance de las sanciones económicas de Estados Unidos.

Ahora bien, el uso de criptomonedas por parte del Estado venezolano para soltarse de las amarras de las sanciones estadounidenses, podría tardar más de lo estimado.

Esto es así ya que parece haber una percepción de que las criptomonedas están vinculadas a crímenes, partiendo de la intervención de la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), organismo que es objeto de una reestructuración desde hace más de un año por presuntamente haber participado en un esquema de corrupción gubernamental multimillonario denominado Pdvsa-Cripto.

Además, es poco probable que, en el corto plazo, el Estado venezolano se enfoque en usar criptoactivos para sus negociaciones petroleras. A menos que las circunstancias así lo requieran.

El economista y profesor universitario Francisco Rodríguez señaló en febrero a CriptoNoticias que los actores del mercado petrolero siempre preferirán operar con Venezuela de forma tradicional, es decir, con dinero fíat, antes que optar por activos digitales.

Esto se debe a que el nivel de impacto de las sanciones estadounidenses sobre las empresas internacionales que se han relacionado con Venezuela en términos petroleros ha sido poco.

Ahora bien, si se diera el caso de que EE. UU. sancione a alguna estas compañías por operar con Venezuela, las criptomonedas posiblemente desempeñen “un rol preponderante en las operaciones de comercialización”, según el consultor Jesús Armando Leonett.

Y es que, dijo Leonett, “los criptoactivos son una alternativa bastante confiable y manejable, que ya se ha utilizado” por parte del gobierno venezolano, que reconoce en este ecosistema “una alternativa”.

En efecto, las operaciones de los actores del esquema de corrupción para burlar las sanciones estadounidenses al petróleo, aunque ilegales, son un ejemplo claro de cómo las criptomonedas se pueden usar para sortear penitencias y restricciones gubernamentales y estatales. Aunque, de hecho, eso dio paso al mayor caso de corrupción gubernamental usando criptomonedas.

Según las averiguaciones del Estado venezolano, el exjefe de la Sunacrip, Joselit Ramírez, y otros actores de relevancia, como el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami, se organizaron para defraudar al Estado a través de la venta ilegal de petróleo.

Evadiendo las sanciones estadounidenses al petróleo venezolano, los acusados hicieron negocios turbios con el “oro negro” del país caribeño para lucrarse, según las autoridades venezolanas. Se habla de que Ramírez usó criptoactivos para obtener entre USD 3.000 y USD 5.000 millones por la venta de unos 120 millones de barriles de petróleo.

De acuerdo con Tarek Willam Saab, el fiscal general de Venezuela, los responsables del esquema de corrupción convertían los fondos provenientes del comercio ilegal de crudo en criptomonedas, las cuales luego eran movidas en el exchange canadiense Kraken.

En esencia, estas operaciones reivindican el talante libertario de bitcoin (BTC), cuyos fundamentos están basados en la idea de que ninguna entidad puede censurar o prohibir transacciones. Una realidad que ha costado a BTC y su ecosistema la constante relación con crímenes financieros.

No obstante, el gobierno venezolano puede recurrir a prácticas tradicionales que han ejecutado otros países igualmente sancionados por Estados Unidos, como Rusia o Irán. Estas naciones, que también han usado criptomonedas, han usado como alternativa a sus monedas nacionales para las transacciones transfronterizas, dejando atrás la hegemonía económica del billete estadounidense.

Esta nota fue redactada con el apoyo de Marianella Vanci (editora)