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Coinbase basó su apelación en la FIT21, una reciente legislación sobre activos digitales.
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La legislación fue aprobada por la Camara de Representantes de EE.UU de forma bipartidista.
Los abogados defensores de Coinbase, el principal exchange de criptomonedas de Estados Unidos, enviaron una solicitud de apelación al Tribunal de Distrito para el sur de Nueva York. La declaración preliminar afirma que ciertos aspectos de la demanda que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) les interpuso, deben revisarse como consecuencia de la aprobación, en Cámara de Representantes del Congreso, de la Ley FIT21 o HR 4763, también conocida como Ley de Innovación y Tecnología Financiera para el Siglo XXI.
Coinbase afirma que la SEC no tendría la misma autoridad regulatoria que antes tras la aprobación de la FIT21. Sin embargo, es importante aclarar que a la ley aún le queda un camino por recorrer ya que falta el visto bueno del senado y la firma del presidente Joe Biden, lo que podría ocurrir en el 2025.
Según el nuevo proyecto de ley aprobado, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) limitaría la competencia de la SEC, y pasaría a ser el principal organismo regulador de los criptoactivos. En el caso de las criptomonedas, habría dos escenarios que involucraría la FIT21: un grupo de criptomonedas sería regulado por la CFTC como commodities o materias primas «digitales» (de acuerdo a su naturaleza descentralizada) y otro grupo sería regulado por la SEC como títulos valores.
El proyecto de ley fue aprobado gracias a la mayoría de los representantes republicanos. Coinbase busca la apelación interlocutoria del caso; este tipo de solicitudes se presenta a un tribunal de apelaciones durante un juicio y permite que se revise un aspecto específico de un caso antes de que concluya el litigio.
Para los abogados de Coinbase, la orden recién aprobada debe tomarse en consideración pues esta “abordó una cuestión legal novedosa en una acción regulatoria contra un líder del mercado que podría dar forma o distorsionar una industria multimillonaria”. Según el director jurídico del exchange, Paul Grewal, la SEC no se ha cuestionado suficientemente las diferencias de opiniones sobre la clasificación de los criptoactivos.
Aún no está clara la clase de activo que son las criptomonedas
Según lo dicho en la declaración preliminar del caso, la apelación se debe a que ningún tribunal ha determinado si una transacción de activos digitales que no lleve “obligaciones posteriores a la venta”, pueda ser un contrato de inversión o no en virtud del test de Howey. El test de Howey se utiliza para determinar si un activo es un valor y está, por tanto, dentro de la jurisdicción de la SEC.
La pregunta central que estamos haciendo para apelar es si la SEC puede regular como «contratos de inversión» las transacciones de activos digitales que no involucran nada contractual.
Paul Grewal, abogado jefe de Coinbase.
El encargado legal del exchange considera que la SEC se contradice, pues ella misma ha mencionado en el pasado la importancia de determinar si los criptoactivos son contratos de inversión o no para el futuro de la industria.
Y no somos los únicos que pensamos que esta cuestión merece una apelación interlocutoria. La propia SEC, en su solicitud de la misma reparación en el caso Ripple, reconoció que esta cuestión tiene «importancia para toda la industria» y señaló que hay «motivos sustanciales para la diferencia de opinión».
Paul Grewal, abogado jefe de Coinbase.
Cambio de opinión sobre los criptoactivos antes de las elecciones presidenciales
Esta apelación de Coinbase contra la SEC sucede cuando está ejecutándose un giro de opinión pública respecto a bitcoin, las criptomonedas y la manera de regularlas. De no poca importancia es el hecho de que Donald Trump anunció que acepta donaciones en BTC para financiar su campaña en 2024, año de elecciones presidenciales.
Como reportó CriptoNoticias, más del 5% de la población estadounidense tiene criptomonedas. Esta cifra indica que los usuarios de bitcoin y criptoactivos podrían erigirse como una fuerza política que condicione en lo sucesivo los resultados de la política interna de los Estados Unidos.
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