En Latinoamérica las stablecoins ya no se guardan, se gastan

Ir al supermercado a comprar pan, leche o las provisiones de la semana con stablecoins como Tether (USDT) se ha convertido en una sutil declaración de independencia en América Latina.

En las cajas de pago de Buenos Aires, São Paulo o La Paz, cada vez es más común ver a ciudadanos pagar no con billetes locales marchitos por la inflación, sino deslizando su teléfono celular para transferir criptoactivos directamente desde sus monederos digitales.

Este acto cotidiano es el síntoma visible de una profunda grieta macroeconómica. Cuando los gobiernos restringen el acceso a las divisas extranjeras y devalúan la moneda local, la sociedad civil busca sus propias salidas de emergencia.

Un reciente informe de la plataforma de pagos Oobit revela que el 35% de las transacciones con stablecoins en la región ya no se destinan al ahorro, sino estrictamente a la compra de alimentos básicos en supermercados.

La raíz de este comportamiento es un cambio estructural profundo respaldado por datos globales. Como lo reportó CriptoNoticias en 2025, Latinoamérica consolidó un volumen de 1,5 billones de dólares en criptoactivos, un terreno donde las stablecoins se han vuelto las reinas indiscutibles.

Las stablecoins se usan como el efectivo diario

En Brasil, por ejemplo, los criptoactivos que mantiene paridad 1:1 con el valor del dólar estadounidense ya representan más de la mitad de las operaciones en exchanges y superan el 90% de los flujos en activos digitales totales.

Esta tracción en pagos cotidianos, remesas y protección contra la inflación es de tal magnitud que el propio Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), la institución que agrupa a los bancos centrales de la región, ya reconoce formalmente en sus análisis el crecimiento y la fuerza de estos activos como un dólar digital paralelo que desafía los contextos financieros formales.

Esta migración hacia el efectivo digital no es exclusiva de los ciudadanos de a pie; el tejido comercial e institucional de la región también empuja con fuerza.

Informes de la firma de infraestructura Fireblocks revelan que el 71% de las instituciones latinoamericanas ya utilizan activamente las stablecoins para sus pagos transfronterizos, una cifra que se ubica muy por encima del promedio global, debido a la alta demanda de los clientes y a su uso real en el comercio. Esta realidad es palpable en Venezuela donde las empresas importan y exportan productos usando USDT.

En este ecosistema de alta adopción, la novedad radica en que la infraestructura técnica finalmente alcanzó la necesidad de la calle en la región. Mediante la integración de monederos de autocustodia con las redes globales de Visa, el usuario gasta su saldo directamente, según el informe de Oobit.

Stablecoins entre el control y la soberanía

Sin embargo, esta velocidad en la adopción ha encendido un intenso debate dentro y fuera de la comunidad que gira en torno a los activos digitales sobre los verdaderos costos de esta soberanía delegada.

Por un lado, algunos analistas, entre ellos los del Fondo Monetario Internacional (FMI), celebran las stablecoins como una herramienta de inclusión financiera inmediata y eficiente. Las ven como un escudo legítimo para que el ciudadano común escape de los controles de cambio confiscatorios. Para otros, permiten la democratización del acceso a una moneda fuerte sin pasar por la burocracia bancaria.

Por otro lado, los críticos y analistas regulatorios lanzan advertencias severas sobre el peligro de sustituir un monopolio estatal por uno corporativo.

Al elegir masivamente a USDT, que acapara más del 90% del mercado regional, la economía doméstica de América Latina no solo se amarra voluntariamente a la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sino también a los riesgos de opacidad de una entidad privada que custodia las reservas detrás de la pantalla.

Asimismo, este ecosistema plantea una encrucijada geopolítica de largo plazo: mientras los usuarios logran estabilidad individual, profundizan una «dolarización digital» de facto que erosiona la soberanía de las monedas locales y expone a la región a futuras suspensiones o bloqueos regulatorios dictados desde Washington.

Mientras tanto, la consolidación de estos rieles de pago plantea un escenario donde el dinero digital privado compite directamente con el curso legal en el comercio de a pie.

Para el bolsillo del ciudadano, esto elimina la necesidad de acudir a mercados informales de divisas, permitiendo gestionar el gasto diario con total autonomía.

No obstante, la dependencia absoluta de una sola moneda corporativa deja a la economía doméstica expuesta a las regulaciones de plataformas globales, forzando a los usuarios a vigilar de cerca la estabilidad del emisor para evitar que su nuevo efectivo cotidiano pierda el anclaje con la realidad económica que enfrenta.