La firma japonesa de abogados Anderson Mōri & Tomotsune, publicó ayer en su página web el anteproyecto de las oficinas del Gabinete de Ordenanzas que regulará a los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales, en un intento por que las criptomonedas sean un método legal de pago en Japón para el mes de abril de este mismo año.
Anderson Mōri & Tomotsune propone un grupo de regulaciones legales aplicables a todas aquellas actividades que estén relacionadas a servicios que proveen intercambios de monedas virtuales. Es decir, las regulaciones se extienden a cualquier casa de cambio o servicio que maneje el dinero virtual de un grupo de personas, hasta aquellos individuos que adquieren, vendan o cambien criptomonedas.
En Japón la posición legal acerca de bitcoin y otras monedas virtuales no ha sido esclarecida totalmente y no se han hecho regulaciones al respecto.
Takaharu Totsuka, Ken Kawai y Tatsuro Hayashi
Abogados
El anteproyecto regulatorio contempla diez medidas a tomar sobre las criptomonedas. La principal es que los prestadores de servicio de intercambio de monedas deben acatar las condiciones exigidas por la FSA, Agencia de Servicio de Finanzas de Japón, sea una empresa nacional o extranjera con sucursal u oficina operativa en Japón.
Las compañías de intercambio de criptomonedas también deben presentar un documento de registro autorizado, donde se especifique el nombre de la compañía, su dirección, los fondos, el nombre del director, el nombre de las monedas virtuales que emplean y los métodos de su correcta gestión. Igualmente, para comenzar a operar requerirán de un financiamiento mínimo 10 millones de yenes, equivalente aproximado a 89,500 dólares, y contar con un método de ingresos monetarios y ganancias sustentable en el tiempo. También, se les exigirá un sistema de manejo de información segura, con el fin de evitar hackeos o perdidas de información personal de los clientes.
En cuanto a la protección de los clientes: se pedirá a las casas de cambio explicar a los usuarios el proceso para cambiar dinero virtual, con el fin de evitar cualquier crimen cibernético o confusión. También la compañía estará obligada a almacenar información de identificación a sus clientes, establecer normas internas propias para sus empleados, sistemas operativos y negocios, así como suspender cualquier gestión de intercambio con fondos que se sospeche provengan de fuentes ilícitas y mostrar a los usuarios los contenidos de las transacciones que ha realizado.
Por último, también se exigirá a los prestadores de servicio de compra y venta de criptomonedas separar sus fondos del dinero de sus clientes, crear un manual de procedimiento para responder a las posibles quejas de los clientes, hacer mantenimiento frecuente de registro y un libro de seguimiento sobre las transacciones realizadas con monedas virtuales. Aunado a esto, deben presentar anualmente a las autoridades un reporte de negocios que dé cuenta de las actividades y transacciones realizadas por el servidor y, un reporte periódico haciendo seguimiento de la cantidad de usuarios que utiliza el servicio.
El anteproyecto fue presentado por los abogados Takaharu Totsuka, Ken Kawai y Tatsuro Hayashi, y se tiene como objetivo que entre en vigencia a partir del mes próximo mes de abril. En diciembre de 2016 la Agencia de Servicio de Finanzas de Japón anunció que realizaría modificaciones sobre los servicios de pago en relación con regulaciones a las monedas virtuales, sin embargo su uso ya está largamente extendido en el país.
Japón tampoco es el único país que ha empezado a plantearse el uso legal de las criptomonedas: Rusia también ha discutido sobre el tema, y países africanos como Senegal y Sudáfrica, están discutiendo la implementación de monedas virtuales nacionales. Igualmente, la preocupación de diversas instancias internacionales como el Parlamento Europeo se ha evidenciado en varias ocasiones, y ya se encuentran en discusión diversos proyectos regulatorios para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas a través de las criptomonedas, algo que a su vez consterna a la comunidad de usuarios de criptomonedas pues la implementación de estas políticas podría sacrificar algunos aspectos de la privacidad y anonimato de las transacciones realizadas.
