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Eliminar al organismo sería un retroceso a nivel institucional y normativo, dice un abogado.
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Temen que el desorden se extienda en un sector que por naturaleza es difícil de regular.
La idea de que el gobierno de Venezuela planea suprimir a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), ha ganado fuerza en el país, en medio del escándalo por corrupción de la trama Pdvsa-cripto en la que está envuelto Joselit Ramírez, exjefe del organismo.
La hipótesis, sugerida a principios de la semana pasada, es ahora parte del debate público cotidiano tras conocerse que varias personas fueron despedidas de la Sunacrip, sin mayores detalles, ni alegatos, de acuerdo con lo informado por CriptoNoticias.
La sospecha de que desaparezca el principal regulador de la industria venezolana de las criptomonedas es algo que se comenta en las redes sociales. Se dice que fueron retiradas las letras corpóreas que estaban en la sede del organismo en Caracas y, aparentemente, las oficinas fueron desmanteladas.
Incluso, algunos usuarios de Twitter comparten, desde el pasado 2 de abril, imágenes de la sede de la Sunacrip cerrada y sin su nombre colgado en la fachada.
Así que, ante la ausencia de información oficial, se ha venido avivando el clima de incertidumbre que afecta al sector de las criptomonedas en Venezuela, al punto de perjudicar su funcionamiento.
Mientras tanto, la opacidad informativa, que ya ha sido denunciada en el país, alimenta las dudas sobre el futuro de la industria local de los criptoactivos, generando un clima enrarecido que es pertinente analizar.
Para ello, CriptoNoticias consultó la opinión de los abogados Samuel Nunes y José Ángel Mogollón, ambos especialistas en el ecosistema local de las criptomonedas.
«Suprimir a la Sunacrip no me parece algo que se esté contemplando como parte de las medidas tomadas sobre los últimos acontecimientos que generan preocupación en el país», señaló Nunes.
Mogollón, por su lado, comparte la visión de que no necesariamente desaparecerá el organismo regulador de las criptomonedas en Venezuela, como consecuencia de la presunta participación de funcionarios en hechos de corrupción.
Ctrl Z a la Sunacrip ¿un escenario posible?
Samuel Nunes ofreció su perspectiva sobre los efectos que podrían incidir en la industria venezolana de las criptomonedas en caso de que el gobierno suprima a la Sunacrip.
En el supuesto de que se dé ese escenario, pienso que sería una decisión precipitada y no conveniente para el sector de las criptomonedas porque la Sunacrip posee una estructura y un funcionamiento ya aceptado por la industria. Así que, eliminar al organismo sería un retroceso a nivel institucional y normativo que dejaría a los actores del ecosistema en una zona gris o vacío jurídico.
Samuel Nunes, abogado especialista en criptomonedas.
El jurista espera que el escenario planteado no ocurra y advierte que la supresión de la Sunacrip representaría un retroceso regulatorio para el sector venezolano de las criptomonedas.
Visualiza que, dado el caso de que se dé esa posibilidad, habría que reiniciar el tema regulatorio sobre el cual el país ha trabajado y avanzado, a pasos agigantados.
Nunes explicó además que el proceso regulatorio por el que atravesó el país fue un tanto complicado.
Explica que aun con las reglas establecidas, no todos conocían los aspectos contemplados en la ley y se seguían confiscando equipos mineros, en algunos casos, violando derechos constitucionales.
Posteriormente las cosas cambiaron, e incluso se superaron estigmas que obstaculizaban el desarrollo de actividades y la adopción de criptomonedas en el país, tal como lo expresó anteriormente, durante una entrevista con CriptoNoticias.
Eliminar a la Sunacrip puede ser el peor remedio
Calma y prudencia es lo que pide José Ángel Mogollón ante la situación que aqueja a la comunidad venezolana de las criptomonedas. Teme que los encargados pierdan de vista esas cualidades y que el sector de los criptoactivos termine eclipsado por una trama de corrupción de la cual no fue parte.
«En lo que respecta al tema regulatorio, siempre habrá elementos a mejorar, pero borrar a la Sunacrip de un plumazo, puede hundir en el desorden a un sector que por naturaleza es difícil de regular», explicó Mogollón.
El abogado cree que, en lugar de suprimir al organismo, lo que puede venir a continuación es que el gobierno decida nombrar a otra institución, como regulador principal.
No sé si sea el Banco Central de Venezuela, pero otro organismo tendrá que asumir al sector de las criptomonedas como regulador, en caso de que ocurra ese escenario de la eliminación de la Sunacrip.
José Ángel Mogollón, abogado especialista en criptomonedas.
«Hay que esperar porque el momento es decisivo»
Mogollón y Nunes recomiendan paciencia a la industria de las criptomonedas que se desarrolla en el país. Creen que es conveniente entender que la Sunacrip está atravesando por una intervención, la cual es llevada por una junta reestructuradora.
Tras la destitución y detención de Joselit Ramírez, por presuntos hechos de corrupción, el gobierno venezolano ordenó la reestructuración del ente regulador.
Como lo informó CriptoNoticias con anterioridad, la Gaceta Oficial extraordinaria 6.739, publicada el pasado viernes 17 de marzo, especifica que la reorganización de la Sunacrip, tendrá un lapso de duración de seis meses prorrogables.
Ante ello, Nunes cree que lo mejor será esperar que la comisión encargada de la Sunacrip complete su trabajo.
«Mientras tanto, debemos estar atentos a comunicados oficiales para conocer si la institución continuará operando de la forma que ya conocemos, o si será otro organismo el encargado de regular al sector», añadió el abogado.
Un regulador con cuentas pendientes
El 25 de marzo pasado, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, declaró que a Joselit Ramírez y a otros funcionarios detenidos por la trama de corrupción Pdvsa-cripto, se les acusa de los delitos de apropiación o distracción de patrimonio público.
También se les acusa de alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación.
Según lo establece el artículo 79 de la ley venezolana contra la corrupción, la persona que alardeando de valimiento o de relaciones de importancia e influencia con cualquier funcionario público reciba o se haga prometer, para sí o para otro, dinero o cualquier otra utilidad, será penado con prisión de 2 a siete 7 años.
Al respecto, Saab explicó que una red de funcionarios, valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Esto se hizo a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de esa empresa estatal, sin ningún tipo de control administrativo, ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación requeridas para tal fin. Una vez comercializado este crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela.
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela.
Según el fiscal, la red usó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas por medio de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, además de inversiones en el sector inmobiliario.
La falta de claridad con respecto a cómo se usaron las criptomonedas en la trama de corrupción Pdvsa-cripto, ha llevado a algunos a formular teorías en sus intentos por buscarle una explicación a lo sucedido.
