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Oliveros cree que la latencia en la autorización de empresas de criptomonedas es limitativo.
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El especialista piensa que Venezuela es una “tremenda oportunidad” para las fintech.
El economista venezolano Asdrúbal Oliveros calificó el actual marco regulatorio para las empresas de tecnología financiera (fintech) y servicios con criptomonedas en Venezuela como un sistema que «no permite desarrollar» el sector.
Según el especialista, las normativas vigentes son «extremadamente restrictivas y rígidas», lo que frena la innovación en un país donde las distorsiones económicas han convertido a las monedas digitales en una herramienta de supervivencia.
Durante el más reciente episodio del podcast de CriptoNoticias, Separando el Dinero del Estado, Oliveros señaló que, a pesar de que Venezuela representa una «tremenda oportunidad» para el sector de las fintech, debido a la necesidad de agilidad transaccional, las barreras legales actúan como el principal escollo.
«Tienes que estar autorizado por el Estado. Esa autorización no es expedita. Muchas veces, tarda demasiado en concretarla. A veces no se logra», explicó el también consultor empresarial, resaltando que la latencia en los permisos limita la aparición de nuevos aplicativos.
Más allá de los permisos iniciales, Oliveros criticó que el marco legal actual, que es el Decreto Constituyente sobre Criptoactivos, aprobado en abril de 2018, obliga a las plataformas locales a operar bajo un esquema que prioriza el bolívar, la moneda local, sobre la eficiencia de los activos digitales. Al respecto, el economista señaló:
Muchos de estos aplicativos prácticamente te obligan a trabajar estrictamente con bolívares, es decir, que muchas de sus operaciones tengan que tener procesos de conversión automático a bolívares. No necesariamente trabajan con un ecosistema dólar-dólar o dólar-cripto.
Asdrúbal Oliveros, economista y consultor empresarial venezolano.
Desde la perspectiva de Oliveros, estas limitaciones impiden que las empresas y ciudadanos venezolanos aprovechen de forma masiva la naturaleza global de bitcoin (BTC) o las stablecoins, forzándolos a regresar a una unidad de cuenta afectada por la inflación.
Sobre este punto es importante destacar que Crixto y Kontigo, que son las únicas empresas de criptomonedas autorizadas a operar en Venezuela por parte de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), facilitan, además del intercambio por bolívares, la conversión a otras criptomonedas.
En el caso preciso de Crixto, desarrollaron una wallet que soporta distintas redes descentralizadas y facilitan la gestión de diferentes activos digitales, como bitcoin, ether (ETH), dogecoin (DOGE), litecoin (LTC), USD Tether (USDT) y USD Coin (USDC). En cuanto a Kontigo, se puede intercambiar USDT y USDC desde una sola wallet.
El «choque» del sector corporativo y el petróleo
Durante el podcast, Oliveros habló acerca de la adopción corporativa de criptomonedas en el 2025. A su juicio, esto marcó un hito en Venezuela al tratarse de una «adopción forzada».
Recordó Oliveros que, debido la confrontación política y las sanciones internacionales, el Estado venezolano comenzó a cobrar exportaciones petroleras en criptomonedas, más precisamente en la stablecoin de Tether Limited.
Según él, eso obligó a empresas tradicionales, acostumbradas a la banca de Estados Unidos o Panamá, a familiarizarse abruptamente con el uso de wallets y aplicativos nativos del sector de Bitcoin.
«Para los corporativos fue un choque muy fuerte cuando el año pasado empezaron a señalarles que los bancos no tenían dólares y que los fondos estaban en wallets«, relató Oliveros.
Los datos presentados por el analista son contundentes: solo en diciembre de 2025, el gobierno venezolano liquidó más de 300 millones de dólares en activos digitales por concepto de operaciones petroleras, mientras que las liquidaciones en efectivo tradicional apenas alcanzaron los 50 millones de dólares.
No obstante, asegura que, debido a las relajaciones de las sanciones producto de los acuerdos petroleros entre Estados Unidos y Venezuela, es previsible que la presencia de las criptomonedas en el sector corporativo venezolano disminuya. Como lo ve, las empresas ya no usarán wallets porque la banca tendrá de nuevo el control en la asignación de los dólares.
«Ahora, ¿eso significa que el país dejó de usar cripto? No, solamente que la dinámica corporativa cambió», subrayó Oliveros.
Una adopción por necesidad, no por preferencia
Oliveros es enfático en aclarar que el auge del uso de bitcoin y otras monedas digitales en Venezuela no responde a una visión ideológica o a un «fanatismo», sino a la destrucción del poder adquisitivo desde hace más de un lustro.
Con una inflación que, según datos del Banco Central de Venezuela citados por Oliveros, superó el 600% en febrero de 2026, los ciudadanos buscan refugio en cualquier activo que preserve el valor.
«Hay gente que dice: ‘Venezuela tiene una adopción muy alta’. Sí, claro, la tiene porque el país tiene un problema de inflación, no porque nos gusten los activos digitales per se. Tiene que ver con la necesidad», señala Oliveros.
Incluso aquellas empresas que aseguran no utilizar estas herramientas podrían estar participando indirectamente. Oliveros sostiene que las operaciones con activos digitales son hoy «la base del mercado paralelo corporativo».
Según su visión, muchas mesas de cambio utilizan estos mecanismos de forma subyacente para sortear las fricciones transaccionales del país.
Con sus declaraciones, Oliveros deja ver que en Venezuela el sector de las criptomonedas, aunque podría perder fuerza a nivel corporativo, ya forma parte de la psiquis venezolana. El ecosistema, que justamente nació para brindar libertades a los individuos, ha asentado un espacio clave en el país caribeño que difícilmente pierda, aun con todo y los petrodólares. Pero su auténtico desarrollo se verá una vez que se dejen atrás los escollos regulatorios








