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La disposición fue firmada por Milei y su ministro de Justicia en un boletín oficial.
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El Congreso ha interpelado a varios ministros en relación al caso, pero solo uno se ha presentado.
En el Decreto 335/2025, publicado por la Presidencia de Argentina el 19 de mayo, el gobierno de Javier Milei ordenó la disolución de la UTI (Unidad de Tareas de Investigación), el organismo que había creado en febrero para investigarse a sí mismo tras el lanzamiento del token LIBRA.
El boletín, firmado por el propio Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señala que el Poder Ejecutivo considera que la unidad ya cumplió con su propósito. «El Gobierno entiende que la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal y que la Unidad ha cumplido con la tarea encomendada por el Decreto N.º 114/25», indica el documento.
Según la Presidencia de Argentina, el objetivo de la UTI era «recabar información relacionada con el criptoactivo denominado LIBRA y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público». Esta tarea quedó a cargo de María Florencia Zicavo, entonces titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia.
Como parte de la iniciativa, el boletín aclara que la funcionaria solicitó información a diversas entidades, entre ellas la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central (BCRA). Y menciona que luego la envió al Ministerio Público, con lo cual se da por finalizado su misión y la disolución de la UTI.
De momento, se desconoce cuál es la información que ha recabado y entregado. Según consultas de medios locales al Ejecutivo sobre esta, la misma fue clasificada como secreta. Por ahora, los resultados de la investigación no se hicieron públicos.
El escándalo de LIBRA estalló tras el lanzamiento del token homónimo en febrero pasado, un criptoactivo difundido por Javier Milei como alternativa de financiamiento para pequeños y medianos emprendimientos en Argentina.
Como reportó CriptoNoticias, el presidente publicó entonces un tuit reportando el lanzamiento, lo que provocó un aumento abrupto del precio del token, pasando de centésimos de dólar a USD 4,97. Pero, poco después, su cotización se desplomó y Milei borró su publicación cuando surgieron dudas de si se trataba de una estafa por los retiros de liquidez de su mercado y que gran parte de los tokens estaban en manos de solo tres direcciones.
En su primera entrevista tras el escándalo, y consciente de ser blanco de innumerables críticas, el mandatario se desligó de lo ocurrido y alegó que, aunque actuó de buena fe por haber creído en el proyecto, terminó «comiéndose un cachetazo». Además, en ese contexto, consideró que quienes compraron el token sabían los riesgos de este tipo de activos y comparó a quienes perdieron dinero con personas que «van al casino y pierden plata».
El caso no solo tuvo repercusiones en Argentina, sino también a nivel internacional. En febrero, el estudio de abogados Moyano y Asociados, con sede en Pensilvania, Estados Unidos, presentó una demanda alegando que ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades fueron víctimas de una estafa vinculada a Javier Milei y a Hayden Mark Davis, principal asesor del proyecto. Más tarde, en abril, se supo que el exfiscal de Nueva York Timothy Treanor, especialista en casos relacionados con criptomonedas, estaba preparando una querella colectiva por el mismo hecho.
Aunque Milei aseguró que los medios estaban exagerando al hablar de más de 40.000 afectados, y supuso que la cifra gira en torno a unos 5.000, en su mayoría ciudadanos estadounidenses y chinos, algunos informes pintan un panorama muy distinto. Según The Solana Post, más de 74.000 traders habrían registrado pérdidas tras el colapso del token, con un monto total que superaría los USD 280 millones.
Una interpelación que dejó dudas
El primer golpe político para el presidente llegó a principios de abril, cuando la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora. En esa misma sesión, la oposición logró impulsar la interpelación de varios funcionarios clave del gobierno, entre ellos Guillermo Francos (jefe de Gabinete), Luis Caputo (ministro de Economía), Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia) y Roberto E. Silva (titular de la Comisión Nacional de Valores).
Finalmente, el único que respondió hasta el momento a la interpelación fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien a finales de abril se presentó ante la Cámara de Diputados para defender la posición de Javier Milei. Aunque aseguró que no existía ningún vínculo entre el presidente y los emprendimientos detrás de LIBRA, su exposición fue considerada poco esclarecedora por varios legisladores.
Los bloques opositores esperaban que los ministros Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona siguieran el ejemplo de Guillermo Francos y se presentaran en la Cámara de Diputados el pasado miércoles, pero finalmente ambos faltaron. Por lo pronto, el caso continuará siendo investigado una vez que arranque la comisión investigadora promovida desde la Cámara de Diputados.
