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La tesorería basada en BTC es un tema que ya está en la agenda de David Sacks.
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En el peor escenario, las barreras regulatorias y políticas podrían paralizar el proyecto.
La fiebre por las tesorerías basadas en bitcoin se ha convertido en un auténtico polvorín. Lo que comenzó con un anuncio de Cynthia Lummis en junio de 2024 no ha dejado de crecer, sumando incluso el respaldo de Donald Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, la comunidad bitcoiner ha seguido de cerca cada entrevista, declaración y movimiento de cualquier comité bajo la órbita de David Sacks, apodado el “zar de la IA y las criptomonedas” designado por el presidente. Tanto internautas como figuras del sector coinciden en que, tan pronto como EE.UU. implemente la reserva, bitcoin obtendrá un nuevo nivel de relevancia histórica.
La idea de acumular reservas en BTC ha ganado tanta popularidad que, incluso si Trump «olvidara» su promesa de campaña, hay razones para creer que el impulso ya generado difícilmente podría detenerse. Otros países han tomado nota de los beneficios y del mayor margen de maniobra financiera que bitcoin podría ofrecerles, por lo que no sería sorprendente que decidieran crear sus propias tesorerías nacionales. No obstante, por ahora todas las miradas están puestas en Trump, pues EE.UU. alberga los mercados financieros más grandes del mundo.
Hace unos días se celebró una conferencia en la Casa Blanca liderada por David Sacks. Las expectativas eran altas respecto a las declaraciones del empresario, pero muchos bitcoiners terminaron decepcionados. No porque Sacks haya ignorado el tema o lo haya descartado, sino porque no habló de una ejecución con fecha definida, sino de un asunto que aún está en evaluación. Es comprensible que el nuevo gobierno tenga otras prioridades en este momento, y el simple hecho de que el tema esté sobre la mesa ya es un avance. Además, no es que detrás no haya nada cosiéndose: al menos 20 estados en EE.UU. están considerando implementar reservas estratégicas basadas en bitcoin.
En este contexto, una pregunta que inquieta a muchos bitcoiners es cuánto tiempo le tomará a Estados Unidos crear esta reserva. Si bien es imposible anticiparse con plena certeza a los planes del gobierno, la orden ejecutiva firmada el 23 de enero –la misma que puso fin al desarrollo de las CBDC– ofrece algunas pistas. Esta orden establece tres fases clave: una primera etapa de 30 días en la que las agencias deben identificar las regulaciones y directrices que afectan al sector de los activos digitales; una segunda fase que comprende el doble de tiempo, durante la cual cada ente regulador debe presentar recomendaciones sobre la modificación, revocación o adopción de normativas, y, finalmente, una etapa de 180 días en la que se entregará al presidente un informe con parámetros claros y específicos.
Uno de los lineamientos de esa orden respalda lo dicho por Sacks en su reciente conferencia, ya que indica que su equipo analizará la creación de la tesorería y definirá sus especificaciones. El informe señala: «El Grupo de Trabajo evaluará la creación y mantenimiento de una reserva nacional de activos digitales y propondrá criterios para su establecimiento, que podría estar vinculada a criptomonedas incautadas legalmente por el Gobierno Federal».
Con base en esto, el plazo mínimo para definir un marco regulatorio y evaluar la creación de la reserva sería de seis meses (180 días) desde la firma de la orden ejecutiva. Sin embargo, eso no significa que la reserva se establecería de inmediato.
En un escenario optimista, las regulaciones favorables podrían aprobarse con rapidez, permitiendo que el proyecto comience a tomar forma en los siguientes 6-12 meses. Si consideramos un escenario intermedio, donde la propuesta enfrente un intenso debate en el Congreso, su implementación podría retrasarse entre 1 y 2 años. Finalmente, en el peor de los casos, los obstáculos regulatorios y políticos podrían frenar cualquier avance, dejando el plan en el limbo.
Vale destacar que la estimación de 1-2 años en el escenario intermedio se basa en los tiempos habituales de los procesos legislativos en Estados Unidos. Cuando una propuesta es debatida en el Congreso, su avance depende de factores como el nivel de consenso, la prioridad que le asignen los legisladores y la presión política o económica. En promedio, las leyes que no son de emergencia pueden tardar meses o incluso años en aprobarse, especialmente si enfrentan resistencia por parte de ciertos sectores políticos o grupos de presión.
También conviene mencionar las restricciones impuestas por la Ley de la Reserva Federal. Según Jerome Powell, presidente de la Fed, dicha normativa limita las inversiones del banco central a activos respaldados por el gobierno de EE.UU., lo que implica que, para incluir BTC en las reservas nacionales, sería necesario enmendar la ley, precisamente, a través del Congreso. No obstante, Trump podría recurrir a nuevas órdenes ejecutivas para acelerar ciertos aspectos del plan.
De seguir este camino, el gobierno podría utilizar el Fondo de Estabilización de Cambios del Tesoro para adquirir bitcoin sin requerir una aprobación legislativa inmediata, allanando así el terreno para que la reserva se concrete antes de lo previsto. Habrá que estar atentos al desarrollo de los acontecimientos.