Los últimos días de la Alianza Sin Nombre han sido convulsos. El gobierno del país ha recrudecido los controles y la Alianza ha sido calificada como un grupo terrorista, que se financia con bitcoin. El gobierno quiere asegurarse de que la única criptomoneda que circula en el país sea el COLT —creado por su propio Laboratorio Blockchain—. De manera que la utilización de Bitcoin, y de técnicas para evitar el registro de la información en la base de datos del Documento de País, ha sido tomado como un ataque, y los miembros de esta red estamos siendo perseguidos. Los días en los que nos ocultábamos con facilidad se han terminado.
Aún operamos y la base no ha sido descubierta, pero ya casi nadie va al lugar y los cambios de guardia se hacen bien entrada la noche. El equipo decidió hacer algunas modificaciones al sitio para que el sonido de los mineros se haga imperceptible. Además, se demolieron algunas paredes del edificio para hacerlo menos sospechoso. Hay que proteger la mina, pues el lugar garantiza el desenvolvimiento de la red en el país.
El gobierno acecha.
La criptomoneda del gobierno
Hace más de 30 años que el Movimiento Nacional llegó al poder. El primer presidente era un empresario que intentó tomar el gobierno a la fuerza y falló, pero se hizo fuerte en la opinión pública y terminó arreglándoselas para llegar al poder. Murió a los 17 años de mandar, aunque el control definitivo y distópico no empezaría sino tras su muerte.
El segundo presidente del Movimiento Nacional, hombre de confianza del primero, llegó al poder por parecer el más simpático entre los distintos cuadros fuertes del gobierno. Ningún mérito político, administrativo o de conocimientos; su ascenso al poder podría calificarse como una terrible casualidad.
Han habido elecciones, pero se especula que hace tiempo dejaron de ser limpias. Fue idea de esta “nueva administración” la creación del Documento de País, un “instrumento de identidad de vanguardia”. Al principio, se había hablado de una herramienta tecnológica para la sociedad y para que las políticas públicas del Estado fueran más eficaces. Sin embargo, puertas para adentro, siempre se supo que el gobierno llevó a cabo la creación de este instrumento para extender su dominio sobre los ciudadanos.
Un elemento clave para maniatar a nuestra sociedad fue la creación del COLT, una criptomoneda sustentada en las reservas de coltán del país, ubicadas bajo territorio selvático y de muy difícil extracción. Pese a todo, el Laboratorio Blockchain, bajo el auspicio del gobierno, creó esta supuesta criptomoneda, aunque jamás se han ofrecido grandes detalles. Nunca revelaron elementos técnicos y de hecho ningún ciudadano ha tenido verdaderamente COLT en su poder, pero se convirtió en un mecanismo para controlar las finanzas privadas y el consumo de los ciudadanos, todo gracias al Documento de País. Prohibieron cualquier otra criptomoneda y actividades relacionadas.
Al principio, consiguieron combinar ambos instrumentos de manera accidental.
La idea era entregar una suerte de beca a las personas, pues en medio de la depauperada economía de la nación, muchos ciudadanos empezaron a requerir asistencia social para subsistir. Tener un trabajo no era suficiente. Entonces, y dadas las connotaciones políticas del instrumento, obtenido primeramente por sus adeptos, decidieron que la beca sería recibida exclusivamente a través del Documento, con un depósito directo utilizando esta criptomoneda, prescindiendo y exterminando a la banca privada, dado que la totalidad del dinero se empezó a movilizar exclusivamente a través del COLT y los bancos del Estado.
Ampliaron la información exigida para recibir el dinero, y las personas se vieron obligadas a revelar detalles de toda clase: sobre sus finanzas, su vida privada, sus relaciones filiales, e incluso, sobre lo que comían y la frecuencia de consumo de ciertos productos. El acceso a Internet, las redes sociales, correos, suscripciones a servicios en línea, toda la información debía ser «compartida» por los ciudadanos.
Las personas empezaron a “recibir” COLT, aunque los pagos se siguieron descontando en dinero fiduciario. El COLT se utilizó como unidad de cuenta y como un mecanismo para tener un estudio pormenorizado del consumo local, de manera que el gobierno pudo regularlo a placer. El Laboratorio había creado una blockchain privada para el detallado registro y procesamiento de las ingentes cantidades de data que generaba el COLT. La red contaba con apenas 50 nodos en distintos lugares del país. Las claves de acceso: en manos de unos pocos funcionarios de alto nivel y confianza del gobernante.
