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En 2025 se registraron 45 casos; en solo seis meses de 2026 la cifra casi se duplicó.
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Cuerpos de seguridad entrenan liberaciones de rehenes en menos de 3 minutos con drones.
Francia enfrenta una escalada preocupante de violencia ligada al mundo de las criptomonedas. Lo que en 2025 representaba un fenómeno ya preocupante se ha convertido en 2026 en una crisis de seguridad que obliga a las fuerzas del orden a reinventar sus protocolos.
De acuerdo con datos oficiales del Ministerio del Interior, en todo 2025 se contabilizaron 45 casos de secuestros, retenciones, extorsiones y tentativas relacionadas con activos digitales.
En solo la primera mitad de 2026, la cifra se disparó a 77, casi duplicando el total del año anterior. Esto equivale a un ataque cada dos días y medio en promedio durante 2026.
Los delincuentes ya no se limitan a robos digitales o fraudes online. Optan cada vez más por la violencia directa secuestrando a inversores, empresarios o sus familias y exigen transferencias millonarias bajo amenaza.

Ante esta situación, el ministro del Interior, Laurent Núñez, presentó a finales de junio un plan reforzado ante la Asociación de Titulares de Activos Digitales (ADAN).
Núñez reconoció abiertamente los 77 casos y detalló medidas más ambiciosas para proteger el sector, entre las que se incluyen: mayor coordinación entre unidades de élite como el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN) y la Unidad Nacional de Policía Judicial.
También se habló de mecanismos de congelamiento rápido de fondos en criptomonedas (incluso después de pagado el rescate) y un esquema específico de protección para los actores del ecosistema.
“No permitiremos que los criminales se beneficien de estos fondos robados”, enfatizó el ministro, quien además informó que se han realizado alrededor de 200 detenciones relacionadas, tanto preventivas como posteriores a los hechos.
Preocupación por los riesgos y medidas de los cuerpos de seguridad
Esta respuesta institucional refleja la gravedad que las autoridades otorgan al problema. Dos elementos adicionales subrayan su complejidad. Por un lado, muchos secuestros son ejecutados por “subcontratados” locales —a menudo jóvenes de barrios sensibles— que actúan por encargo de cabecillas extranjeros a través de pseudónimos en chats encriptados, lo que complica la desarticulación completa de las redes.
Por otro, las fuerzas del orden han incorporado herramientas avanzadas como análisis forense ultrarrápido de vehículos, helicópteros y mini-drones en tiempo real. Un ejemplo concreto de esta adaptación operativa es el ejercicio de entrenamiento del GIGN y la gendarmería.
En un escenario simulado, las fuerzas especiales despliegan un centro de operaciones en minutos, combinan vigilancia física con análisis de telecomunicaciones, emplean drones para reconocimiento y ejecutan intervenciones fulminantes con el objetivo de “ser lo más fulgurante posible para desviar la atención del rehén y neutralizar a los agresores”.
En el ejercicio, el rescate del rehén se logra en menos de tres minutos tras el asalto. Sin embargo, mientras el Gobierno destaca la rapidez de la respuesta y el aumento de detenciones, actores del sector o las propias víctimas como Eric Larchevêque, consideran que las medidas siguen siendo mayoritariamente reactivas.
Por otro lado, expertos como Sébastien Martin señalan que se necesita mayor énfasis en prevención y protección física proactiva para inversores de alto perfil, y advierten que la propia visibilidad mediática de estos casos podría estar incentivando a más grupos criminales.
Incluso el propio CEO de Telegram, Pavel Durov, se ha pronunciado sobre las dificultades que están experimentando miembros de la comunidad de criptomonedas y alertó que debido a filtraciones de datos se generaron al menos 41 secuestros de inversionistas en bitcoin, como fue reportado por CriptoNoticias.
También se abre el debate sobre cómo equilibrar el fomento de la innovación en criptomonedas con la seguridad ciudadana. La riqueza digital ya no es solo virtual. Quien posee criptoactivos relevantes se ha convertido en objetivo físico en un país que hasta hace poco asociaba este tipo de riesgos solo a bienes tangibles como joyas o efectivo.
Este fenómeno ocurre, además, en un país con un nivel de adopción de criptomonedas nada marginal. Según el informe «2025 Geography of Cryptocurrency Report» de Chainalysis, Francia recibió 180.100 millones de dólares en valor de criptoactivos entre julio de 2024 y junio de 2025.
La cifra ubica al país entre los diez mercados de criptomonedas más grandes de Europa, con una diferencia cada vez más estrecha respecto a potencias como el Reino Unido (273.200 millones de dólares) o Alemania (219.400 millones de dólares).
Mientras el ecosistema de las criptomonedas francés busca expandirse bajo regulación e innovación, la realidad en terreno expone su vulnerabilidad.
Las autoridades han entendido la urgencia y activado respuestas concretas, pero el verdadero test será si estas acciones logran disuadir a unas redes criminales que, por ahora, encuentran en Francia un terreno cada vez más atractivo y rentable.









