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Fiscales y Procuraduría discrepan sobre el daño patrimonial por una brecha de USD 2.000 millones.
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La primera audiencia se realizó a puerta cerrada bajo fuerte custodia armada y policial.
El laberinto judicial de lo que en Venezuela se conoce como el caso Pdvsa-Cripto comienza a dar sus primeros giros formales en los tribunales de Caracas. Luego de tres años de un hermetismo salpicado solo por filtraciones y una opacidad procesal profunda, la activación de este primer juicio el 20 de abril marca un punto de quiebre en una trama donde el crudo y las criptomonedas se mezclaron para dar pie a uno de los desfalcos más complejos de la historia moderna.
El juicio comenzó la noche del lunes 20 de abril en el Tribunal Tercero de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional, a cargo de la jueza Alejandra Romero, en Caracas. La audiencia se extendió hasta la madrugada y fue suspendida alrededor de la 1:10 am del martes 21 de abril de 2026. La jueza la reprogramó para este miércoles 22 de abril.
El inicio del juicio se habría caracterizado por una notable falta de cohesión en la narrativa del Estado. En una audiencia celebrada a puerta cerrada, lejos de la transparencia pública esperada, el fiscal Eddy Rodríguez mostró signos de inseguridad al leer una acusación que fijaba el daño patrimonial en 21.000 millones de dólares, solo para ser contradicho minutos después por la Procuraduría, que elevó la cifra a 23.000 millones.
El desajuste en las cifras oficiales se produjo en un entorno de alta tensión, con la sala custodiada por una veintena de funcionarios encapuchados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
En este escenario, la defensa cuestionó la solidez del expediente fiscal y además denunció formalmente la expoliación de bienes privados a manos de los mismos cuerpos de seguridad que ejecutaron las detenciones. Con estos elementos se abre un nuevo capítulo de irregularidades.
Un laberinto con criptomonedas que dejó facturas impagas
Lo que en 2023 se presentó como una «cruzada» televisada contra la corrupción, con detenidos en bragas naranjas al estilo de las series de ficción, hoy se traduce en un expediente donde la organización Transparencia Venezuela intenta reconstruir el rastro de un patrimonio nacional evaporado en la oscuridad de las sanciones internacionales.
Para comprender la magnitud de lo que hoy se discute en el estrado, es necesario analizar el vacío que esta estructura dejó en las arcas públicas. Entre 2020 y 2023, la estatal Petróleos de Venezuela dejó de percibir 16.960 millones de dólares, una cifra que representa casi el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2022.
De ese total, unos 3.600 millones se consideran «incobrables», debido a que intermediarios sin experiencia, pero con conexiones políticas, desaparecieron tras llevarse buques cargados de barriles desde los muelles venezolanos.
El resto permanece en un limbo de «cuentas por cobrar» que equivale a cuatro veces la recaudación fiscal anual, evidenciando una falla sistémica en la que el petróleo salía de los puertos, pero el dinero nunca encontraba el camino de regreso al erario.
Este agujero financiero fue parte de un diseño de ingeniería que aprovechó la urgencia del Estado por evadir el cerco de las sanciones impuestas en 2019. En sus primeras disertaciones, el fiscal general, Tarek William Saab, detalló cómo la red utilizaba exchanges de criptomonedas para movilizar capitales fuera del radar bancario, como lo reportó CriptoNoticias en su momento.
Se mencionaron plataformas globales como Kraken para convertir activos digitales, aunque el mecanismo operaba principalmente bajo la Ley Antibloqueo, que permitía el uso de criptoactivos y «buques fantasmas» que apagaban sus radares en altamar para ocultar la ruta del crudo.
La stablecoin Tether (USDT) se convirtió en el puente perfecto para que el dinero fluyera hacia cuentas en Hong Kong, Panamá o los Emiratos Árabes Unidos, lejos de la supervisión de los organismos de control tradicionales.
La gravedad de estas maniobras llevó a la Fiscalía a imputar delitos que incluyen traición a la patria y legitimación de capitales. Según reveló la investigación, funcionarios como Antonio Pérez Suárez, entonces vicepresidente de Comercio de Pdvsa, presuntamente traspasaron facturas impagas por más de 13.000 millones de dólares directamente al balance del Estado.
La maniobra permitía «cerrar contablemente» las cuentas en el sistema de Planificación de Recursos Empresariales (SAP) de la petrolera. Esto, ocultando la ausencia real de fondos mientras el capital era gestionado por empresas de maletín recién creadas que, en muchos casos, apenas entregaron la mitad de los insumos (como camiones de agua o alimentos) prometidos a cambio del petróleo.
El costo social del desfalco
A medida que el juicio avanza, la lista de rostros en el banquillo sigue dejando preguntas abiertas, pero ninguna tan punzante como la del propio Tareck El Aissami. Tras años de una ausencia absoluta que alimentó todo tipo de teorías, el exministro de Petróleo reapareció para el inicio del proceso en silla de ruedas y con un evidente deterioro de salud, según reportes.
Más allá de las resoluciones judiciales, la dimensión del caso se analiza también desde el costo de oportunidad para las finanzas públicas. Según las proyecciones de Transparencia Venezuela y la firma Ecoanalítica, la millonaria cifra involucrada en la trama superan los requerimientos financieros estimados para la estabilización de servicios críticos en el país.
En términos comparativos, estos fondos habrían cubierto la inversión necesaria para la recuperación del sistema eléctrico nacional y el fortalecimiento del sector agroalimentario durante un ciclo anual, según los baremos de necesidades inmediatas de la nación.
Al iniciarse la labor de los tribunales, el proceso no solo enfrenta el reto de determinar responsabilidades penales, sino de gestionar el contraste entre el valor de los activos incautados, que incluyen desarrollos inmobiliarios y bienes de alta gama, y el déficit de inversión en infraestructura básica que el Estado aún busca solventar.
