Puerto Rico definió un marco regulatorio para las blockchains

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico emitió una carta en la que dan luz verde a una normativa que busca abrir las puertas de la isla a las blockchains y empresas del sector.

«Una vez más, Puerto Rico tiene la oportunidad de intensificar y aprovechar ciertas industrias emergentes en el sector tecnológico al recibir empresas comprometidas en el desarrollo y validación de blockchains y actividades relacionadas, incluidos los activos digitales», destaca el documento.

En tal sentido, el gobierno puertorriqueño explica que la apertura busca beneficiar a las empresas con exenciones contributivas, basadas en la Ley 60 de Puerto Rico, también llamada «código de incentivos».

La legislación, que data del 2019, está compuesta por un grupo de exenciones fiscales, y tienen la intención, precisamente, de atraer inversionistas de Bitcoin y de otras ramas, como lo están haciendo actualmente con empresas desarrolladoras de blockchains.

Para ello, las autoridades brindarán orientación sobre el alcance de las actividades o activos que pueden disfrutar de los beneficios contributivos previstos en las normativas vigentes.

Precisamente, la carta define y aclara cuáles actividades dentro de la tecnología son elegibles para decretos de exención contributiva, mejor conocida como el Código de Incentivos.

Así, se destaca entre estas actividades a las relacionadas con activos digitales basados en blockchain, las cuales son elegibles para el “tratamiento preferencial» de plusvalía que se les otorga a personas físicas inversionistas residentes de la isla.

Puerto Rico se ha establecido como un territorio atractivo para quienes manejan grandes masas de dinero y responden al ecosistema de Bitcoin, por sus bajos impuestos.

Por ejemplo, los inversionistas con grandes ingresos en Estados Unidos deben pagar hasta 20% en tributos sobre las ganancias de capital. Un 37% al tratarse de las ganancias de corto plazo. Mientras que, en Puerto Rico, los tributos se limitan a solo el 4%, tal como reportó CriptoNoticias.

A inicios de 2022, en la isla se registraron al menos 1.200 solicitudes de inversionistas, en el marco de la Ley de Inversores Individuales.