Reglas del gobierno de Colombia para las criptomonedas pueden convertirse en “barreras” 

La regulación de los exchanges y proveedores de servicios de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas no estará completa hasta que llegue la reglamentación del gobierno de Gustavo Petro. Y es justo ahí en donde pudieran empezar los problemas.  

Así lo sugirió el abogado Juan Rachi, cofundador de la firma de juristas colombianos Phylo, quien participó en un podcast con Juan Pablo Mejía (@juanencripto). El jurista recordó que el proyecto fue aprobado en tercer debate en la Comisión Sexta del Senado de Colombia hace unas semanas y que todavía falta un cuarto debate en el Congreso, antes de su conversión a ley de ese país.  

Si se aprueba en esta instancia, el proyecto deberá pasar al Ejecutivo Nacional, que deberá sancionarlo conforme lo establece la jurisprudencia colombiana.  

Ya será a partir de la promulgación y publicación del proyecto en Gaceta Oficial que la regulación entrará en vigencia en la República de Colombia. Si todo sale como está planeado, la ley que regula a los exchanges de bitcoin y criptomonedas en Colombia podría entrar en vigencia en el tercer trimestre de 2023.  

Pero su aplicación completa en las empresas que ya están operando en Colombia no será sino hasta dentro un año, aproximadamente, fecha cuando ya debería estar en pleno funcionamiento el Registro Único de Proveedores de Servicios con Criptoactivos (RUPIC), tal como lo explicó el abogado Rachi.  

Como lo precisó, en ese lapso de tiempo, las empresas del sector tendrán tiempo suficiente para ajustarse a la nueva regulación colombiana que regirá sus operaciones.  

La reglamentación de Petro, una posible tachuela en el camino

Además del registro de proveedores, Rachi mencionó la reglamentación de la ley, una tarea a cargo del gobierno nacional, dirigido actualmente por el socialista Gustavo Petro. Esto podría impedir la total ejecución de una legislación hasta tanto sea publicada. 

Sobre ello, Rachi recordó que en el proyecto actual que regula a los proveedores de servicios de criptomonedas, queda establecido que el Ejecutivo colombiano tendrá períodos de tiempo para establecer normas respecto a determinadas actividades. 

Y es que como está ordenado en la legislación colombiana, la figura del presidente cuenta con potestad reglamentaria, que es la facultad constitucional de emitir normativas de carácter general destinadas a la ejecución y cumplimiento de una ley.  

Esa potestad del presidente de la República se caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable, intransferible e inagotable, “pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo, e irrenunciable, porque es un atributo indispensable para la que la Administración cumpla con su función de ejecutar la ley”. 

Es justo en esa intervención del gobierno de Petro donde comenzará a sentirse el impacto de la regulación y se empezarán a notar las posibles barreras de entrada al ecosistema de criptomonedas de Colombia, de acuerdo con Juan Rachi.  

A su juicio, será el gobierno el que defina quién se encargará de regular el sector de los criptoactivos. Lo que podría ser “peligroso” para el desarrollo de la industria, sugirió Rachi. 

En ese sentido, si bien defendió que el proyecto de ley marca un camino, dará herramientas, establecerá lineamientos y pondrá reglas de juego, “la minucia, ese detalle, la carpintería con la que se tendrá que cumplir, no va a venir hasta que el gobierno reglamente la materia”.  

No queda claro si el gobierno de Petro ciertamente pueda ser una piedra de tranca en el proceso de regulación del ecosistema de las criptomonedas en la tierra del café. Sobre todo, si se considera que el mandatario se ha caracterizado por confundir a la comunidad con sus contradicciones en torno al sector.