Las nuevas regulaciones de criptoactivos en Venezuela son absurdas

El día de hoy pudimos conocer mediante la Gaceta Oficial N-41.581, publicada en fecha 7 de febrero por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, una serie de medidas regulatorias que pretende aplicar la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) para controlar y pechar el envío de remesas usando criptomonedas.

Entendiendo solo un poquito sobre Bitcoin y las criptomonedas, no hace falta más que leer el párrafo anterior para comprender el absurdo que esto supone. El órgano regulador, según declara en Gaceta Oficial, pretende de alguna manera centralizar todos (o al menos gran parte de) los envíos de remesas con criptomonedas en unas plataformas bajo su control y aplicar comisiones a los emisores de dichas remesas que van desde 0,25 euros hasta 15% del monto enviado.

Las exageradas comisiones que pretende imponer la SUNACRIP no las cobran ni Paypal, Western Union o banco alguno por sus servicios de envío de dinero y, en el caso de estas empresas, el costo del envío, la comisión, se justifica en el uso de sus infraestructuras propias. En el caso de la Superintendencia, la comisión es una imposición sin base alguna, pues no prestan ningún servicio: el envío de dinero se hace a través de las redes de criptomonedas y no se necesita a la Superintendencia, una empresa privada, banco o gobierno para hacerlo. Y esta es solo la primera parte del absurdo.

La otra parte del absurdo nace de la ingenua creencia que tiene la Superintendencia de que puede controlar el uso de las criptomonedas, cuando es justamente por sus características, por ser abiertas y de libre acceso para cualquiera, en todos los sentidos (uso y desarrollo), que se hace imposible para cualquier ente controlar o prohibir su uso; sin importar que tanto dinero o fuerza tenga de su lado para intentarlo. Siempre habrá alguien que pueda descargar o desarrollar una cartera de bitcoins, adquirir o minar criptomonedas, enviar y recibirlas e incluso crear nuevas criptomonedas sin permiso de nadie y, posiblemente, totalmente desapercibido.

Cabe agregar, además, que los criptoactivos son precisamente la herramienta que los venezolanos llevan años usando para proteger sus ahorros y recibir ayuda de sus familiares y amigos que optaron por salir del país ante la nefasta situación económica y social de Venezuela. Así que las bondades de esta tecnología ya han sido más que probadas por los habitantes de este país.

A la nueva pretensión conceptualmente absurda de la Superintendencia, se añaden las medidas publicadas no hace mucho en una edición previa de la Gaceta Oficial, en la que, en términos coloquiales, se legaliza el decomiso arbitrario de equipos de minería y se transforma en multa legal lo que hasta no hace mucho era extorsión.

Para los no entendidos, les dejo un poco de contexto. Para controlar y/o prohibir el uso y la minería de criptomonedas en Venezuela, o cualquier otro lugar del mundo, sería necesario restringir el acceso a todos los sitios webs y aplicaciones que proporcionan carteras (como el famoso blockchain.info) y permiten el intercambio de criptoactivos (como LocalBitcoins), que sabemos son muchísimos y nacen por hora, así como condicionar el uso de los medios de comunicación electrónica (internet, radio, telefonía, etc.); limitar la compra y uso de computadoras, la descarga de software para minería y las conexiones entre el internet nacional, las redes de criptomonedas y los diversos pools de minería; prohibir el aprendizaje e impedir el desarrollo de software relacionado a los criptoactivos… Todas medidas costosas e inútiles porque pueden ser (y serán) eludidas por el accionar humano con las herramientas actuales.

Es por eso que las absurdas medidas de este recién formado organismo, solo demuestran su profunda falta de entendimiento sobre la tecnología de los criptoactivos y el ecosistema y un desespero por incautar la ayuda que reciben los empobrecidos venezolanos de familiares y amigos en el exilo y el ingreso que generan los entusiastas por minar criptomonedas. En concreto, evidencian que la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas no está preparada para regular adecuadamente a los criptoactivos en Venezuela.

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