Hechos clave:
-
La peticiĆ³n fue hecha al defensor del pueblo de EspaƱa y al Gobierno como tal.
-
Si no se toma en cuenta la peticiĆ³n, denunciarĆ”n a EspaƱa ante la ComisiĆ³n Europea.
Alegando la protecciĆ³n a los inversionistas espaƱoles de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, ademĆ”s de la afectaciĆ³n a principios bĆ”sicos del ordenamiento jurĆdico de ese paĆs, un grupo de usuarios de activos digitales solicitĆ³ al defensor del pueblo y el Gobierno de EspaƱa a modificar y proteger a quienes poseen tenencias de criptoactivos en ese paĆs.
El abogado GuzmĆ”n LĆ³pez publicĆ³ un escrito de peticiĆ³n al defensor del pueblo de EspaƱa, Ćngel Gabilondo, para que intervenga y proteja a los inversionistas de BTC e inste al Estado a modificar la Ley de Impuesto de la Renta de las Personas FĆsica (LIRPF), que, segĆŗn dice, atenta contra quienes son usuarios de activos digitales por sus cargas tributarias.
De acuerdo con LĆ³pez, la peticiĆ³n es para regular adecuadamente y en la mayor brevedad posible un nuevo rĆ©gimen fiscal de los intercambios de monedas virtuales, de manera que las permutas queden exentas de tributaciĆ³n, a menos que se vendan criptomonedas por euros u otro dinero fĆat.
Para LĆ³pez, el nuevo rĆ©gimen fiscal Ā«facilitarĆa enormemente la simplificaciĆ³n y coste de la contabilidad y tributaciĆ³n al contribuyenteĀ», al recordar que, ahora mismo, la agencia tributaria exige contabilizar todos y cada uno de los intercambios que se realicen entre criptomonedas, lo que Ć©l califica de Ā«demencialĀ».
āTributar solo conforme se vendan las criptomonedas a euros (u otra divisa fĆat) es mucho mĆ”s fĆ”cil de controlar por la Agencia Tributaria (redundando en su eficacia) y de tributar por el contribuyente, e incitarĆa a regularizar voluntariamente operaciones escondidas y no tributadas desde hace aƱos (aflorando asĆ recaudaciĆ³n) asĆ como facilitando no evadir o eludir fiscalmente su tributaciĆ³n (como sucede ahora) para evitar la odiada contabilidad, su coste econĆ³mico y los posibles errores que puedan llevar a sancionesā.
GuzmĆ”n LĆ³pez, inversionista espaƱol de criptomonedas.
Un complejo trabajo de contabilidad fiscal
En palabras del solicitante, la modificaciĆ³n legal que pide facilitarĆa el control, la inspecciĆ³n, la contabilidad y la tributaciĆ³n. AdemĆ”s, evitarĆa, en gran parte, la defraudaciĆ³n fiscal Ā«derivada del miedo a ser multado por cometer un error involuntario en un tema tan complejoĀ».
RecordĆ³ que, por aƱo, se requiere que todo inversionista de criptomonedas afronte un ācomplejo trabajo de contabilidad fiscal absolutamente ingente, injusto, desproporcionado y costosoā que, al final, resulta Ā«ineficiente para su control y recaudaciĆ³nĀ», pues induce a la evasiĆ³n fiscal en detrimento del interĆ©s pĆŗblico y de la propia administraciĆ³n tributaria.
Por ejemplo, en EspaƱa, todo inversionista medio de activos virtuales tiene que realizar la contabilidad de todas las operaciones de intercambios de criptomonedas que haya hecho en el lapso de un aƱo en sus monederos digitales, exchanges centralizados, descentralizados, monederos frĆos y plataformas de comercio entre pares (P2P, por sus siglas en inglĆ©s), Ā«lo que requiere de una gran inversiĆ³n de dinero y tiempoĀ».
SegĆŗn expone, se necesita dinero para contratar un plan anual en un programa o software de contabilidad especializado en criptomonedas, como Cointracking o Koinly, los cuales tienen precios que pueden superar hasta los 100 euros (EUR) e incluso mĆ”s.
Y tiempo, explica, para obtener los archivos contables de los monederos que no puedan ser importados desde una API, ademƔs de lo que se requiere para ordenar las transferencias bancarias, cargos de tarjetas, fotos, capturas de pantalla y demƔs documentos que constaten las permutas hechas por un usuario.
Lo peor, indica, es que si no se tiene el tiempo para organizar eso, se debe contratar a un asesor fiscal especializado en activos digitales para que haga la tarea. Esto, lĆ³gicamente, acarrea un costo de honorarios, que se suma a lo que se tendrĆa que declarar en impuestos.
Ā«El coste del programa de software contable imprescindible para realizar la contabilidad, mĆ”s el coste del asesor fiscal o gestor especializado, puede fĆ”cilmente superar las propias ganancias obtenidas (o al menos comerse una gran parte de las mismas)Ā», criticĆ³.
Principios violentados por la legislaciĆ³n espaƱola
LĆ³pez argumenta que la tributaciĆ³n espaƱola a las permutas en criptomonedas violenta varios principios del ordenamiento jurĆdico. Uno de ellos es el principio de capacidad econĆ³mica de las personas, pues Ā«en bastantes ocasiones el impuesto puede ser superior al coste del software y del asesor fiscal que la ganancia obtenida operando en todo el aƱoĀ».
El principio de justicia tambiĆ©n es violado, en palabras de LĆ³pez, dado a que no es justo exigir a las personas conocimientos fiscales, contables y tĆ©cnicos para cumplir con la tributaciĆ³n.
Se vulnera igualmente el principio de igualdad, sobre todo porque hay ciudadanos de otros paĆses europeos que, en sus naciones, no tributan por las ganancias en criptomonedas, como es el caso de Portugal, o solo lo hacen cuando venden criptomonedas a euros, como en Francia.
AdemƔs, se violenta el principio de no confiscatoriedad cuando la LIRPF puede conllevar a que se tribute por ganancias virtuales derivadas de los intercambios en criptomonedas que luego al final de aƱo no existan por diversas circunstancias, como hackeos o robos.
Se vulnera tambiĆ©n elāÆprincipio de proporcionalidad, pues exigir a los inversionistas que tributen por todas y cada una las permutas, es algo que, segĆŗn LĆ³pez, es Ā«absolutamente desproporcionadoĀ». Sobre todo por obligar a los tenedores a adquirir conocimientos fiscales y contables Ā«ciertamente complejos y avanzadosĀ».
GuzmĆ”n LĆ³pez lanzĆ³ la peticiĆ³n en change.org con la esperanza de que mĆ”s inversionistas espaƱoles se sumen a su solicitud y sea finalmente escuchada por el Estado. Hasta ahora, hay 1.026 inversionistas que se han sumado a la movida.
En caso de que no se cumpla, adelantĆ³ que procederĆ” a denunciar al Gobierno espaƱol ante la ComisiĆ³n Europea, para que proceda contra el paĆs en el seno del Tribunal de Justicia de la UniĆ³n Europea Ā«por violaciĆ³n de diversos principios de derecho comunitarioĀ».