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La incertidumbre jurídica ha sido una constante para los venezolanos que usan criptoactivos.
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Tras un escándalo de corrupción que explotó en 2023, el sector se encuentra a la deriva.
Ha pasado casi un año desde que el presidente venezolano vinculó la pausa que atraviesa el sector de los criptoactivos en Venezuela con el escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto, el cual resultó en la pérdida de miles de millones de dólares en 2023.
En esta trama, incluso fueron detenidos funcionarios cercanos al poder ejecutivo, como Tareck El Aissami, el presunto líder de la operación y exministro de Petróleo, cuya detención ocurrió un año después de que se le señalara por primera vez en relación con el caso. La estrategia consistía en convertir divisas provenientes de la venta de crudo en criptomonedas, las cuales eran depositadas en el exchange Kraken, impidiendo que esas ganancias llegaran al país.
Lo cierto es que, en aquel momento, Maduro prometió que Venezuela «retomaría el camino de los criptoactivos«. Específicamente, el mandatario afirmó que el país «había iniciado esa senda y debía volver a transitarla», por lo que se implementarían «sistemas multimonetarios».
Al referirse a «recuperar», Maduro aludía, entre otros aspectos, a la fallida experiencia con el Petro, una moneda digital lanzada por el gobierno venezolano en 2018. Esta fue concebida como un medio de pago respaldado por las reservas petroleras del país, con el objetivo de eludir sanciones internacionales, estabilizar la economía y ofrecer una alternativa al bolívar, el cual se encontraba gravemente afectado por la hiperinflación.
Sin embargo, el Petro fracasó por su escasa adopción. Pese a los intentos del gobierno venezolano por impulsar su uso, tanto la población como las empresas lo rechazaron, en especial por la falta de confianza en el sistema y la limitada infraestructura tecnológica. Al final, el Petro fue cayendo en el olvido hasta prácticamente desaparecer en 2024, dejando un precedente muy negativo hacia las iniciativas de criptoactivos impulsadas por la administración de Maduro.
Este fracaso no hizo más que reforzar el deseo de los venezolanos de buscar alternativas realmente soberanas para gestionar sus finanzas, lo que explica la creciente importancia de BTC dentro del país. Las personas quieren proteger su dinero de la inflación y no depender de un sistema estatal que no ha probado ser eficaz.
La trama de corrupción Pdvsa-Cripto tuvo repercusiones tanto dentro del propio gobierno como en el ecosistema venezolano de criptomonedas. El escándalo impactó directamente a los exchanges que operaban en el país, así como a los mineros, quienes enfrentaron mayores restricciones y un clima de creciente incertidumbre.
En aquel caso estuvieron implicados tanto la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) como la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). Según la investigación oficial, este organismo desempeñaba un rol clave en la conversión a criptomonedas de los fondos obtenidos mediante negocios irregulares con la venta de petróleo. Como respuesta, Maduro ordenó no solo la destitución y detención de Joselit Ramírez —entonces superintendente de la agencia— por presunta corrupción, sino también una reestructuración total del ente regulador.
Falta de claridad…
Aunque Maduro anunció hace varios meses su intención de retomar el camino de las criptomonedas, hasta ahora no se han observado avances concretos ni oficiales que indiquen un progreso real en esa dirección.
En cuanto a la reestructuración de Sunacrip, que inicialmente estaba prevista para completarse en seis meses, no se ha informado de forma pública sobre su conclusión ni acerca del restablecimiento de sus funciones. Esto mantiene al sector en un limbo regulatorio, especialmente en áreas clave como la minería y las operaciones con criptoactivos en exchanges autorizados.
El caso de la minería de criptomonedas en Venezuela resulta particularmente llamativo. Actualmente, el sector atraviesa un alto grado de incertidumbre, mientras el gobierno continúa confiscando equipos bajo el argumento de proteger el sistema eléctrico nacional.
A mediados de 2024, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, declaró que ya se habían incautado unas 11.000 máquinas de minería. En aquel momento, el funcionario se mostró enfático al afirmar que estas operaciones estaban «absolutamente prohibidas» en su jurisdicción. Un año después, la situación no ha cambiado demasiado.
Toda esta incertidumbre jurídica ha generado un entorno propicio para la proliferación de estafas relacionadas con criptoactivos. En 2024 el colapso de SolesBot dejó a cientos de venezolanos afectados, y este año la historia se repitió con HV IJEX, una plataforma que captó fondos de unos 80.000 usuarios en Venezuela y Colombia con promesas de ganancias rápidas. La empresa suspendió los retiros a principios de abril y los estafadores vaciaron el dinero de miles de personas.
Estos casos ponen en evidencia la urgente necesidad de fomentar la educación financiera en el país. La combinación de desconocimiento sobre el funcionamiento de las criptomonedas y la desesperación económica ha hecho que muchas personas sean vulnerables a estafas que se aprovechan de la falta de supervisión efectiva y los vacíos regulatorios.
En un contexto marcado por la opacidad institucional, el colapso de proyectos y la proliferación de fraudes, la educación financiera se vuelve no solo una herramienta, sino una necesidad urgente. En lugar de esperar soluciones desde arriba, los ciudadanos deben asumir un rol activo y crítico, informándose por su cuenta, aprendiendo a identificar riesgos y tomando decisiones conscientes sobre cómo proteger y gestionar su dinero.
En cuanto a Venezuela, habrá que ver si en los próximos meses hay novedades, pero de momento no hay razones para ilusionarse.
