-
Una operación dejó 15 detenidos y la confiscación de 9.000 dispositivos electrónicos.
-
Se habla de un fraude que supera los 20 millones de euros.
Una operación conjunta en España entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria permitió incautar 35.500 dólares en criptomonedas a un grupo que comercializaba teléfonos móviles y otros dispositivos como parte de un esquema de fraude fiscal. Se trata de una red que evadía el pago del IVA mediante operaciones ficticias.
La organización fue desarticulada tras años de investigación en el marco del operativo «Backmobile», dirigido por el Juzgado de Instrucción n.º 6 de Málaga, España. En total, se detuvo a 15 personas y se confiscaron 9.000 dispositivos, más de 200.000 euros en efectivo y una flota de 75 vehículos, además del monto en criptomonedas mencionado.
La investigación, iniciada en 2019, reveló una red de sociedades mercantiles —más de una veintena— repartidas por distintas provincias de España. Estas firmas, que incluían tanto importadoras como comercios minoristas, se dedicaban a simular transacciones y reventas entre ellas, con el objetivo de ocultar el verdadero recorrido de los dispositivos y esquivar así el pago del IVA.
La magnitud del delito quedó en evidencia cuando los agentes comenzaron a rastrear el destino de las ganancias. Más de 280 cuentas bancarias fueron utilizadas para mover el dinero, parte del cual terminó invertido en bienes inmuebles. Por el momento, se han bloqueado 146 propiedades vinculadas con los implicados.
Según estimaciones, el volumen del fraude supera los 20 millones de euros. Sin embargo, la cifra podría aumentar a medida que se analice la documentación incautada.
La red operaba comprando dispositivos en grandes volúmenes. Parte del stock se adquiría mediante importaciones y otra parte se obtenía aprovechando ofertas y promociones en grandes tiendas.
Posteriormente, los productos ingresaban a un circuito comercial ficticio: se emitían facturas falsas, se simulaban envíos, y en muchos casos los paquetes no contenían teléfonos celulares, sino materiales que imitaban su peso, como madera o botellas de agua, para no despertar sospechas en los controles logísticos.
Así, los productos eran revendidos como reacondicionados, tanto en el mercado español como fuera del país, a través de plataformas digitales con alcance europeo.
El despliegue final de la operación «Backmobile» se llevó a cabo a nivel nacional, con 23 registros simultáneos en sedes empresariales y domicilios particulares. Málaga, Valencia, Sevilla, Madrid, Cádiz y Barcelona fueron algunos de los puntos clave donde actuaron las autoridades.
Las detenciones se concentraron en esas provincias, con cinco arrestos en Málaga, cinco en Valencia, dos en Madrid y uno en cada una de las demás, según informes de medios locales.
La red operaba con un alto nivel de profesionalización, tanto en su estructura empresarial como en su logística. Por ello, el operativo requirió años de coordinación entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, especialmente con la delegación de inspección en Andalucía.
Ambos organismos coincidieron en resaltar el impacto de este tipo de delitos, no solo por el perjuicio fiscal, sino también por la distorsión que generan en la competencia empresarial.
Este caso de fraude fiscal cobra mayor relevancia en un momento clave, en el que España se encuentra avanzando en la definición de su marco regulatorio para el control de los activos digitales y las obligaciones fiscales.
Durante la semana pasada, como reportó CriptoNoticias, el Consejo de Ministros aprobó en segunda revisión un proyecto de ley para incorporar la Directiva DAC8 de la Unión Europea, que incrementará la supervisión fiscal sobre las criptomonedas.
La normativa permitirá a la Agencia Tributaria acceder a información detallada sobre operaciones y saldos de usuarios, incluso en el extranjero, y le otorgará la capacidad de embargar activos digitales para saldar deudas fiscales.
