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La llamada “Ley CANSEE” sometería a sanciones a proyectos de finanzas descentralizadas.
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La propuesta otorga al Tesoro la potestad de decidir quién “controla” a un protocolo DeFi.
Coin Center, catalogó como desordenado, arbitrario e inconstitucional el proyecto de ley Crypto-Asset National Security Enhancement (CANSEE) o Mejora de la seguridad nacional de criptoactivos que fue presentada recientemente en el Congreso de Estados Unidos.
Coin Center es una organización sin fines de lucro para la defensa e investigación de la tecnología detrás de Bitcoin, así como de otras criptomonedas. Y actualmente se ha mantenido muy activa debido a las amenazas sobre el derecho que tienen los estadounidenses a reunirse en redes peer-to-peer, como lo ha señalado su director Jerry Brito.
En su más reciente publicación Coin Center alerta que la Ley CANSEE podría tener consecuencias negativas para el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi). Esto debido a que extendería las sanciones y las obligaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) a los desarrolladores individuales, otorgando al secretario del Tesoro, pleno poder para decidir quién controla o está detrás de protocolos específicos.
“Si bien apreciamos el deseo de los senadores de combatir el abuso de los protocolos criptográficos por parte de actores criminales y enemigos, lamentablemente el proyecto de ley también haría inviable el desarrollo de tales protocolos en los EE. UU. y por parte de personas de los EE. UU. Peor aún, el proyecto de ley sería legislación inconstitucional ya que violaría claramente la Primera Enmienda”.
Jerry Brito, CEO de Coin Center.
La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso no debe aprobar ninguna ley que limite la libertad de expresión, o el derecho que la gente tiene de reunirse de forma pacífica, ni de pedir al gobierno la reparación de agravios.
La violación se daría por el hecho de que la propuesta de ley sometería a sanciones a cualquier persona detrás un proyecto DeFi, si este no cumple con las normas KYC (o en español conoce a tu cliente) para la prevención del lavado de dinero. Estas, hasta ahora, son aplicadas en los exchanges centralizados y otras empresas de bitcoin reguladas.
Adicionalmente, de ser aprobada, la propuesta de ley establecería que, si se comprueba que nadie “controla” a un protocolo DeFi, entonces cualquier persona que invierta más de USD 25 millones en desarrollar el proyecto será responsable de las obligaciones impuestas.
En ese sentido, Coin Center advierte que las personas que simplemente publican código en blockchains, y muchas otras relacionadas con los proyectos DeFi, quedarían expuestas a enjuiciamiento. Esto por simplemente publicar software y no registrarse con FinCEN, por ejemplo, agrega la organización.
“Prohibir de manera general la publicación de código fuente abierto para protocolos criptográficos descentralizados y luego permitir que el secretario [Departamento del Tesoro], a su exclusivo criterio, otorgue permisos a protocolos centralizados que bien podrían ser instituciones financieras tradicionales es ceder el campo de la innovación al resto del mundo. También sería una restricción previa demasiado amplia, basada en el contenido, sobre la publicación de discurso protegido y rotundamente inconstitucional”
Jerry Brito, CEO de Coin Center.
CoinCenter cree que el proyecto de ley adopta un enfoque de «prohibición general» y carece de los matices necesarios para proteger los derechos individuales. Instan a las autoridades a considerar un enfoque más equilibrado y específico para lograr sus objetivos.
“Estados Unidos obliga a que los ciudadanos se espíen entre sí”
Adicionalmente, Coin Center informó que acudirá a la Corte Suprema, de ser necesario, tras haber demandado Departamento del Tesoro por vigilancia financiera inconstitucional. “Es una clara extralimitación por parte del gobierno obligar a los ciudadanos a espiarse unos a otros sin una orden judicial”, comentó Jerry Brito en una publicación anterior.
Coin Center presentó, en junio, una demanda en un tribunal de distrito federal contra el Departamento del Tesoro, pero ahora, un juez desestimó el caso.
Por lo tanto, la ley que entrará en vigencia el 1 de enero de 2024 exige que los estadounidenses que reciban pagos en bitcoin u otras criptomonedas, por montos superiores a los USD 10.000 o más, informen al gobierno no solo la transacción, sino también los datos del remitente, “todo sin una orden judicial”, añadió Brito.
Todo esto surge de una disposición pasada por alto (una enmienda a la sección 6050I del código fiscal) en el proyecto de ley de gastos de infraestructura de 2021 hará que recibir activos digitales sea un delito grave si no se informa correctamente.
Esta disposición, que se aplica a todos los estadounidenses que reciben cualquier tipo de activo digitales en el curso de su comercio o negocio, hasta ahora ha escapado al escrutinio público o del Congreso.
Por ello, Coin Center está solicitando que no se obligue a la gente común a recopilar información altamente intrusiva sobre otras personas comunes para tener que reportarla al gobierno sin una orden judicial. “Esto es inconstitucional según la Cuarta Enmienda”, señala Brito en su comunicado.
El otro reclamo de Coin Center es que las organizaciones políticamente activas creen y reporten listas de los nombres de sus donantes y luego la reporten al gobierno, lo cual es inconstitucional según la Primera Enmienda.
