El Partido Popular (PP), partido del presidente de España, Mariano Rajoy, ha comenzado a diseñar un proyecto de ley que pretende exonerar responsabilidades fiscales a las empresas que trabajen con blockchain para atraer a la comunidad.
El proyecto de ley impulsado por PP, partido que goza de mayoría simple en la Cámara de Diputados y mayoría absoluta en la Cámara de Senadores de España, tiene como intención lograr que la nación europea sea atractiva para los desarrolladores de soluciones blockchain como base de operaciones, según dijo el legislador Teodoro García Egea a Bloomberg.
Asimismo el naciente proyecto de ley, que augura estar listo a lo largo de 2018, aspira que estas condiciones tributarias den origen a la realización de Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) como método de financiamiento en el país de forma regulada.
Estas declaraciones conforman un nuevo planteamiento para las regulaciones propuestas en España, pues hasta hace una semana el mismo Partido Popular había introducido una moción ante el Senado Nacional para regular el uso de las criptomonedas ante la utilización de las mismas con fines ilícitos. La moción del senado obtuvo el apoyo de 215 senadores, un solo voto en contra y 35 abstenciones.
A su vez, la Comisión del Mercado de Valores de España y el Banco de España han advertido a los españoles los riesgos de invertir en criptomonedas y participar en rondas de inversión de ICO; declaraciones a las que añadieron el requerimiento de la construcción de un marco legal que modifique el actual sistema regulatorio de los mercados financieros.
Por su parte, la CMVE también recomendó a los interesados en invertir hacerlo solo cuando se aseguren de tener toda la información necesaria, y asumir los riesgos que conlleva participar en actividades económicas no reguladas; recomendación que se ha vuelto frecuente en los distintos países que, a pesar de haber comenzado a tomar acciones legales para regular a las criptomonedas, son conscientes de que no se puede detener este tipo de comercio.
Desde que comenzó el 2018, España ha realizado diferentes esfuerzos por convertirse en un país que combine la aceptación de la economía digital con ciertas barreras regulatorias que le permitan al Estado velar por los intereses de sus ciudadanos y hacer a las empresas cumplir con sus obligaciones; adoptando así posturas similares a Japón y Corea del Sur.
