Exchange desafía a la justicia de Chile al no devolver las criptomonedas de un hackeo

El 8º Juzgado de Garantía de Chile mantiene un requerimiento judicial contra el exchange de criptomonedas Gate.io, desde el 18 de noviembre de 2024, tras la negativa de la plataforma a restituir 260 BNB (aproximadamente 250.000 dólares) vinculados a un incidente de seguridad ocurrido en 2023. Este monto forma parte de un botín mayor sustraído ese año, del cual una fracción ya fue recuperada a través de otra plataforma

El caso ha derivado en una disputa sobre la soberanía judicial, en la cual la empresa afectada, Local Traders, denuncia que el exchange condiciona el cumplimiento de la ley local a trámites burocráticos internacionales que podrían demorar años.

El conflicto se originó en mayo de 2023 con el robo de 369,2 BNB de la bóveda digital de Local Traders. Tras la denuncia ante la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), un análisis forense apoyado por la empresa TRM Labs determinó que el atacante dividió los fondos.

Una parte de ellos fue enviada a Binance, plataforma que ya reintegró los activos bajo su custodia, mientras que los 260 BNB (criptomoneda nativa de BNB Chain) restantes terminaron en cuentas verificadas de Gate.io, donde permanecen inmovilizados hasta la fecha, según explicó Abdul Rehman, dueño de la empresa, en entrevista con CriptoNoticias.

Aunque Gate.io accedió inicialmente a congelar los activos, el proceso entró en una fase de estancamiento tras la emisión de la orden de restitución el 27 de febrero de 2025. A partir de esa fecha, el cumplimiento se diluyó en un cruce de silencios y advertencias.

Luego, el 28 de abril, la Fiscalía General de Chile emitió una advertencia formal otorgando cinco días para la devolución, la cual fue ignorada; una situación que se repitió con las reiteraciones del tribunal el 8 de mayo y en meses posteriores. En total, la justicia chilena ha emitido cuatro órdenes judiciales sin obtener respuesta efectiva.

Mientras Binance procedió a devolver los fondos bajo su custodia, Gate.io, registrada legalmente en Panamá, sostiene que, al carecer de oficinas físicas en Chile, la orden judicial no tiene fuerza ejecutiva directa y requiere una comisión rogatoria internacional. Sobre esta disparidad en la respuesta de los exchanges, Rehman señaló durante la entrevista:

Binance no tiene ninguna oficina en Chile ni empresa registrada aquí, pero dio cumplimiento a la misma orden sin ningún problema. Gate.io está buscando la manera de demorar; no les estoy pidiendo un favor, sino que cumplan con la orden que dio un tribunal criminal.

Abdul Rehman.

Esta falta de comunicación se refleja en la gestión de la empresa afectada, que afirma haber agotado todas las vías de contacto digital. «Enviamos más de 1.000 correos y abrimos cientos de solicitudes de soporte. Al principio decían estar investigando, pero luego guardaron silencio total», señala Rehman. Incluso intentos de contacto vía LinkedIn con directivos de la firma terminaron en bloqueos de cuentas, según detalla el empresario.

La paradoja de la operatividad sin jurisdicción

Este escenario de inacción judicial plantea una contradicción en el modelo operativo de las plataformas globales. Mientras Gate.io argumenta una falta de jurisdicción para el cumplimiento de mandatos penales, su presencia comercial en el mercado chileno se mantiene activa y funcional.

Ellos operan en Chile, yo hice un test y el P2P funciona con tarjeta chilena; aceptan el dinero felizmente. Dicen que no tienen jurisdicción solo cuando pedimos la devolución del fondo, pero antes sí cooperaron entregando los datos de la cuenta del hacker.

Abdul Rehman.

Esta dualidad sugiere una «jurisdicción selectiva» en la que el exchange utiliza la infraestructura financiera del país para captar capital y expandir su base de usuarios, pero se ampara en su domicilio legal en Panamá o Lituania cuando las autoridades locales exigen la restitución de activos vinculados a actividades ilícitas.

Para la fiscalía y los afectados, esta postura erosiona la confianza en el ecosistema y pone en entredicho la eficacia de los marcos regulatorios nacionales frente a entidades que operan en la frontera de la intangibilidad digital.

Acciones legales que traspasan fronteras

Ante la ausencia de una sede física en Chile, Local Traders trasladó la batalla legal a Lituania, donde se encuentra registrada la entidad Gate Global UAB. Sin embargo, el Tribunal de Apelación lituano rechazó el reconocimiento de las órdenes chilenas en dos ocasiones, argumentando la falta de un tratado de asistencia penal mutua entre ambos países, una decisión ratificada por el Tribunal Supremo de Lituania en noviembre de 2025.

A este escenario se suma una medida reciente por parte de los proveedores de infraestructura digital. Según confirmó Rehman, la aplicación de Gate.io fue retirada de la App Store de Apple en territorio chileno, un antecedente que el empresario vincula a las gestiones realizadas ante organismos internacionales para reportar el incumplimiento de las órdenes judiciales.

«Queríamos comunicar esta novedad porque creemos que aporta un valor crítico al caso; es una señal de que las plataformas de distribución están tomando nota», señaló Rehman.

Por su parte, CriptoNoticias intentó obtener una declaración oficial de Gate.io durante 15 días. Se enviaron varias solicitudes a diferentes correos de sus equipos de soporte, prensa y legal, pero hasta el momento del cierre de esta nota, no hubo respuestas.

El caso en Chile se suma a una lista de alertas internacionales. Reguladores de España (CNMV), Italia (CONSOB) y las Islas Caimán han señalado a Gate.io por operar sin licencia o prospectos autorizados, mientras que la plataforma debió retirarse de Japón y Hong Kong tras advertencias de las agencias locales en 2024.

El desenlace de esta disputa marcará un precedente vital para el mercado de criptoactivos en América Latina. Mientras la fiscalía chilena evalúa las próximas acciones legales, el caso de Local Traders pone de relieve una vulnerabilidad que trasciende el código de los contratos inteligentes: la indefensión de los usuarios ante entidades globales que operan sin una estructura de responsabilidad local clara.

Por ahora, los 260 BNB permanecen inmovilizados en un limbo jurisdiccional entre Santiago, Ciudad de Panamá y Vilna. Para el sistema judicial chileno, el reto consiste en demostrar que sus órdenes penales tienen peso frente a la naturaleza transnacional de los intercambios digitales. Para Gate.io, el costo podría no ser solo financiero, sino reputacional, en un momento en que la confianza se ha vuelto el activo más escaso y valioso del ecosistema.

Mientras tanto, el mercado sigue su curso. La facilidad con la que un usuario puede hoy depositar sus fondos en una plataforma global contrasta con la complejidad de recuperarlos cuando la ley interviene, dejando una pregunta abierta sobre el equilibrio entre la innovación tecnológica y la soberanía de la justicia nacional.