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El criptoactivo es una bandera del gobierno para intentar evadir sanciones.
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Como forma de pago en establecimientos comerciales, es casi inexistente.
Cuando Nicolás Maduro anunció en diciembre del 2017 que Venezuela utilizaría una criptomoneda propia para buscar financiamiento internacional, el gobierno trató de abrir una compuerta para aliviar a la maltrecha economía del país. Hiperinflación, devaluación del bolívar, sanciones internacionales, desconfianza de los inversionistas y una grave crisis política, delineaban un oscuro panorama.
Tres años después de que se conociera que el petro (PTR) sería la criptomoneda que ayudaría a estabilizar al país, la situación ha cambiado para peor. Venezuela registra un 96% de pobreza en su población, una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de más del 70% en siete años y una inflación acumulada en los últimos 12 meses del 4.000%.
La promesa del gobierno nacional con el petro fue «avanzar en materia de soberanía monetaria, vencer el bloqueo financiero y lograr nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico», según aseveró en ese entonces Maduro en transmisión televisiva. El respaldo de la moneda serían las reservas de petróleo, gas, oro y diamantes del país.
Las autoridades nacionales no desconocen las dificultades financieras, pero las enmarcan en una «guerra económica» que estaría experimentando Venezuela y que, según Maduro, nace en los Estados Unidos. En febrero del año pasado el presidente desmenuzó aún más lo que ocurre al decir que también existe «persecución financiera», «bloqueo económico» y «bloqueo comercial».
Más recientemente, en febrero del 2020, Maduro hablaba de que este año sería el de la «implantación definitiva del petro porque es el mecanismo para defender a la sociedad que no tiene divisas». Además, catalogó a la llamada criptomoneda como la solución para que no surja una sociedad desigual.
El petro podría considerarse como un experimento gubernamental que no termina de encajar y que, cada cierto tiempo, recibe empuje de las autoridades para que sea usado como medio de pago para, por ejemplo, trámites gubernamentales, emisión de pasaportes o el pago de gasolina. A continuación, hacemos un repaso por las tres promesas no cumplidas por el petro a tres años de su lanzamiento.
Ser instrumento para la autonomía financiera
Aunque el petro ha sido una bandera del gobierno de Maduro, fue el difunto presidente Hugo Chávez quien hizo público en 2009 que estaban trabajando en una propuesta de moneda internacional, no criptomoneda, que estaría fundamentada en reservas petroleras. Ese proyecto fue denominado petro y surgiría, según expresó Chávez en ese entonces, porque «el mundo es víctima del imperio del dólar».
El proyecto no se concretó y reapareció como un criptoactivo ocho años después para que Venezuela intentara financiarse. No obstante, el petro no ha servido del todo en este campo. Tres meses después del anuncio de Maduro sobre el petro, gobierno de Donald Trump sancionó el proyecto y prohibió que ciudadanos estadounidenses o empresas de ese país comercializaran con él.
El país ha tratado de intercambiarlo por bienes o servicios en el extranjero, pero tampoco ha tenido éxito. En mayo del 2018 India descartó usarlo para la compra de petróleo, incluso con el ofrecimiento de un 30% de descuento.
Ningún exchange internacional reconocido de criptomonedas lo ha enlistado en sus plataformas, por lo que a escala global no estaría siendo comercializado. En el país sí existen casas de cambio autorizadas por el gobierno para operar en PTR, pero las cotizaciones están muy por debajo de su precio, que en teoría es de 60 dólares, según su libro blanco.
En una rueda de prensa ofrecida en el 2019, el secretario del tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, declaró que no tenía noticias de que alguien lo estuviera usando. Un punto de vista similar fue el de Francisco Rodríguez, director de la firma de análisis Torino Economics, quien aseguró a la BBC: «nosotros lo vimos bastante al principio, pero después, lo que yo entiendo y, tal vez esté equivocado, es que no se ha podido usar».
La falta de utilidad del petro para el financiamiento internacional también quedó en evidencia en marzo de este año cuando el gobierno de Venezuela, en una sorpresiva decisión, solicitó un préstamo de 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI). Los fondos serían destinados a enfrentar la pandemia por COVID-19, pero el organismo desestimó la solicitud por no existir claridad sobre el reconocimiento de un gobierno oficial en el país.
En este punto surge la interrogante, si el petro sería la herramienta para obtener nuevas formas de financiamiento ¿por qué recurrir a un organismo internacional cuestionado por el gobierno para solicitar fondos en dólares? De lo anterior se deduce que el petro no habría logrado los objetivos trazados en esta materia.
Peor aún, el gobierno estaría desmarcándose del petro (moneda ya preminada) para acercarse a otras criptomonedas como bitcoin, por ejemplo. En el complejo militar de Caracas, Fuerte Tiuna, funciona el Centro de Producción de Activos Digitales, una granja de mineros para la extracción de criptoactivos. Además, el gobierno estaría usando bitcoin, no petros, para comerciar con Turquía e Irán.
