Hace 6 meses bitcoin estaba prohibido en Bolivia ¿cómo le ha ido ahora?

El pasado 26 de junio hubo un cambio histórico en la regulación de bitcoin (BTC) y demás criptomonedas en Bolivia. Tras 10 años sosteniendo la prohibición de utilizar bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, el gobierno abre el sistema financiero del país al activo digital. 

Seis meses han pasado desde que se tomó esta decisión y son muchas las cosas que han cambiado en el país suramericano. 

Tal como informó CriptoNoticias, el mismo Banco Central de Bolivia comunicó que en los últimos meses se registró un incremento de más del 100% en las operaciones de compra y venta de activos virtuales en el país. Esto, a través de canales e instrumentos electrónicos de pago que permiten transacciones con criptomonedas. 

Ya para el mes de octubre el volumen de transacciones había pasado de USD 13,7 millones a USD 23,7 millones. En solo cuatro meses se movieron más de 75 millones de dólares.  

Según datos de esta institución, aproximadamente unas 252.801 personas poseen criptomonedas en Bolivia, lo que representa un 6% de la población con ingresos formales. 

 
«Se trata de datos recopilados del sector formal —intercambios realizados en exchanges como Binance— que no reflejan de forma plena lo que sucede en la realidad en un país donde el 80% de la actividad económica está en la informalidad», señala el columnista Luis Rivas Salazar, cofundador de la Comunidad Bitcoin Bolivia.  

Es así porque los bolivianos todavía «siguen temerosos y tímidos, y están comprando y vendiendo criptoactivos de manera camuflada y sin declarar», asegura el bitcoiner.  

Rivas coincide con la idea de que la adopción ha crecido sustancialmente en el país y que los bolivianos acuden en masa a bitcoin, tras el levantamiento de la prohibición. Esto, debido a la crisis generada por la escasez de dólares. 

El intercambio se hace mediante “trato personal” y no sólo para comprar insumos y mercaderías de los proveedores en el exterior por falta de dólares estadounidenses. También los ahorristas están buscando refugios de valor alternativos que permitan proteger patrimonio, ahorro y capital de la devaluación e inflación en un contexto de crisis económica. 

Luis Rivas Salazar, fundador de Comunidad Bitcoin Bolivia.  
 

Crece el apoyo oficial a Bitcoin 

Y aunque el crecimiento de la adopción es una de las repercusiones más importantes de la Resolución del Banco Central de Bolivia que habilitó el uso de bitcoin, el respaldo que ha seguido dando el gobierno al uso de criptoactivos ha sido uno de los hechos más destacados. Sobre todo luego de la postura opuesta que mantuvo por años.

Con el apoyo gubernamental, el Banco Bisa —el cuarto banco más grande de Bolivia— anunció la incorporación de servicios para criptomonedas, específicamente con USDT, la stablecoin de Tether. Este servicio permitirá a los bolivianos comprar, vender y transferir stablecoins.  

El nuevo servicio ofrece a los clientes la posibilidad de mantener fondos en USDT el tiempo que deseen, realizar pagos al exterior e incluso enviar dinero a familiares que estudian en el extranjero.   

Yvette Espinoza, de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de Bolivia, apoyó la oferta del banco, afirmando que permite a los clientes realizar transacciones dentro del marco regulador del país.  

La apertura del gobierno ha hecho que las instituciones oficiales se hayan encargado de capacitar a la gente en el manejo de criptomonedas. Ahora incluso el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025 autorice el uso de criptomonedas para las transacciones.

«Se faculta a las empresas y entidades públicas para que realicen actividades comerciales, puedan obtener activos virtuales y transferir para cumplir sus obligaciones contractuales contraídas en moneda extranjera; para cuyo efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitirá la reglamentación correspondiente», dice el artículo 7 del proyecto de ley del presupuesto nacional.

Buscan reactivar la economía con USDT

A inicios de diciembre se conoció de una iniciativa presentada ante el Senado a fin de reconocer a USDT como un índice de referencia válido en la indexación de contratos civiles y comerciales. Medida que permitiría vincular el valor de la moneda local (el boliviano) con el de USDT.

La propuesta de ley fue elaborada en colaboración con el Estudio Jurídico Wayar & Von Borries Abogados y fue presentada por los abogados Iver Von Borries y Javier Romero Mendizábal. Plantea una modificación de la Ley 2434 para reconocer legalmente a la stablecoin como vía para brindar mayor certidumbre financiera, tanto a empresas como a particulares.

Sobre el proyecto, Romero destacó la necesidad de contar con mecanismos que garanticen el equilibrio y la seguridad jurídica en las relaciones contractuales. En ese sentido, Von Borries explicó que la falta de reconocimiento del tipo de cambio paralelo generó una parálisis de proyectos, cuyo valor supera los 5.000 millones de bolivianos.

Ante esta situación, la incorporación de USDT, como referencia en contratos, busca ofrecer una solución efectiva, capaz de desbloquear estas inversiones y reactivar sectores clave de la economía.

Avances en la creación del marco legal

Aunque Bolivia ha suavizado su postura sobre las criptomonedas, el país aún tiene que implementar un marco legal para las transacciones. Con este objetivo se han introducido proyectos de ley en el Congreso, uno de ellos impulsado por la diputada Mariela Baldivieso.

La intención de aprobar una nueva regulación es avalada por el gobierno, que ya planteó su intención de crear un registro de exchanges. La meta es supervisar el funcionamiento de estas plataformas.

Con este fin, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), presentó a inicios de diciembre la Resolución Administrativa Nº UIF/58/2024, que disponía el registro de las actividades con criptomonedas para proveedores.

Las personas naturales o empresas (personas jurídicas) que realizan para sí o en nombre de otras operaciones como proveedores de servicios y operaciones con criptomonedas, debían registrarse y se debía reportar las operaciones sospechosas a esa instancia reguladora. Sin embargo, la resolución quedó sin efecto semanas después.

Tal como denunció la diputada Baldivieso la resolución generaba muchas dudas y así lo manifestó en un comunicado.

La diputada augura que la adopción seguirá creciendo en Bolivia y asegura que el país sigue avanzando para la creación de un marco legal flexible, al tiempo que se aprovecha la apertura que muestran los entes gubernamentales y que esperan que continúe en el próximo gobierno.