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“Las reservas con bitcoin son una realidad y se discutirán en los bancos centrales”, dice Paternó.
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Señala que la velocidad con la que se implementarán leyes similares dependerá del contexto político.
El proyecto de ley introducido en el Congreso de los Estados Unidos para otorgar permanencia jurídica a su reserva estratégica de bitcoin (BTC) podría transformarse en un catalizador para la arquitectura financiera de Latinoamérica.
Así lo considera el abogado argentino Jorge Paternó, socio y fundador de la firma jurídica CSPartners, quien afirma que esta iniciativa, identificada como H.R 8957 o Ley ARMA, tiene el potencial de instalar de forma definitiva la discusión sobre la inclusión de las monedas digitales dentro de las reservas soberanas de los bancos centrales de la región.
El analista considera que este movimiento representa una referencia económica ineludible para el resto de los países latinoamericanos, abriendo un debate técnico sobre la gestión de fondos públicos.
En diálogo con CriptoNoticias, Paternó destaca la relevancia de la estructura jurídica del proyecto estadounidense, señalando que la intención es brindarle mayor peso institucional a la reserva estratégica de bitcoin (BTC) frente a los cambios políticos.
Efectivamente, la normativa, introducida en mayo pasado, tiene por objetivo principal otorgar continuidad legal a la reserva de bitcoin ordenada mediante la orden ejecutiva 14.233 del 6 de marzo de 2025 por el presidente Donald Trump, evitando que futuras administraciones puedan revertirla de forma unilateral.
El abogado resalta que la Ley ARMA está en sus primeras etapas y, por tanto, «tendrá que surfear el Congreso norteamericano». Aunque destaca que busca «blindar la reserva para que sea más que una ordenanza emitida por el Poder Ejecutivo, una emitida directamente desde el Congreso, para que tenga fuerza de ley y eso la haga, digamos, más perdurable en el tiempo».
Paternó argumenta que las implicaciones de la legislación para el continente americano serán significativas debido al rol geopolítico de la nación norteamericana como fijadora de tendencias en los mercados internacionales. El especialista detalló que con esa ley «puede llegar a ser un punto de referencia a considerar al hablar de activos virtuales en las reservas de los países».
En su opinión, «siempre hay un primer disparador», que en este caso es EE. UU. con su Ley ARMA, «lo que fija la agenda». «Lo cual puede llegar a ser inspirador para los países de Latinoamérica», afirma.
«La iniciativa estadounidense puede ser un buen puntapié para que los países de Latinoamérica empiecen a discutir el tema de los activos virtuales como parte de las reservas», señala.
El contagio depende del ambiente político de Latinoamérica
No obstante, Paternó aclara que la velocidad de la replicación de la ley en la región —en caso de que esta llegue a buen puerto en EE.UU.— estará fuertemente condicionada por el escenario político interno de cada nación latinoamericana y, cómo no, su relación con Washington.
El fundador de CSPartners apunta que Latinoamérica «es muy cambiante» y que los aspectos políticos y alineaciones con EE. UU. serán parte indispensable de un eventual efecto contagio de la ley para blindar las reservas de bitcoin.
«La posibilidad de que lo implementen o no, y la velocidad que pueda tener, también tendrá mucho que ver con las agendas políticas o el contexto político de cada país de Latinoamérica», comenta.
Visto desde ese prisma, y en el caso de que la Ley ARMA siga adelante y se apruebe, el efecto contagio se vería replicado —quizá— en algunos países de América Latina cuyos gobiernos son de derecha y están políticamente alineados con Washington. Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador y República Dominicana entrarían en ese paquete.
Sin embargo, aquellas naciones contrarias, como México, Brasil, Honduras y Colombia; posiblemente vean pasar el proyecto desde la acera del frente.
¿Qué es la ley ARMA y por qué importa?
Los antecedentes de esta discusión técnica se remontan al pasado 21 de mayo de 2026, cuando el congresista republicano Nick Begich introdujo en la Cámara de Representantes, junto al demócrata Jared Golden, la propuesta bipartidista conocida como la Ley de Modernización de la Reserva Estadounidense (ARMA, por sus siglas en inglés).
Posteriormente, el viernes 5 de junio, el texto íntegro de la propuesta legislativa de 19 páginas fue subido formalmente a los servidores web del Congreso para el acceso público.
La propuesta de la Ley ARMA contempla transferir el control de todos los activos digitales en poder de las agencias federales de manera directa al Departamento del Tesoro, estableciendo una separación estructural que destina un fondo exclusivo para bitcoin y un depósito independiente para el resto de los activos virtuales.
Además, la legislación estipula que los fondos de bitcoin mantenidos por el Estado deberán conservarse durante un período mínimo de 20 años, permitiendo ventas únicamente bajo circunstancias limitadas, como medidas orientadas a reducir la deuda pública de la nación.
El marco legal también introduce auditorías independientes, reportes trimestrales de carácter público y supervisión directa del Poder Legislativo.
Frente a este panorama, Paternó deja clara su postura: un impacto inminente en las tesorerías de América Latina está descartado. No obstante, es reiterativo al afirmar que el activo digital ya forma parte de la agenda de los reguladores locales a medida que el sector privado impulsa su uso.
Por lo tanto, recalca que sí habría un efecto contagio porque el proyecto nace de una realidad que, en sus palabras, «llegó para quedarse y se va a instalar en las mesas, en los bancos centrales».
