Hechos clave:
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La minería es considerada como una industria digital, innovadora y "electrointensiva".
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Quienes operen sin licencia serán sancionados con medidas administrativas y penales.
Paraguay regularía todas las actividades relacionadas con bitcoin (BTC) o la minería digital y lo hará desde cuatro instituciones estatales. Así se desprende de la recién presentada propuesta legislativa denominada «Ley que regula la industria y comercialización de activos virtuales y criptoactivos», a la que tuvo acceso CriptoNoticias hoy miércoles 14 de julio.
La iniciativa, elaborada por el diputado Carlos Rejala y el senador Fernando Silva Facetti, fue presentada en un acto privado y luego ante el Congreso Nacional de la República. El texto señala que el Ministerio de Industria y Comercio coordinará la habilitación, el registro, la supervisión y el control de todo lo concerniente a Bitcoin.
Esta labor del Ministerio será delegada en otras tres dependencias que son: la Comisión Nacional de Valores, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Administración Nacional de Electricidad. Esta última tendrá mayor influencia en el campo de la minería de criptomonedas.
«Creemos que es lo mejor para nuestro país y un modelo realmente impresionante para replicar en otros países. Hay muchísima gente involucrada para quitar esto que es increíble», comentó Rejala a CriptoNoticias luego de la presentación del proyecto. La propuesta no habla de convertir a BTC como moneda de curso legal, tal y como lo adelantó este periódico en un artículo publicado el 12 de julio.
Licencias para toda actividad con bitcoin
La regulación paraguaya incluye la solicitud y emisión de licencias para empresas mineras, traders de criptomonedas a los que llama «agentes intervinientes», elaborar un registro de exchanges y proveedores de servicios para los activos digitales y establecer un plan de consumo energético para abastecer a la naciente industria. El sector es reconocido por los legisladores como una «industria innovadora».
Aquellas empresas o personas físicas que realicen actividades al margen de las regulaciones podrían ser sancionadas con medidas de carácter administrativo o incluso penales, es decir, los infractores podrían ir a la cárcel. Además, quienes se pongan a derecho, pero luego comentan infracciones tributarias o de regulación podrían perder las licencias y recibir multas.
En general, la propuesta de ley consta de cuatro capítulos y 22 artículos. Un borrador preliminar al que obtuvo acceso este periódico estaba conformado por siete capítulos y 27 artículos. También hay que mencionar que la carga tributaria de la actividad, que fue destacada en un primer borrador, en la versión final apenas es mencionada.
Ahora la iniciativa pasará a debate en el congreso nacional. En el parlamento las cámaras de diputados y senadores fijarán sus puntos de vista para definir si se modifica la propuesta, se aprueba tal y como está presentada o es rechazada en votación por los legisladores. Se desconoce cuánto tiempo podrían tomar las consideraciones de los parlamentarios.
