Lo que se viene para Uruguay en criptomonedas es radical: Martín Benítez

La próxima implementación del marco regulatorio para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en Uruguay, proyectada para finales de año tras una fase de consulta pública, generará un cambio de paradigma radical en el país.

Así lo afirmó Martín Benítez, vicepresidente de la Cámara Fintech de Uruguay y fundador de Cripto Guardian, en una entrevista exclusiva para CriptoNoticias en el marco del evento Be Orange, celebrado en Montevideo, la capital uruguaya, el domingo pasado.

Según el directivo, el proyecto normativo, cuya nueva versión fue publicada en marzo, impulsará la madurez de los inversores, limpiará la reputación del sector y abrirá la puerta para que la banca tradicional incorpore la moneda digital a sus servicios.

Benítez remarcó que el Banco Central del Uruguay (BCU), de la mano de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), se encuentra en la etapa final del desarrollo del proyecto y explicó que todavía falta que llegue el resultado de la última consulta pública que hicieron, proyectando que la normativa entre en vigencia para fin de año.

Este avance legal es esperado por el 90% de la población uruguaya que aún no interactúa con el ecosistema por desconfianza, sugirió el especialista. Como lo ve, ahora que habrá regulación, habrá más incursión por parte de personas y empresas.

“Yo creo que eso va a ayudar que haya un cambio, un giro de imagen”, señaló Benítez.

Integración bancaria y el fin de los circuitos cerrados

En la visión del entusiasta, el nuevo escenario regulatorio promete transformar la relación de los ciudadanos con el dinero digital. Recordó así que los bancos globales con filiales en Uruguay, cuyas casas matrices en España, Francia o Brasil ya operan con activos digitales, han presionado indirectamente para replicar estos servicios a nivel local.

Benítez describió este fenómeno de forma directa: “Va a ser un cambio de paradigma de que cripto era malo cuando llamabas a tu banco y ahora el banco te va a llamar a decir: ‘che, llamáme a un préstamo, ¿no querés comprar cripto?’ Entonces eso va a ser un cambio radical”.

A su juicio, este marco también permitirá que las plataformas locales den el salto desde wallets experimentales de circuito cerrado hacia un ecosistema abierto. Con cientos de miles de usuarios listos en estas aplicaciones, afirma que el flujo de transacciones ganará masividad.

Para Benítez, esto funcionará como un puente de adopción progresiva, permitiendo que los usuarios den un primer paso con un “arnés de seguridad” antes de migrar a soluciones más avanzadas.

Desde el ámbito gremial, Benítez recordó que la Cámara Fintech de Uruguay articuló mesas de discusión para adecuar los requisitos que el BCU planeaba exigir a las empresas de la industria. Para él, la principal victoria fue la flexibilización de las garantías financieras para las startups.

“Las garantías eran prohibitivas para startups y empresas como las que tenemos acá, que no le podías pedir las garantías que se le piden a un banco. Su negocio no admite tener 300 mil dólares de garantía para dejar clavados”, relató Benítez, detallando que el regulador escuchó estos reclamos para permitir un esquema escalonado.

Los riesgos del desconocimiento y la importancia de la autocustodia

A pesar del optimismo regulatorio, Benítez advirtió sobre los errores conceptuales que cometen tanto los inversores minoristas como las corporaciones en el manejo de criptomonedas. En el sector minorista, criticó la dependencia de los fondos cotizados en bolsa (ETF, en inglés), que son productos financieros tradicionales que simulan la exposición a bitcoin, pero sin otorgar su propiedad real.

“Muchos invierten en bitcoin de distintas formas. O compran un ETF y se creen que ellos tienen BTC. Y en realidad compraron un espejo, un símil, una representación”, sentenció.

Para el especialista, el uso de fondos de inversión como el IBIT de BlackRock expone a las personas a riesgos humanos y de liquidez innecesarios, considerando las propiedades nativas de la tecnología.

“Si uno quisiera comprar petróleo, bueno, está bien, vamos por los ETF porque no puedo tener un barril de petróleo en mi casa. Pero en cripto sí puedes, entonces aprovechemos el beneficio”, argumentó.

En el sector empresarial, el panorama muestra deficiencias severas en la custodia de fondos. Explicó que es común ver firmas locales que acumulan sumas de entre 200.000 y 300.000 dólares en casas de cambio centralizadas como Binance, quedando expuestas a congestiones de red o hackeos.

Frente a esto, Benítez promueve la autocustodia colaborativa a través de bóvedas multifirma, configuradas bajo esquemas de seguridad de dos de tres llaves. Esta infraestructura institucional previene la pérdida total de los activos digitales ante la muerte de un directivo, disputas entre socios o la salida de un ejecutivo financiero.

La incógnita fiscal y la exclusión de las stablecoins

El debate en torno al éxito de la ley se concentra en dos puntos críticos: la política impositiva y el alcance de las herramientas financieras reguladas. La Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay todavía no ha fijado una postura clara, lo que genera temor en el sector privado ante la posibilidad de que un gravamen excesivo destruya el trabajo de los reguladores.

“La DGI todavía no habló. Ahí será donde nos peguemos el tiro en el pie si se establecen impuestos a las ganancias, a la tenencia. Eso es una incógnita que todavía no se ha revelado”, manifestó el directivo de la Cámara Fintech.

Añadió que las reglas impositivas deben enfocarse en las ganancias realizadas para no ahuyentar a los inversores en un mercado global: “Tengo mucho miedo de que después de todo este esfuerzo que hicimos, regulador, cámaras, actores, todo, lo terminemos liquidando al final con un 20% de impuesto a la tenencia. Tiramos toda la basura y la gente se va”.

Por otra parte, cuestionó que la normativa actual dejó fuera de la estructura inicial a las stablecoins y a la tokenización de activos reales (RWA). No obstante, recordó que el gobierno planea enviar proyectos complementarios para subsanar esta ausencia una vez concluidos los trámites de los PSAV.

Benítez considera vital regular este segmento, recordando los problemas previos que tuvo Uruguay con esquemas informales de inversión colectiva como “la vaquita”. Con una legislación adecuada, dice, el país podría canalizar inversiones globales mediante “vaquitas o ladrillos tokenizados”.

Uruguay ante la oportunidad de ser un hub regional

Uruguay se encuentra actualmente a mitad de tabla en los índices de adopción de América Latina, una posición que Benítez califica como «lógica» debido a la estabilidad macroeconómica del país, a diferencia de los contextos de alta inflación que impulsan el uso de activos digitales en Argentina o Venezuela por necesidad.

Y a pesar de que el marco técnico y legal de cumplimiento exigirá a las empresas contar con manuales de cumplimiento, oficiales de operaciones y garantías estructuradas en los próximos meses, la recomendación de Benítez para los emprendedores es comenzar a diseñar sus estructuras internas desde ahora, pero con cautela.

La combinación de seguridad jurídica, inflación bajo control y la implementación de esta normativa de PSAV pondría a Uruguay con una ventaja competitiva única para captar capitales extranjeros, especialmente de la región rioplatense.

Con estas herramientas, finalizó Benítez, la plaza financiera uruguaya cuenta con los elementos necesarios para consolidar un centro regional de criptomonedas y hacer honor a su histórico apelativo de ser la “Suiza de América”.