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Las empresas solo pueden operar a través de proveedores de servicios de activos virtuales.
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El Banco Central exige reportes cada tres meses para evitar desvíos.
El Banco Central de Cuba (BCC) ha dado un paso que transforma la compleja relación de la isla con el dinero digital al conceder las primeras diez licencias operativas para que un grupo seleccionado de empresas utilice activos virtuales en sus pagos internacionales.
La medida se formalizó a través de la Resolución 4/2026 y apareció publicada en la Gaceta Oficial este 23 de marzo, llegando tras años de una cercanía teórica con los activos digitales que no terminaba de aterrizar en la práctica empresarial.
Resulta llamativo el momento elegido para esta apertura, pues Cuba reguló los activos virtuales en 2021 y amagó con su implementación en 2022, pero mantuvo estas herramientas en un limbo operativo durante casi un lustro.
El hecho de que estas licencias lleguen precisamente ahora sugiere que la urgencia económica finalmente vence a la cautela burocrática. La isla arrastra una escasez crónica de divisas que estrangula su capacidad de importación y esto obliga al Estado a buscar válvulas de escape fuera del sistema bancario tradicional.
La lista de autorizados refleja la nueva arquitectura de la economía cubana, donde nueve de las diez entidades son micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) privadas. Entre ellas figuran nombres como Ingenius Tecnologías, Dofleini, La Calesa Real y Pasarela Digital, mientras que solo una responde al modelo de capital mixto bajo la firma de la fabricante de productos sanitarios Prosa.
Uso de criptomonedas bajo estricta vigilancia
Para estas empresas la autorización no representa un cheque en blanco, ya que la normativa exige que los pagos transfronterizos estén vinculados directamente a su objeto social.
Bajo esta lógica, una entidad de desarrollo de software puede usar criptomonedas para costear servidores externos, pero tiene prohibida la especulación financiera. Además, están obligadas a operar exclusivamente a través de proveedores ya licenciados, como la firma lituana EBIORO UAB que obtuvo su permiso de intermediación a principios de 2025.
Es de destacar que aquél permiso a la firma lituana autorizaba a la entidad extranjera a ofrecer la plataforma técnica, pero no facultaba a las empresas cubanas para usarla en transacciones comerciales. Con la nueva resolución el escenario cambia radicalmente, pues el BCC otorga ahora el permiso de uso a estas diez entidades específicas que podrán contratar dichos servicios para mover capitales hacia el exterior.
El Banco Central ha diseñado un esquema vigilado donde las licencias tienen una vigencia inicial de apenas un año y están sujetas a reportes trimestrales detallados. En caso de que una empresa no informe con precisión qué activo usó, el monto o el proveedor empleado, la revocación de la licencia será inmediata.
Este celo institucional responde a una realidad compleja porque, al adoptar criptoactivos, Cuba gana agilidad para saltar obstáculos financieros, pero también se expone a la volatilidad del mercado digital. Por esta razón el Grupo de Criptoactivos del BCC resalta que estas propuestas fueron aprobadas bajo un estricto criterio de interés socioeconómico.
Tras años de flirteo conceptual con el código digital, el Estado cubano decide pasar a la acción mediante un experimento controlado que busca oxígeno ahora que el dólar norteamericano llega mucho menos que antes.
Mientras el Estado establece este marco rígido, a pie de calle la población ha aprendido a sortear las limitaciones mediante la creación de ecosistemas soberanos. Como lo informó CriptoNoticias, comunidades como Cuba Bitcoin han desarrollado herramientas para resistir apagones de veinte horas y salarios que apenas rozan los veinte dólares.
