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Los poseedores de stablecoins ocupan el 5° lugar de distribución en caso de quiebra.
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Cory Swan enfatiza la importancia de leer "la letra chica" de la Ley GENIUS.
El marco regulatorio estadounidense diseñado para brindar seguridad a los usuarios de stablecoins vinculadas al dólar, conocido como la Ley GENIUS, presentaría fallas estructurales que podrían dejar a los inversionistas en una posición de vulnerabilidad extrema.
A pesar de las promesas de protección al consumidor, ante la quiebra de un emisor de estos activos digitales, los tenedores minoristas no serán los primeros en recuperar sus fondos, sino que ocuparán un lejano quinto lugar en el orden de prelación de pagos, según una investigación.
Cory Swan, CEO de la firma de servicios de bitcoin, Swan, emitió una advertencia el pasado 27 de marzo de 2026 tras analizar las implicaciones legales de esta normativa. Según Swan, existe un riesgo significativo de que los usuarios queden desamparados debido a la contradicción en los textos legales.
Swan enfatiza la importancia crítica de examinar la «letra chica» de la Ley GENIUS, aprobada y promulgada en 2025, como reportó CriptoNoticias. Según el especialista, la legislación incurre en una contradicción técnica que pone en riesgo el capital de los usuarios. «Intenta dar a los titulares ‘primera prioridad’ sobre las reservas, pero por separado retira esas reservas de la masa de la quiebra», lo que dejaría los fondos fuera de la jurisdicción del tribunal para una distribución inmediata.
Esta ambigüedad jurídica podría provocar que los tribunales carezcan de jurisdicción para distribuir los fondos o, en su defecto, que los usuarios sean relegados tras otros acreedores, advirtió.
De acuerdo con el reporte técnico de la firma de análisis financiero Credit Slips, publicado en diciembre de 2025, el orden de distribución en un escenario de insolvencia sitúa a los poseedores de las stablecoins por detrás de cuatro categorías de acreedores preferentes.
En primer lugar se encuentran las reclamaciones de acuerdos de recompra (repo) y préstamos de margen. El segundo puesto es para los prestamistas de financiamiento de deudor en posesión (DIP, por sus siglas en inglés), seguidos por los profesionales de la quiebra —como abogados y contadores— que garantizan su pago mediante reservas específicas. En cuarto lugar aparecen los derechos de compensación de depositarios y corredores.
Adam Levitin, especialista en derecho, profesor de la Universidad de Georgetown y autor del reporte, explica que la Ley GENIUS «no otorga a los poseedores de stablecoins la prioridad que creen tener». Levitin aclara que, aunque la ley utiliza términos de «prioridad», esta se refiere únicamente a deudas no garantizadas. En la práctica, cualquier acreedor garantizado cobrará antes que el usuario común.
El especialista advierte que este escenario dista mucho de la protección que ofrece un banco asegurado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), donde el retorno es del 100% y de forma casi inmediata. Sin embargo, esta estructura depende de la confianza y del respaldo estatal, elementos que no se trasladan al ecosistema de los activos digitales.
Por su parte, Swan subraya que este riesgo no es teórico, ya que muchas de las relaciones financieras de los mayores emisores de activos digitales están estructuradas de esta manera.
«Si un emisor deposita sus letras del Tesoro de reserva con un custodio y también toma prestado de ese custodio, el reclamo de compensación del custodio está garantizado. Se le paga antes que a usted», concluye.
