McKinsey & Company: gestión de data pública podría optimizarse implementando blockchain

En febrero del año en curso, la empresa de consultoría McKinsey & Company publicó un estudio donde expone diferentes formas y aplicaciones de la tecnología blockchain para mejorar, en varios aspectos, el manejo de datos en el sector público y gubernamental.

La gigante de consultoría financiera y de inversión, también conocida globalmente como “La firma” (“The Firm”), dio a conocer el artículo en su página web.

La justificación de tal estudio es que, en primera instancia, el mejoramiento del manejo de data a través de la blockchain no sólo puede beneficiar las instituciones financieras, sino a entes gubernamentales que pueden usar dicha tecnología para proteger los datos de confianza y simplificar las interacciones con los ciudadanos.

Asimismo, el manejo de data personal -por ejemplo: fechas de nacimiento y muerte, información sobre el estado civil, etc.- se hace complicado, sin mencionar riesgoso, y los gobiernos e instituciones deben proteger estos datos  contra el acceso o la manipulación no autorizados. Es aquí donde entra la blockchain, pues tiene la capacidad de simplificar la gestión de la información, facilitando el acceso y uso de datos del sector público de forma segura.

Igualmente, a largo plazo, McKinsey cree que la blockchain, ya en una etapa madura:

Puede incluso permitir que individuos y organizaciones obtengan control directo sobre toda la información que el gobierno mantiene sobre ellos. Este nivel de transparencia podría, a su vez, facilitar a las agencias el logro de la adhesión para la creación de servicios públicos en la red.

Por esta línea, el estudio describe varias formas en que la tecnología blockchain puede utilizarse con el manejo de datos, y cuáles herramientas pueden servir en el desarrollo de plataformas o aplicaciones relacionadas.

En primer lugar, se habla de la “Protección de datos críticos”: la protección de datos personales de cualquier persona es de suma importancia, y en el mundo digital este tipo de datos muchas veces están bajo riego; de hecho, el artículo afirma que durante 2015 los hackers obtuvieron datos personales, números de Seguro Social, huellas dactilares e información financiera de unos 20 millones de personas en Estados Unidos.

Y es que el cifrado de datos no es 100% seguro, pero la tecnología blockchain reduce bastante el riesgo, aumentado el nivel de dificultad. Como ejemplo, Estonia está desarrollando una tecnología llamada Keyless Signature Infrastructure (KSI) para resguardar los datos del sistema público. Esta plataforma crea funciones criptográficas que representan de forma única grandes cantidades de datos como valores numéricos pequeños, luego estos se almacenan en una blockchain y se distribuyen a través de una red de computadoras gubernamentales, de modo que la información se vuelve transparente, pero, a la vez, segura.

Seguidamente, el estudio explica las “Posesiones de Propiedad Digital”, concepto que está relacionado con el proceso de poseer y transferir activos -ya sean propiedad física, intelectual o instrumentos financieros-, que como ya sabemos suele implicar requisitos burocráticos y mucho papeleo. En este sector la blockchain tiene en su haber un largo historial de aplicaciones que reducen costos y tiempo en transferencias de activos.

Por último, entre las grandes propuestas que McKinsey plantea están los contratos inteligentes  o la “Incorporación inteligente”. Como ejemplo de esto se menciona al estado de Delaware (Estados Unidos), el cual se encuentra en las primeras fases de la creación de un servicio ​​de registros basado en blockchain  y contratos inteligentes, o que reducirá costos en transacciones y eliminará por completo el papel.

Cabe destacar, que estos contratos -acorde al estudio- podrían utilizarse para automatizar los procedimientos de votación o garantizar el cumplimiento de las normas sobre cómo y cuándo los inversionistas pueden vender o negociar sus acciones.

Sobre los gobiernos

Luego de lo anterior, el artículo explica la manera que sugiere para que los gobiernos adopten y aprovechen la tecnología blockchain.

Como introducción al tema, se señala que:

Los gobiernos normalmente saben mucho sobre individuos y organizaciones debido a todos los datos que recogen. Dado que esta información existe en los silos de agencias y departamentos, sin embargo, a menudo no se utiliza en la mayor medida posible.

Por lo que, esencialmente, McKinsey propone la creación de una red de servicios públicos donde cada persona u organización tendría todos los datos relevantes sobre ellos almacenados en un libro de contabilidad dentro de una base de datos blockchain cifrada. Esta red permitiría compartir los datos entre las organizaciones gubernamentales para agilizar todos los procesos públicos.

El estudio formula que para que los gobiernos puedan implementar la mencionada tecnología primero deberán contar con un equipo de “incubación” que se encargue de evaluar, investigar y priorizar las oportunidades para las pruebas piloto blockchain y luego seleccionar los socios adecuados para su implementación. Algo muy semejante a la misión del Hyperledger Project de Linux.

Una vez que este equipo investigue y tenga claras las prioridades, tendrá que explorar asociaciones con proveedores de blockchains para crear los programas piloto; ya que con estas uniones, las empresas tecnológicas tienen la oportunidad de mostrar y probar productos, mientras que las agencias públicas evitan agregar recursos internos.

Por otra parte, el estudio resalta que nada puede hacerse sin los marcos legales y regulaciones necesarias, incluyendo al gobierno mismo, ya sea estableciéndolos o adaptándose a los pocos ya establecidos.

Cabe mencionar que con anterioridad otras personalidades han sugerido utilizar la contabilidad distribuida en el sector público, especialmente para eliminar la corrupción. Uno de los últimos fue el ex-primer ministro de Reino Unido, David Cameron, que sugirió durante la inauguración de una nueva sede de la compañía Blockchain en Londres usar esta tecnología para rastrear el gasto público.