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Enviaron una carta a los líderes de la mayoría y minoría del Senado, John Thune y Charles Schumer.
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La Ley Clarity ya está dentro del calendario, pero su votación en el pleno podría tardar.
Una coalición compuesta por 200 empresas y organizaciones del sector de las criptomonedas envió una carta formal a los líderes del Senado de los Estados Unidos, John Thune y Charles Schumer, para exigir que se programe de inmediato la votación de la Ley Clarity en el pleno.
Los firmantes, entre los que destacan empresas de infraestructura y plataformas de comercio como Binance US, Coinbase, Aave y Uniswap, así como otras ligadas a la minería digital como Canaan, solicitaron de manera urgente que el cuerpo legislativo debata el proyecto de ley sin más dilaciones.
«La Ley de Claridad le otorga al Congreso la oportunidad de mantener la innovación, el empleo, la inversión y la actividad del mercado aquí en casa, al mismo tiempo que fortalece el papel de Estados Unidos como líder global en la innovación de activos digitales. (…) Le solicitamos respetuosamente que lleve la Ley de Claridad al pleno del Senado sin demora», dice la misiva.
El movimiento busca consolidar el impulso político alcanzado tras la aprobación bipartidista del proyecto en el Comité Bancario del Senado el pasado 14 de mayo, ante el temor de que el proceso sufra retrasos prolongados en la agenda parlamentaria.
El reclamo del sector privado se fundamenta en la necesidad de establecer un marco federal integral que ordene los mercados de activos digitales en territorio estadounidense.
De acuerdo con el documento enviado a los legisladores, la falta de reglas de juego claras y predecibles continúa impulsando la innovación, el empleo y los capitales hacia jurisdicciones extranjeras (offshore), las cuales suelen operar con menores estándares de transparencia y protecciones más débiles para los usuarios.
Las empresas argumentan que la Ley Clarity ofrece una solución estructural al delimitar de forma precisa las competencias de los organismos reguladores, habilitar vías para el registro formal de las entidades y proteger la actividad de los desarrolladores de software que construyen la tecnología subyacente.
Según las empresas y organizaciones firmantes, las políticas duraderas «deben construirse entre partidos políticos, especialmente cuando definirán el futuro de los mercados financieros estadounidenses».
«La Ley Clarity refleja años de educación, participación de las partes interesadas y una formulación de políticas de buena fe. El resultado es un marco serio y equilibrado que impulsa la protección del consumidor, la integridad del mercado, la innovación responsable y la competitividad de los EE. UU.», señala la carta.
El debate actual en el Congreso de los Estados Unidos no gira en torno al contenido del proyecto, sino en torno a la voluntad política y los tiempos procedimentales. La Ley Clarity ya superó los primeros filtros institucionales y se encuentra incluida de manera formal en el calendario del Senado bajo el número 423.
Sin embargo, para que el texto llegue finalmente al pleno para su discusión y posterior votación, se requiere que el líder de la mayoría de la Cámara Alta ejerza su facultad exclusiva de destrabar y acelerar el proceso legislativo. Es precisamente este factor el que motivó la presión en bloque de la industria, que busca evitar el estancamiento de la propuesta en la burocracia parlamentaria.
Los firmantes sostienen que una supervisión nacional clara fortalecerá la integridad del mercado y elevará de forma significativa la confianza de los consumidores al interactuar con productos basados en esta tecnología. Este movimiento estratégico de la industria busca presentar la regulación no como un beneficio corporativo para el sector de los activos digitales, sino como una decisión de seguridad económica.
Según ellos, con la Ley Clarity, «el Senado tiene la oportunidad de asegurar que la próxima generación de infraestructura financiera sea construida, gobernada y regulada en Estados Unidos».
Con este movimiento en bloque, el sector busca forzar una definición política. La carta plantea el escenario no como un rescate regulatorio para las empresas de activos digitales, sino como una decisión estratégica de seguridad económica para evitar que Estados Unidos pierda el control y se quede rezagada ante el avance del sector.
