-
Según Hung, la falta de estado de derecho pone en riesgo a las empresas de bitcoin en Venezuela.
-
El jurista reafirma que la actividad con criptomonedas no está prohibida en el país.
Las autoridades de Venezuela deben comprender que bitcoin (BTC), su tecnología y su ecosistema, son fenómenos que se autoregulan, y por lo tanto, no están regidos por ninguna ley. Ello, como una de las primeras cosas que hay considerar por todo lo que ocurre a nivel regulatorio en el país caribeño.
Esa es la reflexión del abogado venezolano Roberto Hung, quien conversó con CriptoNoticias en el marco del evento Caracas Blockchain Week 2023. Hung es investigador sobre cadenas de bloques y director de la organización Cultura Jurídica.
En palabras de Hung, bitcoin es un fenómeno que no se debería regir por normativas comunes. Ello, porque tiene “temas muy abiertos”, representados en la descentralización de su tecnología.
«Venezuela debe entender que Bitcoin es un fenómeno que no está regido en su totalidad por la ley como sistema normativo», dijo el especialista, quien aclaró luego que esta tecnología puede ser reconocida por los Estados como actividad, sin limitarla y permitiendo su desarrollo sin necesidad de normativas que la obstaculicen.
Aunque Bitcoin, en sí, no puede ser regulado por leyes o normativas que crean los Estados, las decisiones gubernamentales si pueden obstaculizar el progreso de las actividades mineras o limitar el funcionamiento de los servicios de intercambio, precisamente como está sucediendo en Venezuela.
En el país caribeño, la regulación gubernamental se tornaba amigable con el ecosistema, hasta que salió a la luz la trama de corrupción Pdvsa-cripto, en la cual se vio envuelta la Sunacrip, el regulador principal del sector de las criptomonedas.
“Esperar lo que venga”
Actualmente, Venezuela enfrenta una situación en la que, a pesar de que hay una ley que autoriza las actividades con criptomonedas, no existe un órgano regulador que haga velar tales operaciones.
La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), fue intervenida en marzo de este año por el gobierno de Venezuela. Ello, luego de que se conociera un escándalo de corrupción que involucraba a esta oficina reguladora y a su exjefe, Joselit Ramírez.
Por tal intervención, el ecosistema de bitcoin y criptomonedas en Venezuela entró en una suerte de sala de espera. Las empresas de minería paralizaron sus actividades y varios exchanges dejaron de operar. Todos ellos, permanecen a la expectativa de que el país alcance mayor claridad regulatoria.
De hecho, la intervención de Sunacrip generó un enfriamiento en la adopción de bitcoin y criptomonedas en Venezuela. Esto de acuerdo con el CEO de la firma de análisis de blockchains Blockpliance, Guillermo Fernandes, para quien la situación con el regulador desaceleró el uso de estos activos entre usuarios y negocios.
Considerando lo anterior, el abogado Roberto Hung recomienda a las empresas “evaluar el impacto” que tiene la intervención sobre sus operaciones y, con base en ello, tomar decisiones.
En el caso del sector de la minería que, dice Hung, es el que mueve más intereses con relación a las actividades estatales; los operadores “van a tener que ser más cautelosos en esperar lo que venga” de parte del organismo regulador.
Los exchanges, por su parte, también deberán actuar de forma cautelosa y apegándose a las regulaciones del sistema bancario tradicional venezolano, de acuerdo con Hung.
Entre esas regulaciones está la implementación del protocolo conoce-tu-cliente (KYC, en inglés). Esta última, una de las medidas contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros crímenes que principalmente aplican los exchanges de criptomonedas centralizados y otras plataformas similares.
La falta de estado de derecho es un riesgo para las empresas de Bitcoin
Por otra parte, el abogado Roberto Hung habló de los riesgos que tienen las empresas de criptomonedas en Venezuela. De forma tajante, el especialista señaló la falta de estado de derecho en el país caribeño como una de las principales amenazas para la industria.
En opinión de Hung, las compañías del nicho de Bitcoin se libran de los riesgos inherentes al sistema específico de las normas aplicables en Venezuela. Para él, todo se concentra en la crisis que atraviesa el sistema general de justicia del país.
Hung citó el Índice Global de Estado de Derecho 2023, elaborado por la organización World Justice Project y donde Venezuela ostenta el último puesto del listado. Para el jurista, esa es una demostración clara de que en la nación caribeña hay una carencia importante de ese principio de gobernanza.
Para las Naciones Unidas, el concepto de «Estado de derecho» se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente.
Estas leyes se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Sin embargo, Venezuela es el país peor calificado en este sentido.
En ese orden de ideas, el abogado Hung insiste en que el mayor riesgo para las empresas de criptomonedas en Venezuela se posa sobre el sistema general de justicia y de estado de derecho. Esto último, en detrimento de los operadores, sobre todo porque la actividad con criptoactivos, hasta ahora, “no se ha prohibido en el país”.
