Hechos clave:
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Google, Meta, Apple y Microsoft son las empresas que más demanda de datos tienen.
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Los gobiernos siguen aplicando políticas de control contra sus ciudadanos.
Un informe revela que los gobiernos a nivel mundial han aumentado las exigencias de datos a las grandes empresas de tecnologías, lideradas por Google, Meta, Apple y Microsoft.
El informe, que fue realizado por la empresa Surfshark, especializada en el área de seguridad y servicios informáticos, destacó que entre los años 2017 y 2023 se ha duplicado la cantidad de solicitudes gubernamentales de datos de usuarios.
Estados Unidos y la Unión Europea son quienes encabezan este top. Entre ambas regiones representan más del 60% de todas las solicitudes, que suman en total más de 1.5 millones en todo el mundo, solo en 2023. Desde 2013 se contabilizan un total de 2.3 millones de usuarios a los cuales les han solicitados sus datos.
Google y Meta son las empresas que más solicitudes de información de usuarios han recibidos desde 2013. Sin embargo, es Apple, la empresa que menos solicitudes recibidas, quien más ha compartido información personal de sus usuarios, ya que, del total de 75 mil solicitudes, ha compartido más del 81,6% de las mismas. También Apple es la única que ha aumentado la cantidad porcentual de datos divulgación a los gobiernos desde 2013.
Los gobiernos solo quieren empresas que puedan controlar
Los controles gubernamentales sobre los datos de los usuarios se han incrementado y el ecosistema de criptomonedas no es la excepción. Desde la implementación de la regla de viaje, “recomendada” por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los exchanges ahora recopilan más datos y aplican cada vez más controles de KYC (conoce a tu cliente).
En julio pasado, se acusó a Coinbase, exchange con sede en EE. UU., de estar vendiendo datos de sus usuarios al gobierno de este país, según lo reportó CriptoNoticias. Si bien el exchange negó dicha acusación, la duda no está mal infundada, teniendo en cuanta que EE. UU. ha mantenido una presión constante de que las empresas privadas deban compartir sus datos con el gobierno.
