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Trump hizo una llamada al presidente de la FIFA y luego se anunció la reversión de una sanción.
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En un sistema realmente neutral y descentralizado no hay opción para este tipo de cambios.
Una institución puede declarar en su propio estatuto que actúa con neutralidad política, pero esa neutralidad solo existe mientras nadie con poder suficiente decida ignorarla. Esa es la diferencia entre una regla que solo se cumple si alguien elige respetarla y una regla que se ejecuta porque el sistema no ofrece otra alternativa.
Un episodio ocurrido en el marco del actual Mundial de Fútbol sirve para ilustrar la primera vía. Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para preguntar por qué se había expulsado del juego al delantero estadounidense Folarin Balogun y por qué eso derivaba en una suspensión. El hecho ocurrió durante el duelo en EE. UU y Bélgica.
Sobre ello, un funcionario estadounidense señaló que el gobierno de Estados Unidos aportó evidencia adicional que se utilizó luego en el proceso de apelación de la decisión del árbitro, gestionado por un órgano independiente. Incluso el propio Trump señaló que para él no había falta, hecho que fue recalcado por Marcos Rubio, secretario de Estado de EE. UU.
Trump confirmó la llamada públicamente y agradeció a la FIFA en Truth Social por revertir lo que llamó una gran injusticia.
Días después, la Comisión Disciplinaria de la FIFA optó por apelar el Artículo 27 de su código (en vigor desde 2023), que permite al órgano judicial suspender total o parcialmente la implementación de una medida disciplinaria durante un período de prueba.
A pesar de ello, la FIFA insiste en resaltar la independencia de sus decisiones, negando haber recibido injerencias externas. Explicó que no ha revocado la expulsión de Balogun, pero matizó que la ha declarado «suspendida y a prueba».
En un extenso comunicado, la entidad expresó que apeló a su «facultad discrecional de suspender la ejecución de cualquier medida disciplinaria».
Una vez desatada la polémica, la Real Federación Belga de Fútbol apeló sin éxito la reversión de la sanción a Balogun.
La Comisión Disciplinaria optó por aplicar el mismo mecanismo que ya existía, pero esta vez bajo circunstancias extraordinarias. Según la FIFA, el reclamo de la Federación Belga fue declarado inadmisible porque esa federación no era parte del proceso y, por tanto, no tenía legitimidad para apelar la decisión.
La UEFA, máximo organismo responsable del fútbol en Europa, calificó la decisión como algo sin precedentes, incomprensible e injustificable. La reversión parece ser la primera vez desde 1962 que una tarjeta roja en un Mundial no resulta en una suspensión.
Reglas escritas sujetas a control externo
El Artículo 27 no es una norma nueva ni oculta. Ya ha sido utilizada en años anteriores, pero únicamente para sanciones disciplinarias de varias jornadas, tal como ocurrió con Cristiano Ronaldo en noviembre de 2025.
En esa ocasión, la Comisión Disciplinaria le hizo cumplir una jornada de la sanción y conmutó las dos restantes por un período de prueba de un año. Citaron su historial limpio, lo que lo mantuvo habilitado para los partidos inaugurales de Portugal.
Sin embargo, lo relevante no es si el Artículo 27 es legítimo, sino que su aplicación parece estar sujeta a una variable que ninguna regla escrita puede controlar: quién tiene la posibilidad de llamar por teléfono para influir sobre el que decide.
El código existía antes de la llamada y sigue existiendo después. Lo que cambia en este caso particular es el criterio con el que alguien decide activarlo.
Aunque el fútbol, por su naturaleza, siempre requerirá interpretación humana para sancionar jugadas, sus procesos institucionales demuestran que los mecanismos de justicia son permeables al poder. Los siguientes casos son muestra de ello.
Más ejemplos de la no-neutralidad
El fútbol ofrece otros ejemplos donde la neutralidad institucional se sostuvo mientras convino y se retiró cuando dejó de convenir.
Días después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, la FIFA y la UEFA decidieron, de forma conjunta, suspender a todas las selecciones y clubes rusos de sus competiciones hasta nuevo aviso, lo que implicó la exclusión de Rusia del Mundial de Catar 2022.
La sanción se mantuvo durante cuatro años. En 2026, sin embargo, Infantino planteó levantar el castigo pese a que el conflicto bélico sigue activo. Argumenta que el veto «no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio». Semanas después, la FIFA confirmó el retorno de Rusia a sus competiciones.
Si bien el ejemplo de Rusia parece ser justo, no mide la misma vara lo que ocurre con Israel, demarcando una no-neutralidad.
Desde octubre de 2025, la Federación Palestina de Fútbol y un grupo de expertos de la ONU pidieron a la FIFA suspender a la selección y a los clubes israelíes como respuesta al conflicto en curso en el territorio palestino ocupado. Se esperaba que la UEFA votara a favor de suspender a la federación israelí, y que el Consejo de la FIFA tomara una decisión al respecto la semana siguiente.
El Consejo de la FIFA no sometió la solicitud a votación. Infantino rechazó excluir a Israel de cualquier competición oficial pese a la presión por la guerra en Gaza, señalando que «no podemos resolver conflictos geopolíticos».
Según reportó Yahoo Noticias, el factor más determinante fue la relación entre Infantino y el presidente estadounidense Donald Trump, vinculado a su vez con el primer ministro israelí. Esto, además del interés de la FIFA en Estados Unidos como sede del Mundial 2026.
Ninguno de los dos casos resuelve, por sí solo, si una sanción era la correcta. Se trata un debate político que distintas federaciones, gobiernos y organismos de derechos humanos han disputado públicamente y que sigue abierto.
Lo que exponen estos ejemplos, en conjunto con el caso Balogun, es que una misma institución aplicó criterios distintos ante situaciones que sus propios interesados calificaron como comparables entre sí.
La variable que marcó la diferencia fue la relación de poder con quien tomaba la decisión, no una regla aplicada de manera uniforme.
Hay un diseño que evita ese punto de falla
Este tipo de episodios ilustra la importancia de diseñar sistemas donde la neutralidad no depende de un estatuto ético sino de una arquitectura técnica. Y Bitcoin es un ejemplo de un protocolo donde las reglas se ejecutan, sin excepción, porque no hay alternativas.
La red tiene en marcha un protocolo cuyas reglas de emisión y validación se aplican por consenso, sin que ninguna autoridad central pueda suspenderlas caso por caso.
En Bitcoin, la validez de una transacción o el cumplimiento de las reglas de emisión no se resuelve por una llamada, un cargo o una relación personal entre quien decide y quien es sancionado: cada nodo de la red aplica el mismo conjunto de reglas, sin excepción y sin posibilidad de que una autoridad las suspenda para un caso particular.
Esa es la distinción de fondo entre dos tipos de neutralidad: una que se sostiene en que alguien con poder elija o no torcerla, y otra que no ofrece ese margen de decisión porque no existe una autoridad central capaz de intervenir sobre el protocolo.
Un estatuto puede solo prometer la imparcialidad; un protocolo la ejecuta sin más opción.
El caso Balogun pone en duda que una institución como FIFA siga sosteniendo que sus reglas son parejas para todos, cuando su aplicación, en la práctica, depende de quién tenga el poder de solicitar una excepción.