En ese momento el Documento de País se transformó en una herramienta de control, en un sostén de su hegemonía. Quien quisiera o necesitara recibir las Ayudas de la Nación, debían tener el Documento, sin excepción, dándole al gobierno toda la información necesaria para prolongar su dominio. El Estado se había convertido en nuestro silencioso verdugo.
“La Alianza Sin Nombre es un grupo terrorista que se financia con bitcoins”
Además de las becas, salud, vivienda, ofertas laborales, servicios públicos; prácticamente todo se hizo dependiente del Documento, de allí el reducido número de personas que aún no lo tenían, de allí la peligrosidad de “la tal Alianza esa”, como le llamaban despectivamente a principio.
Para cuando el gobierno tuvo noticias de la Alianza Sin Nombre la operación ya había echado a andar en todo el país. Los grupos de ciudadanos organizados, las redes económicas motorizadas con bitcoins, las enseñanzas sobre protocolos de privacidad y manejo de información sensible e incluso una forma para reducir o deshabilitar el registro de información en el Documento de País, fueron algunas de las primeras estrategias realizadas por la Alianza.
Para cuando el gobierno tuvo noticias de nuestras andanzas, yo ya había sofisticado aún más mis medios para ser sigiloso, para seguir siendo invisible, y enseñaba activamente a las personas de varias comunidades de la ciudad y localidades cercanas sobre Bitcoin y sus potencialidades para enfrentar el control financiero.
Habíamos desarrollado un software para generar códigos gráficos aleatorios, de manera que ya no teníamos que alquilar identidades. Sencillamente, generábamos registros temporales falsos, aprovechando algunos desperfectos en el servidor de marcas temporales que utilizaba la cadena de bloques del COLT. Así podíamos seguir moviéndonos sin tener un Documento de País.
– «Esa gente que sigue sin el Documento de País», explicaba el gobernante a través del circuito de transmisiones nacional, «a esa gente no sé qué le pasa. Le tiendo mi mano, mi mano amiga. Cuidado y se van para el bando de los terroristas, cuidado con la tal Alianza esa, cuidado».
Ese 1% de ciudadanos que aún no tenía el Documento de País había sido ignorado con vehemencia, pero algunos miembros del gobierno empezaron a atar cabos, de manera que la incidencia de estas prácticas de privacidad, la aparición de operaciones anónimas de consumo realizadas con bitcoins, así como algunas irregularidades con la propia base de datos del Documento empezaron a sugerir que quizás estas personas tuvieran algo que ver.
Se empezaron a hacer averiguaciones, aunque dado el carácter “no obligatorio” del Documento, el gobierno intentó realizar una campaña no tan evidente. Las inspecciones de rutina contra ciudadanos sospechosos empezaron a enfocarse en aquellos que podrían no tener el Documento. Las requisas para verificar su tenencia se hicieron cotidianas.
Transporte y lugares públicos, supermercados, farmacias, todos estos lugares se hicieron puntos de control. Luego las calles, luego prácticamente cualquier lugar. No tener el Documento de País podría causarle problemas a cualquiera.
El gobierno había descubierto la Alianza, y aunque no sabían exactamente qué hacíamos, nos empezaron a perseguir. Pronto nos convertimos en una nueva excusa para la terrible situación económico-social del país. Lo peor vino entonces.
La alianza nunca había fijado una postura política, menos públicamente y mucho menos había “conspirado” contra el gobierno, pero ellos mintieron. Capturaron a un supuesto miembro de la Alianza y lo hicieron “confesar”. El video se transmitió a nivel nacional: el país conocía un nuevo enemigo.
– «La Alianza Sin Nombre es un grupo terrorista que se financia con Bitcoin», dijo el sujeto entrecortadamente. Su cara había sido censurada, su voz distorsionada, pero se aseguraba que se trataba de “un peligroso miembro” de la Alianza. «Es un grupo terrorista internacional», continuó, «y están dañando nuestro país, hablándole a la gente de un supuesto control por parte del gobierno. Esto tiene que acabar, les pido perdón por haber estado con ellos».
No sabíamos quien era, no tuvimos noticia de la captura de alguno de los miembros de la Alianza ni en la ciudad ni en otras partes del territorio. Un complot, una jugada para hacernos quedar mal ante nuestros conciudadanos. Una patraña que más tarde nos costaría caro.
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Descargo de responsabilidad: Esta es una obra de ficción. Los nombres, personajes, empresas, organizaciones, lugares, acontecimientos o hechos que aparecen en la misma son producto de la imaginación del autor o bien se usan en el marco de la ficción. Cualquier parecido con personas (vivas o muertas) o hechos reales es pura coincidencia.
