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Los abogados usaron SHA-256 y OpenTimestamps para vincular el documento con una referencia temporal.
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El registro en Bitcoin permite verificar si un archivo conserva el mismo contenido desde el momento.
Una demanda de responsabilidad civil presentada en Venezuela incorpora la red de Bitcoin como parte de su estrategia para demostrar la existencia, integridad y fecha de un documento judicial. La iniciativa busca aprovechar las características criptográficas de la red para dejar una constancia verificable del contenido del escrito y del momento en que fue presentado.
La acción fue presentada por los abogados Roberto Hung y Ramón Castro contra Estar Seguros C.A. y el Club Puerto Azul, en relación con un incendio ocurrido en septiembre de 2016 en una embarcación ubicada en el muelle N.º 1 de la marina del club.
Según sus impulsores, el documento fue firmado digitalmente mediante un certificado emitido por un proveedor autorizado en Venezuela. Luego, se generó una huella digital SHA-256 del archivo y se utilizó sellado de tiempo (Timestamp / OpenTimestamps) para asociarla con una referencia temporal en la red de Bitcoin, es decir, lo que otorga una prueba inequívoca de existencia (Proof of Existence).
Central de Venezuela. Fuente: Roberto Hung
El procedimiento no almacena el documento completo en Bitcoin. En su lugar, registra una representación criptográfica única del archivo. Si el contenido fuera modificado, su huella dejaría de coincidir, lo que permite comprobar si el documento conservó su integridad desde el momento de su registro.
De confirmarse lo planteado por los abogados, se trataría de un caso particular porque la referencia criptográfica no respaldaría únicamente una prueba documental, sino el propio escrito inicial que da origen al proceso judicial.
Una demanda con Bitcoin como respaldo criptográfico
El escrito fue enviado electrónicamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como a las partes involucradas y a otros actores relacionados con el proceso judicial, los seguros y la certificación digital. Los abogados realizaron posteriormente el registro criptográfico del archivo en la red de Bitcoin con el objetivo de contar con una evidencia independiente que permita verificar que el documento existía con ese contenido en una fecha determinada.
Según su interpretación del artículo 1.969 del Código Civil venezolano, la presentación ante un tribunal incompetente puede producir efectos sobre el cómputo de la prescripción. Los demandantes sostienen que el plazo finalizaría el 13 de septiembre de 2026, por lo que la actuación debía realizarse antes de esa fecha. En este contexto, el registro en Bitcoin funciona como un mecanismo adicional para demostrar cuándo existía el escrito y cuál era su contenido al momento de la presentación.
El caso busca abrir un debate sobre la modernización del sistema judicial venezolano. Este plantea avanzar hacia procesos digitales que permitan verificar de forma independiente la autenticidad, integridad y fecha de las actuaciones, en lugar de limitarse a trasladar documentos físicos al correo electrónico. Por ello, la iniciativa introduce características relacionadas con las firmas digitales, los registros criptográficos y la integración de estas herramientas con las normas judiciales existentes.
Aunque es un caso que podría convertirse en un precedente internacional, el valor jurídico de utilizar Bitcoin para certificar un escrito todavía deberá ser evaluado por las autoridades competentes. En diferentes jurisdicciones existen antecedentes de elementos relacionados con tecnologías de registros distribuidos considerados como evidencia. Sin embargo, su alcance depende de las leyes de cada país, del tipo de documento y de las circunstancias del proceso.
