El Parlamento japonés aprobó este viernes 31 de mayo una enmienda en las leyes que regulan el uso de las criptomonedas en Japón. Las modificaciones fueron realizadas sobre dos instrumentos legales denominados Ley de Liquidación de Fondos y Ley de Cambio e Instrumentos Financieros, según reseñaron medios locales.
La propuesta de enmienda aprobada establece leyes más estrictas para los residentes en Japón, enfocadas en limitar el comercio especulativo de las criptomonedas y proteger a los usuarios en caso de cibertataques, según señaló en portal informativo local Nikkei. Adicionalmente, se refuerzan las normas para prevenir el uso criminal de las criptomonedas Japón.
El texto fue presentado ante el parlamento por la Agencia de Servicios Financieros (FSA), ente gubernamental encargado de vigilar los intercambios monetarios en Japón. Se prevé que la nueva normativa entre en vigencia a partir de junio de 2020, exactamente un año después de su promulgación por parte del Ejecutivo.
Entre las disposiciones que incluye la enmienda, resalta la nueva denominación de las criptomonedas, las cuales legalmente deberán ser llamadas “activos criptográficos” en vez de “monedas virtuales”. De acuerdo con los reportes, las criptomonedas se renombran con la intención de evitar que sean identificadas como monedas de curso legal, como el yen o el dólar. Por otra parte, señalan que esta medida se alinea con las expresiones utilizadas en las conferencias internacionales, como el G20.
La nueva norma establece además que los denominados tokens de seguridad y sus ofertas, como ofertas iniciales de moneda (ICO) o las ofertas de tokens de seguridad (STO), pasen a ser regulados por la Ley de Cambio e Instrumentos Financieros (FIEA). De esta manera, serán regulados como valores.
Asimismo, la ley prevé prohibir la manipulación del mercado de criptomonedas, para limitar el comercio especulativo. Además, establece la obligatoriedad para las casas de cambio de criptomonedas, de mantener un fondo de protección en criptoactivos para el reembolso a los usuarios, en caso de pérdidas por ciberataques.
Algunos reportes señalan que es posible que las autoridades de regulación japonesas, como la FSA, continúen presionando para aumentar su capacidad de supervisión del negocio de las criptomonedas. Ello bajo el argumento de proteger a los inversionistas, luego de que en 2018 se presentaran casos por robos multimillonarios como consecuencia de ataques cibernéticos a criptobolsas japonesas.
Tal es el caso de la plataforma Zaif, de donde hackers sustrajeron USD 60 millones en BTC y BCH; y Coincheck, caso emblemático en Japón, en el cual los atacantes robaron USD 530 millones en XEM.
