El gobierno de Colombia quiere jugar un rol importante en la regulación de bitcoin

Una participación más activa del gobierno colombiano en la regulación del sector de las criptomonedas parece ser la clave para que, de una vez, se apruebe una propuesta de ley en el país andino.  

Tal es el planteamiento que hizo César Ferrari, superintendente financiero de Colombia, en el marco del Congreso Internacional de Tecnologías de Información y Comunicación (Andicom). Durante su intervención en el evento, celebrado en Cartagena de Indias del 6 al 8 de septiembre, el funcionario presentó la versión que sobre la regulación del ecosistema de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro.  

El superintendente expuso sus ideas en función de la visión que se trabaja desde la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera o SFC), un organismo que «no regula pero puede sugerir la regulación para los activos virtuales», tal como acotó. 

En ese sentido, dijo que el foco se pondrá en establecer normas para la creación de activos virtuales (AV) y para el funcionamiento de los exchanges de criptomonedas (Proveedores de Servicios de Activos Virtuales o PSAV). Todo ello, partiendo de una definición clara de este tipo de activos. 

De esta forma, presentó su concepto de activos virtuales, concebidos como «una representación digital de valor o de derechos que puede utilizarse con fines de pago o de inversión, así como crearse, transferirse y almacenarse mediante la Tecnología de Registro Distribuido o similares».  

Agregó que, para poder crear y manejar estos activos, desde el gobierno proponen el diseño de reglas definidas a través de un Registro Nacional de Creadores de Activos Virtuales que estaría bajo el control de la Superfinanciera. 

El plan contempla la exigencia a los exchanges de entregar información a las autoridades, bajo un régimen de protección de datos personales, junto a la “adopción de medidas ambientales, sociales y de gobernanza que serían definidas por el Estado”. 

Para el superintendente la definición de estas medidas es prioridad, a fin de proteger a los usuarios «ante los riesgos que representa el mercado de las criptomonedas». Se refirió particularmente al uso de criptomonedas para actividades ilícitas y las estafas.

Resaltó así la necesidad urgente de regular el sector para mitigar tales peligros: 

Las autoridades deben contar con políticas regulatorias integrales, aplicables a las actividades con activos virtuales y a los proveedores de servicios de activos virtuales que sean proporcionales a su riesgo, tamaño, complejidad e importancia sistémica, y coherentes con las funciones económicas que desempeñan. 

César Ferrari, superintendente financiero de Colombia 

“Buscamos competencia, formalización, innovación y protección para los colombianos”, añadió el funcionario, recordando que el país se halla entre los primeros 20 que más utilizan criptoactivos en el mundo, de acuerdo al ranking de adopción de Chainalysis. 

Aún no hay claridad sobre la presentación de un nuevo proyecto de ley 

El discurso de Ferrari se hace en un contexto en el cual se está a la expectativa de la presentación de un nuevo proyecto de ley para regular el ecosistema de bitcoin. Esto, tras dos intentos fallidos con proyectos que se debatieron en el Congreso colombiano en los últimos cuatro años, pero que no pasaron a las plenarias. 

Tal como informó CriptoNoticias, en junio pasado el proyecto de ley N° 267/2022 para regular los exchanges fue archivado en el Senado, luego de que no se pudiera avanzar hacia su discusión y aprobación en un segundo debate en la Cámara Alta.  Algo semejante ocurrió antes, con la propuesta presentada por el excongresista Mauricio Toro en 2019. 

Para este nuevo período de sesiones de la legislatura, que inició el 20 de julio de 2023, miembros de la comunidad de criptomonedas de Colombia se han comprometido a la presentación de una nueva propuesta. Esta vez en conjunto con representantes del gobierno.  

Todo parece indicar que el nuevo proyecto se hará esperar porque en esta ocasión se ha decidido que la participación del gobierno en el diseño de la ley es fundamental, si se quiere lograr su aprobación. Con ese propósito organizaciones como Colombia Fintech y Asoblockchain avanzan en la definición de una hoja de ruta.