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Hechos clave:
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Esta nueva calificación servirá para conectar casos perpetrados dentro y fuera del país.
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El ataque al oleoducto Colonial Pipeline fue un hito que promovió estas nuevas medidas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) elevará las investigaciones ligadas a ataques cibernéticos de ransomware a una prioridad similar a la de actividades terroristas. Este tipo de delitos quedarán a cargo de fiscales de la nación y una unidad especial recientemente creada en Washington.
De acuerdo con lo publicado por la agencia Reuters, el comunicado interno del DOJ indica que estos ataques (que se basan en robar información para luego pedir un rescate por ella) son, junto con la extorsión digital, «una amenaza creciente para la nación». Por ese motivo, los organismos implicados deberán compartir detalles sobre este tipo de delitos informáticos, así como otros del ecosistema digital en general.
En este escrito, distribuido según la fuente citada a diferentes actores del sistema de justicia estadounidense, se indica que, al elevar el rango de prioridad para estos delitos, se posibilita «la conexión de casos e investigaciones a nivel nacional e internacional». Además, estas medidas permiten tener un panorama de las amenazas que el país afronta en materia de economía y seguridad, afirman.
Concretamente, entre las actividades que deberán ser notificadas a las autoridades centrales de la capital del país se incluyen: servicios de contra-antivirus; foros, mercados en línea, exchanges de criptomonedas, servicios de hosting bulletproof y botnets que sean ilegales; y servicios de lavado de dinero en línea.
John Carlin, vicefiscal general interino del Departamento de Justicia, afirmó que se trata de «un proceso especializado para rastrear todos los ataques de ransomware» para poder conectarlos con otros eventos similares en todo el país y así «romper la cadena». Según explicaron expertos en temas legales a Reuters, este es un proceso reservado solo para algunos temas, como los relativos a la seguridad nacional, por ejemplo.
El caso Pipeline, la gota que rebasó el vaso
Esta iniciativa del DOJ surge a partir de un ciberataque que afectó durante el mes de mayo de 2021 al oleoducto Colonial Pipeline, con sede en Texas. Como informó CriptoNoticias, en ese momento unos hackers robaron información de la compañía y la encriptaron para pedir rescate —que sería cobrado en criptomonedas— por ella.
Según reportó este medio posteriormente, la suma fue abonada por la empresa en bitcoin (BTC, de los que se enviaron 75 unidades, equivalentes a USD 5 millones en ese momento), pero la policía fue capaz de identificar la dirección. El grupo de hackers, conocido como DarkSide, asegura haber movido el dinero antes de la confiscación de todos modos.
No obstante, las consecuencias del hecho se hicieron sentir con fuerza. Por ejemplo, hubo estados que sufrieron el desabastecimiento de combustible por la producción limitada del oleoducto, además del consecuente despegue del precio del stock remanente. Debido a que Colonial Pipeline produce normalmente el 45% del combustible en la costa sudeste del país, el asunto llegó a las esferas más altas del gobierno, lo que aceleró las medidas que se están tomando al respecto.