A pesar de lo anterior relacionado con el petro, el propio Maduro aseguró en el 2018 que las ventas de la llamada criptomoneda le habían generado al país 3.300 millones de dólares y que se usaba para pagar importaciones, según una nota de Reuters.
Soberanía monetaria
El bolívar es la moneda nacional de Venezuela. Sin embargo, debido a los altos niveles de inflación y devaluación, millones de personas utilizan otras alternativas como medios de pago, entre ellas: el dólar estadounidense, el peso colombiano, el real brasileño y el propio bitcoin (BTC).
De acuerdo con Asdrúbal Oliveros, socio-director de la firma Ecoanalítica, el uso de dólares en efectivo para pagar en los comercios del país ha llegado a ser del 80%. Incluso, el propio Maduro ha dicho que se han permitido este tipo de operaciones porque se trata de una “autorregulación” de la economía, no como política de Estado.
Como política de Estado, en teoría, está el petro, pero los establecimientos que lo aceptan son pocos o inexistentes. Luego de tres años de su anuncio, preventas y activación de exchanges, no sería posible hablar de una soberanía monetaria ya que existiría desconocimiento generalizado entre la población sobre cómo usarlo o cómo descargar un monedero.
Recientemente el viceministro para políticas antibloqueo, William Castillo, admitió que el país debe irse “desenganchando de la divisa norteamericana y para eso necesitamos fortalecer el petro. Necesitamos que cada vez más instituciones acepten el petro en los pagos, que se produzca la usabilidad del petro”.
Los esfuerzos del gobierno para darle empuje a este proyecto incluyen: la emisión de decretos para llevar registros contables en petros, pagar servicios estatales e incluso la gasolina. No obstante, los esfuerzos no habrían sido suficientes, hasta ahora.
El desplazamiento del bolívar ante el dólar entre los venezolanos, la escasez de dinero en efectivo y el que el gobierno ancle el precio del petro en dólares, son claras señales de que la anunciada soberanía monetaria que traería el petro aún es una tarea pendiente.
De hecho, en el país se habla constantemente en todas las esferas sociales de una “dolarización” de la economía, no se habla de una “petronización” de la economía. En estas aguas el petro tampoco habría cumplido con las expectativas.
Vencer el bloqueo financiero
A menudo las autoridades gubernamentales de Venezuela argumentan que las precarias condiciones en las que se encuentra el país son debido a las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y Europa. Esto también incluiría un bloqueo financiero al que estaría siendo sometida la nación.
El gobierno de Donald Trump ha impuesto sanciones individuales y a la industria petrolera venezolana, lo que ha recortado el margen de maniobra de las autoridades. Más allá de las buenas relaciones con aliados políticos como China, Rusia, Irán o Cuba, Venezuela esta incapacitada para recurrir a los mercados financieros en busca de fondos.
También bancos estadounidenses como el Citibank han cortado relaciones con el gobierno de Venezuela. En el año 2016 la institución financiera cerró las cuentas que mantenía el banco central y el Banco de Venezuela, lo que impidió que el país continuara pagando sus compromisos foráneos.
Para evadir el bloqueo, el gobierno ideó el petro como un mecanismo que les permitiría operar sin necesidad de ingresar al sistema financiero tradicional. Sin embargo, al no tener el petro aceptación en el extranjero y debido a las propias sanciones, el objetivo de “romper” el bloqueo no ha rendido frutos en tres años.
La propia Rusia aseveró en diciembre del 2018 que el país no tenía previsto el uso del petro en comercio bilateral. El viceministro de Finanzas, Serguéi Storchak, indicó en ese entonces que delegados rusos habían asistido a la presentación del petro, pero que en materia de pagos “todavía no hay nada”.
Ahora, en el 2020, el gobierno de Venezuela está renovando sus estrategias para evadir el bloqueo, no solo con el petro, sino también con cualquier criptomoneda. El país aprobó en octubre una “ley antibloqueo” que en su artículo 32 anuncia lo siguiente:
“A los fines de proteger las transacciones que involucren activos financieros de la República y sus entidades, el Ejecutivo Nacional podrá autorizar la creación e implementación de cualquier mecanismo financiero que permita mitigar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que motivan esta Ley Constitucional, incluyendo el uso de criptoactivos e instrumentos basados en la tecnología de cadena de bloques”.
Durante la presentación de la “Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos del Pueblo Venezolano”, Maduro destacó que se iba a potenciar el uso del petro y otras criptomonedas venezolanas y del mundo en el “comercio interno y externo”.
Luego de tres años de su anuncio, el petro luce todavía como un ensayo en el que el gobierno trata de masificar su uso, incluso en detrimento del propio bolívar. Hasta ahora su alcance es pequeño en comparación con el propósito para el que fue creado, estabilizar una de las economías más turbulentas del mundo.